La Fiscalía acusa a los forenses de falsear las identificaciones del Yak-42
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha acusado a los tres militares que realizaron las identificaciones de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42 de un delito de falsedad documental continuada por haber asignado una identidad errónea a 30 de ellos, informaron fuentes jurídicas.
En un escrito que el fiscal Fernando Burgos ha presentado este lunes en el Juzgado Central de Instrucción número tres de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, se acusa al general de Sanidad Vicente Navarro, al comandante médico José Ramírez y al capitán médico Miguel Saez de haber hecho un informe de necropsia con 30 identificaciones realizadas de forma aleatoria.
Y lo hicieron, según las mismas fuentes, sin recibir “presión alguna” por parte de sus superiores y fue el general Navarro el que “se atribuyó” la iniciativa de asignar un nombre a los restos de los cuerpos de treinta de los fallecidos.
También el fiscal le imputa a él la elaboración de la lista con los 62 fallecidos en el accidente ocurrido en Trabzon (Turquía) el 26 de mayo de 2003, de los cuales 32 sí estaban bien identificados.
El equipo forense militar llegó a la “razonable certeza” de la identidad de estos 32 cadáveres y, “sin ningún otro dato relevante” de la identidad de los otros 30, han señalado las fuentes, confeccionó una lista de la totalidad de los fallecidos, que envió a España.
Esta actuación dio lugar a que los cuerpos de 30 militares fueran entregados a familiares que no lo eran y que incluso se produjeran incineraciones “indeseadas” por algunos parientes.
Por todo ello Burgos considera que podrían ser responsables de un delito de falsedad documental por “faltar a la verdad en la elaboración de los hechos”, delito castigado con una pena de entre uno y seis años de cárcel.
En su escrito ha solicitado al juez que se continúe el procedimiento abierto por las identificaciones de los cadáveres por el trámite abreviado, de forma que las acusaciones particulares y popular puedan pedir la apertura de juicio oral, y una vez que la Sala de lo Penal rechazara hace unos días el recurso de apelación presentada por éstas para que se practicaran más pruebas.
Ahora Grande-Marlaska, que archivó el pasado 1 de junio la investigación sobre el Yak-42 relativa a las presuntas irregularidades en la contratación del avión ante la “ausencia de indicio racional de criminalidad por parte de funcionario español”, tiene que decidir si abre o no este procedimiento abreviado como le solicita Burgos.
