El Gobierno de Cospedal cumple 100 días
TOLEDO, 28 (EUROPA PRESS)
El conflicto farmacéutico por los impagos de la Junta de Castilla-La Mancha, las protestas de los docentes tras el aumento de dos horas lectivas contempladas en el plan de ajuste y el continuo enfrentamiento entre 'populares' y socialistas sobre la situación económica real que dejó el Gobierno de José María Barreda, han centrado los cien días que María Dolores de Cospedal lleva al frente del Gobierno.
Las disputas entre el PP y el PSOE surgieron incluso antes de que Cospedal fuera investida presidenta. Ambos partidos se enfrentaron por la supuesta destrucción de documentos y facturas del Gobierno saliente que, según el PP, demostraba la intención del equipo de Barreda de ocultar datos, hecho que los socialistas niegan.
DEUDAS
Desde el comienzo de su mandato, uno de los principales problemas a los que se ha tenido que enfrentar la presidenta regional ha sido la deuda de la Junta contraída con asociaciones, empresas, colectivos y otros proveedores, algunos de los cuales a los pocos días de convertirse Cospedal en presidenta decidieron alzar la voz para denunciar los impagos del Gobierno.
Especialmente polémico ha sido el caso de los farmacéuticos, quienes el 11 de agosto llegaron a cerrar todas las farmacias de la región --a excepción de las de la provincia de Albacete-- como medida de protesta por los impagos.
Tras varias reuniones, Junta y farmacéuticos acordaron estudiar “nuevas fórmulas financieras” y, después de que el Gobierno regional comenzara a abonar parte de la deuda, los boticarios desconvocaran la protesta prevista para el 4 de septiembre. A día de hoy se mantienen las negociaciones entre ambas partes de manera discreta.
También fue sonada la deuda que el Gobierno regional mantiene con la Universidad de Castilla-La Mancha, denunciada por el rector, Ernesto Martínez Ataz, a quien los 'populares' le recriminaron que no hubiera denunciado la situación durante el mandato socialista.
CULPAS DE UNOS A OTROS
Los 'populares' culpan de la falta de pagos a la herencia de Barreda, mientras que los socialistas piden a Cospedal que deje de echar la culpa al expresidente y se dedique a gobernar. De hecho, a los largo de estos meses PP y PSOE han mantenido un enfrentamiento casi diario sobre la situación económica real en la que los socialistas dejaron la región.
El informe oficial de la Sindicatura de Cuentas de Castilla-La Mancha --que tampoco consiguió poner fin a las diferencias entre ambos partidos-- señala que Barreda dejó 167.727 facturas pendientes de pago a 30 de junio, una necesidad de liquidez a corto plazo de 2.813,7 millones de euros y que se concedieron 381 millones de euros en subvenciones sin dotación presupuestaria y sin reserva de crédito.
El pasado martes Barreda propuso a Cospedal tener un 'cara a cara' en los medios para debatir de la situación económica que dejó en herencia, sin que la presidenta haya aún respondido.
PLAN DE AJUSTE
El último día del mes de agosto Cospedal anunció su Plan de Garantías de los Servicios Sociales de Básicos de Castilla-La Mancha, que supone una reducción del 20 por ciento de los presupuestos y pretende ahorrar 1.815 millones de euros entre 2011 y 2012.
El plan, apoyado por los empresarios y criticado por PSOE, CCOO y UGT, incluye la congelación de la oferta pública de empleo, la reducción de liberados sindicales, la venta de algunos inmuebles de la Junta, la paralización de la obra pública, la supresión de organismos públicos y la reducción de las subvenciones, entre otras medidas.
Este plan de ajuste también contempla el aumento de dos horas lectivas a los profesores, lo que ha provocado que miles de docentes hayan salido a la calle contra este “tijeretazo” y que los sindicatos STE, CCOO y UGT hayan convocado una jornada de huelga para el 5 de octubre porque las medidas significan “el despido de interinos y la disminución de la calidad de la enseñanza”.
Los padres de los alumnos de los siete colegios públicos en los que se imparte el proyecto bilingüe British Council también han salido a la calle después de que la Junta anunciara que prescindirá de los asesores lingüísticos para sustituirlos por profesores de la propia Consejería.
Este plan de ajuste deberá ser ahora aprobado por el Ministerio de Economía y Hacienda, lo que permitiría a la comunidad volver a endeudarse, sin que la reunión entre la ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, y la presidenta de Castilla-La Mancha se haya todavía producido.
Lo último que ha vuelto a enzarzar a PP y PSOE a cuenta de este plan de ajuste han sido los supuestos planes del expresidente José María Barreda de privatización de algunos servicios públicos. Mientras Barreda asegura que se trata de un documento “fabricado” para justificar los recortes de Cospedal, la Junta lo niega y se han querellado contra los socialistas Luis Santiago Tierraseca y Matilde Valentín por acusarles de manipular documentos.
OTRAS POLÉMICAS DEL VERANO
Otro de los temas que suscitó polémica durante el verano fue la denuncia del PSOE por la subida salarial a los jefes de Gabinete de la Junta de Castilla-La Mancha, hecho negado por la propia presidenta regional.
El hecho de que los teléfonos inteligentes o smartphones propiedad de la Junta no fueran devueltos por algunos responsables del Gobierno anterior fue otro de los enfrentamientos entre ambas formaciones.
ACCIÓN DE GOBIERNO
Durante estos cien días, el Gobierno de Cospedal ha aprobado la disolución de la Sociedad Pública de Gestión de Infraestructuras Aeroportuarias de Castilla-La Mancha, ha promovido el Proyecto de Ley de Emprendedores, Trabajo Autónomo y Pequeña y Mediana Empresa, y este jueves abordará en el Consejo de Gobierno la Ley de Autoridad del Profesor.
Además, el Gobierno regional pondrá en marcha nuevo plan de inspección en la lucha contra el fraude fiscal y ya trabaja ya en declarar la fiesta de los toros como Bien de Interés Cultural (BIC), decisión que generó las protestas de los defensores de los animales.
También ha aprobado, entre otras medidas, los anteproyectos de ley que suprimirán el Defensor del Pueblo y el Consejo Económico y Social (CES) de Castilla-La Mancha, pese a las continuas protestas de los sindicatos.
