El futuro de Garzón en el TPI no se decidió por el CGPJ en Burgos
BURGOS, 18 (EUROPA PRESS)
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) celebrada este martes en Burgos no debatió el posible traslado del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al Tribunal Penal Internacional (TPI) porque “no llegaron a tiempo” los informes requeridos el pasado viernes a distintas instancias, según señaló la portavoz del órgano de Gobierno de los jueces, Gabriela Bravo.
Bravo, que realizó estas manifestaciones en calidad de vocal portavoz del Consejo al término de la reunión, aclaró que en cuanto la Comisión Permanente tenga en su poder los citados informes se valorará la oportunidad de que este órgano se reúna “lo antes posible”.
Otras fuentes del Consejo no descartaron, que la Comisión Permanente pueda reunirse esta misma tarde, al tener ya en su poder los documentos solicitados tanto al TPI como a la Fiscalía General, al Ministerio de Asuntos Exteriores y a la Sala de lo Penal del Supremo sobre la posibilidad de declarar a Garzón en situación de “servicios especiales” pese a haber sido suspendido. Falta tan sólo un informe que debe elaborar el propio CGPJ.
CALAMITA
Por otro lado, Bravo señaló que durante la reunión tampoco se adoptó resolución alguna relativa a la situación en la carrera del ex magistrado de familia en Murcia Fernando Ferrín Calamita porque su futuro está determinado por la condena a 10 años de inhabilitación dictada contra él por el Tribunal Supremo.
Ferrín Calamita había solicitado al Consejo que aclarara su actual situación, puesto que desconoce si ha sido expulsado de la carrera de juez o sigue sometido al estricto régimen de incompatibilidades que rige en este cuerpo pese a estar inhabilitado. Esta cuestión formaba parte del orden del día de la Comisión Permanente celebrada hoy en Burgos.
El pasado mes de marzo, el CGPJ rechazó revisar de oficio la suspensión de funciones del ex juez Ferrín Calamita, que fue acordada cuando el Tribunal Superior de Justicia de Murcia admitió a principios de 2008 una querella criminal contra él por retardar un expediente de adopción instado por una pareja de lesbianas.
Calamita decía en su escrito al Consejo sentirse discriminado frente al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, puesto que fue suspendido con la sola admisión a trámite de un procedimiento penal contra él, mientras que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 acumulaba por entonces tres querellas en el Tribunal Supremo sin que el Consejo hubiera tomado ninguna decisión al respecto.
