Los imputados por atacar a Barcina se enfrentan a penas de entre 4 y 9 años de cárcel
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha mantenido imputados a los tres miembros del colectivo contra el tren de alta velocidad Mugitu! que lanzaron tartas a la presidenta de Navarra, Yolanda Barcina, por un delito de atentado contra la autoridad, castigado con penas de entre cuatro y nueve años de cárcel.
Los imputados, Julio Martín Villanueva, Gorka Ovejero Gamboa e Ibon García Garrido, han comparecido durante apenas diez minutos en la Audiencia Nacional y se han negado a declarar ante el juez alegando que ya están siendo investigados en un proceso judicial abierto en Francia, donde se produjeron los hechos.
En el caso de Ovejero Gamboa, el juez aprecia la existencia de una agravante, ya que es teniente de alcalde del Ayuntamiento de Arruazu (Navarra) por el partido independiente Batzarre y acudió al encuentro “en calidad de tal” y prevaliéndose de su “condición”. Esta circunstancia, según fuentes jurídicas, elevaría a nueve años la posible petición de pena por el delito de atentado contra la autoridad, tipificado con entre cuatro y seis años de cárcel, y que se aplicaría a los otros dos imputados.
A los tres imputados, además, Pedraz les ha impuesto comparecencias judiciales semanales, la prohibición de salir del territorio nacional y la entrega del pasaporte, tal y como solicitó la fiscal Blanca Rodríguez, que considera que la pena en el caso del edil podría elevarse a nueve años de cárcel.
En su auto, en el que se transforman las actuaciones en procedimiento abreviado, equivalente al procesamiento, el magistrado destaca que Barcina debe considerarse “autoridad” en función de su cargo de presidenta de Navarra y recuerda que cuando se produjo la agresión se encontraba “en el ejercicio de las funciones propias de su cargo”.
Los hechos se produjeron el pasado 27 de octubre cuando Barcina participaba en Toulouse (Francia) en una reunión de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos. Según la resolución judicial, sobre las 16.30 horas Ovejero, que portaba “oculta en una carpeta una tarta”, se acercó a la presidenta navarra y, “sacándola de forma sopresiva, se abalanzó por delante” sobre ella “estampando la tarta en su cabeza”.
“Inmediatamente después y mientras la citada se encontraba aturdida como consecuencia del impacto, se acercaron por su espalda Julio Martín Villanueva e Ibon García estampando respectivamente cada uno una tarta contra la presidenta de Navarra”, continúa el relato del juez Pedraz.
El instructor considera que estos hechos conllevan “el acometimiento, empleo de fuerza, intimidación grave o resistencia activa también grave”, ya que, según explica, “acometer equivale a agredir y basta con que tal conducta se dé con una acción directamente dirigida a atacar a la autoridad”. “Así pues, en el caso, los tartazos se constituyen como tal agresión”, dice.
También recuerda que el colectivo Mugitu! reivindicó el pasado 27 de octubre la acción en un comunicado en el que decía que “la razón de los tartazos era agradecer los ímprobos esfuerzos que, como máxima responsable política de Navarra, estaba realizando (Barcina) para la imposición del TAV”. A su juicio, la agresión era “una elegante manera de darle la bienvenida a su cargo de presidenta”.
“FALSA VINCULACIÓN CON ETA”
El abogado de los imputados, Gonzalo Boye, ha explicado a la salida de la Audiencia Nacional que sus representados “han sido citados a declarar en Francia” en un procedimiento en el que se les imputan “una falta de violencia voluntaria y otra de daños a bienes”, castigadas con multa.
Según Boye, sus clientes deberían ser investigados en Francia porque en junio de 2009 el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estableció “el fuero preferente del lugar donde se producen los hechos”, al rechazar la competencia del tribunal para investigar un ataque del Ejército israelí en Gaza que se produjo en julio de 2002.
“Hay una desproporción en la acusación, se les acusa de un delito cuando debería ser una falta”, ha señalado el letrado antes de recordar que la propia Barcina bromeó diciendo que la agresión con tartas había sido “un dulce comienzo para su mandato”.
De igual modo, ha anunciado que sus clientes estudian la posibilidad de iniciar “medidas legales” contra los integrantes del Gobierno navarro que “dieron a entender” en sus manifestaciones que sus representados eran “parte de la izquierda abertzale y estarían vinculados a ETA”. “Nosotros entendemos que eso no sólo es falso sino también injurioso”, ha recalcado.
COMPETENCIA DE LA AUDIENCIA
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 abrió diligencias por estos hechos tras recibir una denuncia de la Policía Foral de Navarra al ser la Audiencia Nacional el tribunal competente para investigar los supuestos delitos contra españoles cometidos en el extranjero.
El magistrado interrogó el pasado 2 de noviembre a Barcina, aprovechando que se había desplazado hasta la Audiencia Nacional para acudir como público al juicio contra el el exjefe militar de ETA Javier García Gaztelu, 'Txapote', y otros tres etarras por el asesinato del concejal de UPN en Leitza José Javier Múgica.
La jefa del Ejecutivo navarro declaró que las tartas que le arrojaron le hicieron “daño” debido a “la dureza del merengue francés”, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas. También relató cómo se produjo la agresión e indicó que tras recibir el impacto de las tartas dejó de ver y tuvo que ser evacuada del salón de plenos en el que se celebraba la reunión. “No veía nada”, aseguró.
“NO HAY TARTAS PARA TANTO CARA”
Con motivo de la declaración judicial una decena de representantes del colectivo Mugitu! se han concentrado frente a la Audiencia Nacional con pancartas en las que se podían leer los lemas “No hay tartas para tanto cara” y “La desobediencia civil no es delito. El delito es el TAV...”
En una rueda de prensa celebrada el pasado día 10 frente al Parlamento de Navarra los tres imputados aseguraron que la actuación judicial persigue “un castigo ejemplarizante para que nadie se atreva a protestar” y pretende “blindar a la clase política para que sea intocable y no tenga que dar cuenta a nadie de sus responsabilidades”.
