La negociación de la Ley de Memoria Histórica afronta su tramo final
La ponencia de la Comisión Constitucional encargada de dictaminar este proyecto debería reunirse en los próximos días si se quiere que dé tiempo suficiente a aprobar la ley antes de que las cámaras se disuelvan en diciembre.
Fuentes del grupo socialista reconocen que su preocupación principal es conseguir un pacto con IU-ICV, ya que creen que con los nacionalistas de CiU y del PNV puede ser más fácil el acuerdo. Los portavoces del PSOE, Diego López Garrido, y de IU-ICV, Joan Herrera, anunciaron el jueves que se habían dado un “período de reflexión” hasta mañana lunes para analizar sus discrepancias.
Los socialistas pretenden vincular cualquier consenso también a los nacionalistas catalanes y vascos. De hecho, con CiU y el PNV el PSOE ya tendría votos suficientes en el pleno del Congreso para sacar adelante la ley, pero el partido mayoritario ha dejado claro que quiere contar con IU-ICV para esta iniciativa, que materializa un compromiso público del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
Las diferencias con el grupo que preside Gaspar Llamazares se centran principalmente en tres cuestiones. La más importante viene determinada por sus exigencias relativas a los efectos jurídicos que tendría la declaración de “ilegitimidad” de los juicios sumarísimos del franquismo.
El artículo 3.4 del proyecto reconoce el derecho “a obtener una declaración de reparación y reconocimiento personal” a las víctimas. El PSOE ha aceptado incorporar un párrafo para concretar que también podrán obtener esa declaración “respecto de penas y sanciones de carácter personal impuestas durante la Guerra Civil y la Dictadura por otros tribunales u órganos administrativos” y por las ejecuciones llevadas acabo “por cualquier organización o grupo” debido a motivos políticos, ideológicos o de creencias religiosas.
Aunque IU-ICV reconoce el avance, todavía cree que el refuerzo es “insuficiente” a la hora de garantizar que la aprobación de la ley va a tener consecuencias jurídicas para los afectados, de manera que puedan presentar con éxito reclamaciones en los tribunales.
Condena al régimen franquista
El segundo punto de discrepancia se refiere a los términos de la condena del régimen franquista incluida en su exposición de motivos.
El texto entregado por el PSOE a los otros grupos recuerda que en 2002 la Comisión Constitucional del Congreso declaró unánimemente: “Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos”.
También apunta que en 2006 el Consejo de Europa denunció las graves violaciones de los derechos humanos tras la Guerra Civil. En este ámbito, IU-ICV busca una condena más explícita, según fuentes de este grupo parlamentario.
El tercer escollo estriba en el régimen de la participación de las Administraciones Públicas para la localización e identificación de víctimas. El PSOE e IU-ICV trabajan en una fórmula que aclare a qué instancia pública deben dirigirse los particulares para conseguir ayuda en la búsqueda de los restos de sus familiares, pero Izquierda Unida reclama además incorporar partidas presupuestarias para ello y, en general, para desarrollar el conjunto de la ley.
En cuanto a CiU, en los borradores de enmiendas ya se han incorporado las menciones que pedía a las creencias religiosas como uno de los motivos de persecución durante la contienda. Más difícil parece, según fuentes parlamentarias, que puedan conseguir la inclusión de alguna referencia en este proyecto al reconocimiento y devolución del patrimonio incautado a Unió en la Guerra Civil y la posguerra, cuestión también se aplicaría al PNV.
En estas negociaciones no intervienen ERC, descolgada hace tiempo del apoyo a la iniciativa, y el PP, opuesto desde el primer momento a una ley que a su juicio vuelve a “dividir” a los españoles.
Marcos Ana: “Prefiero que no haya Ley de Memoria Histórica a que nos den una miseria”
Veintitrés años en las cárceles franquistas como preso político y dos condenas a muerte podrían minar sin duda la moral del más fuerte, pero no lo lograron en el caso de Marcos Ana, el comunista que traspasó los muros de la prisión con su poesía y que ahora, a los 87 años, publica sus memorias.
“Nosotros fuimos los legales, los defensores de la República, y queremos que nos devuelvan la dignidad de una manera pública e institucional”, dice Marcos Ana en una entrevista para hablar de su increíble vida y reivindica con pasión la Ley de la Memoria Histórica, pero no a cualquier precio: “Prefiero que no haya ley a que nos den una miseria”. Coeditado por Tabla Rasa y Umbriel, el libro se titula Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida, una obra que a partir de este lunes llega a las librerías españolas y que en noviembre se publicará en América.
Marcos Ana es muy apreciado en Hispanoamérica. Los versos que escribió en los años de prisión se fueron publicando en numerosos países y se convirtieron en el grito de libertad de los presos políticos.
El 17 de noviembre de 1961, Fernando Macarro Castillo, más conocido como Marcos Ana, su seudónimo literario, salió del penal de Burgos después de 23 años de sufrir torturas y vejaciones en varias cárceles y de que se le conmutaran dos condenas a muerte. Franco había decretado la libertad para los presos que llevaran encarcelados más de 20 años continuados y la triste lista la encabezaba Marcos Ana, cuyo seudónimo es un homenaje a su padre, Marcos, muerto en un bombardeo en el 37, y a su madre, Ana, que murió en el 43, angustiada por las condenas de su hijo.
