La causa de financiación irregular del PPCV se paralizará hasta septiembre
VALENCIA, 31 (EUROPA PRESS)
La investigación dirigida por José Ceres, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que afecta a la cúpula del PPCV --entre los que figuran los diputados Ricardo Costa, Vicente Rambla y Milagrosa Martínez-- por presunta financiación irregular, por un delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007 y por falsedad mercantil en los comicios de 2008, se paralizará hasta el mes de septiembre por ser agosto inhábil y al encontrarse los jueces de vacaciones, según han informado a Europa Press fuentes judiciales.
José Ceres dictó un auto el pasado miércoles, contra el que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días, en el que acordaba la continuación de las diligencias previas. Una de las primeras cosas que solicitaba en el escrito era la comprobación del aforamiento de algunos de los denunciados en esta causa --entre los que figuran varios dirigentes populares en la Comunidad-- puesto que podría haber variado tras las elecciones del 22 de mayo.
En concreto, en esta causa se están investigando, entre otros, a los diputados Vicente Rambla --exvicepresidente primero del Consell y exconseller de Presidencia y de Industria--, Ricardo Costa, David Serra, Milagrosa Martínez --ex presidenta de las Corts-- y Yolanda García.
Asimismo, Ceres pidió al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura que certifiquen su examen de las cuentas del PP sobre las elecciones municipales y autonómicas celebradas en mayo de 2007, y que envíen una copia del informe que realizaron y de la contabilidad aportada por la formación política. Y solicitó al secretario de la Junta Electoral de la Comunidad Valenciana la certificación de la identidad de las posibles personas nombradas por el PPCV como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones.
El magistrado pidió también a la Sindicatura información sobre la fiscalización de contratos de la Agencia Valenciana de Turismo de los ejercicios 2005 a 2009 y, en concreto, sobre la revisión de la contratación, gestión contractual y su adjudicación conforme a la legalidad en relación con las ferias de Fitur.
Junto a ello, acordó oficiar a la dirección nacional del PP para que informe del modo de funcionamiento de la contabilidad del partido en la Comunidad y, en concreto, de las personas responsables de la misma, el grado de autonomía económico-financiero y contable de la organización política, el modo de fiscalización y control sobre la organización territorial y especialmente la electoral.
CONTRATOS Y OBRAS DEL CONSELL
Por otro lado, pidió a Presidencia de la Generalitat la remisión íntegra de los expedientes de contratación y obras menores realizados por la Conselleria de Turismo y adjudicados a Orange Market entre 2005 y 2009; que aporte la normativa reguladora de la competencia sobre la Agencia Valenciana de Turismo y de las funciones de sus distintos cargos.
Ceres acordó formar piezas separadas en función a los tres hechos delictivos a los que se refiere la asunción de competencias de la Sala: una por el presunto delito electoral por las elecciones municipales y autonómicas de 2007; otra relativa al presunto delito de falsedad en 2008; y una última por presuntos delitos de prevaricación y cohecho derivados de la contratación administrativa de Fitur entre la Generalitat y Orange Market.
Todas estas nuevas diligencias no podrán llevarse a cabo hasta que se declare firme el auto dictado el pasado miércoles y se resuelvan, en el caso de presentarse, los recursos pertinentes interpuestos por las partes. Así, y al considerarse inhábil el mes de agosto, la causa tendrá que reanudarse en septiembre.
