Conde-Pumpido defiende el rigor de la Fiscalía en los ERE de Andalucía
SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se ha referido a los presuntos expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares de la Junta de Andalucía y ha defendido que la Fiscalía los está analizando “exhaustivamente” y “está cumpliendo con rigor su obligación de apoyar, facilitar e impulsar la instrucción judicial”, aseverando que “llegaremos hasta el final, en Sevilla y en Valencia, en Madrid y en Asturias”.
Durante su intervención en Sevilla en un desayuno informativo de la tribuna 'Fórum Europa. Tribuna Andalucía', Conde-Pumpido ha puesto de manifiesto que “los que haya delinquido serán acusados, y procuraremos que sean condenados y que cumplan su condena”, tras lo que ha recordado el caso de Baleares, “donde el riguroso trabajo de la Fiscalía Anticorrupción ha llevado, incluso, a la autodisolución del partido Unión Mallorquina”.
“Este partido tuvo una gran relevancia política como partido bisagra, y sus principales dirigentes están hoy implicados en numerosos procesos penales”, ha añadido el fiscal general del Estado, para señalar que, a su juicio, todo esto “supone una muestra más de la eficaz y contundente actuación que ha realizado la Fiscalía para erradicar la corrupción, venga de donde venga”.
También se ha referido el fiscal general del Estado al hecho de que el Pleno del Parlamento andaluz rechazase, con los votos en contra del PSOE-A y el apoyo de IULV-CA, la petición del PP-A de creación de una comisión de investigación ante la presunta existencia de ayudas públicas concedidas a empresas en crisis, gestionadas al margen de lo dispuesto en la Ley General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, y ha aseverado que “es un tema político que deberán resolver los políticos, no soy quien para dar consejos sobre decisiones parlamentarias”.
“UNA DOBLE VARA DE MEDIR PARA DELINCUENTES E INOCENTES”
Cuestionado por las críticas sobre la “doble vara de medir” que utilizaría el Ministerio Público según el color político de las personas implicadas en casos de corrupción, Cándido Conde-Pumpido ha respondido que “tenemos una doble vara de medir, una para los delincuentes y otra para los inocentes, y ahí se acaba todo”. “Ahora resulta, no sé si tendrá algo que ver la proximidad de unas elecciones, que nos dicen otra vez, con gran aparato mediático, que hacemos cosas en no sé qué procedimientos y no hacemos nada en otros”, ha apostillado.
“Pregunten a los fiscales de Sevilla, seguro que ellos sí saben lo que los supuestamente mejor informados y los informadores no parecen saber”, según ha proseguido Conde-Pumpido, quien se ha referido así al presunto intento de cobro de comisiones ilegales en Mercasevilla, señalando que la Fiscalía hispalense “recibió una denuncia por parte de la Junta, tuvo dos meses para realizar las diligencias de investigación y las inició de manera inmediata”.
De este modo, y según ha relatado, el Ministerio Público tomó declaración a “sospechosos y testigos, pidió un informe policial, analizó la cinta, pidió una auditoría de las subvenciones que se habían realizado a Mercasevilla y también una relación de las subvenciones que se habían hecho desde la Delegación Provincial de Empleo”. “La Fiscalía realizó una actividad incansable e intensa durante dos meses, pero después se presentó una denuncia que suspendió la investigación, y a partir de ese momento la investigación es judicial”, ha agregado.
“MALESTAR”
Tras insistir en que la Fiscalía “está trabajando de manera muy activa”, pues al trabajo del fiscal de delitos económicos de Sevilla se ha sumado el de otro fiscal, ha puesto de manifiesto que la investigación “que nosotros iniciamos ha dado lugar a cinco procedimientos distintos, en uno de los cuales --el presunto intento de comisiones-- ya hay escrito de acusación” contra cuatro personas, entre ellas el ex delegado provincial de Empleo Antonio Rivas.
Por todo ello, ha defendido que “no hay pasividad y se ha actuado con toda diligencia”, transmitiendo “el malestar de la Fiscalía por que se pueda cuestionar su imparcialidad”. “La defensa de los acusados se tiene que hacer dentro del procedimiento, no entramos en el debate político, pero si en esos debates se quiere descalificar a la Justicia, se está cometiendo un grave error y se está poniendo en cuestión todo el sistema”, ha sentenciado.
