El PSOE desbloquea 'in extremis' la ley de Memoria Histórica
La tramitación del proyecto de ley de Memoria Histórica ha sido desbloqueada in extremis gracias al acercamiento entre el PSOE y la mayor parte de los grupos. Una aproximación de posturas que permite augurar un final exitoso para esta norma a la que, por motivos muy distintos, se oponen PP y ERC.
El proyecto de ley será estudiado el próximo miércoles en la ponencia parlamentaria, donde los grupos intentarán cerrar los flecos pendientes en la negociación de esta iniciativa del Gobierno.
El desbloqueo del proyecto de ley fue anunciado por el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, quien hizo hincapié en la “sintonía” lograda por su grupo con CiU, PNV, IU-ICV, BNG, CHA y Na-Bai sobre las bases y elementos esenciales de la norma, los objetivos y los términos concretos de la ley.
CiU se apresuró a advertir de que esa aproximación con los socialistas no significa que haya un acuerdo, según señaló desde Lisboa su portavoz parlamentario, Josep Antoni Duran i Lleida, quien remarcó que aunque se ha convenido en celebrar la reunión de la ponencia no hay nada definitivo en relación a los contenidos de la ley.
No obstante, la “alta coincidencia” existente y los “sólidos” elementos de acuerdo con los que el miércoles proseguirán los trabajos llevaron a López Garrido a mostrar su pleno convencimiento de que habrá un texto final consensuado, completo y cerrado, que goce del beneplácito de la mayor parte de diputados y senadores. Confió además en que ERC y PP, grupos con los que no ha habido ningún acercamiento, puedan sumarse, al menos de manera parcial, al proyecto final.
No obstante, las críticas a la norma por parte de estas dos formaciones no tardaron en producirse tras conocerse que su tramitación continúa adelante.
Para el secretario general del PP, Ángel Acebes, la Ley es un “profundísimo error” y retrata al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que con ella “culmina su ataque a todo lo que representa la Transición”. Según Acebes, la norma pretende “rememorar lo peor de la historia” y de esta manera “olvidar lo mejor”, que ha sido la Transición.
En el extremo contrario se situó ERC, formación para la que el texto pactado con CiU, PNV e IU-ICV es una “ley de punto final” para “dejar impunes los crímenes del franquismo”, motivos por los que los republicanos catalanes anunciaron que recurrirán la norma ante los tribunales internacionales.
Quien sí se felicitó por el “acuerdo básico” alcanzado en torno a la tramitación del proyecto fue el coordinador general de Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, para quien este paso adelante permitirá su aprobación “con seguridad” antes de que acabe la legislatura. “Globalmente la ley ha cambiado como de la noche al día”, subrayó el líder de IU, quien reconoció que la norma no anula de forma automática los juicios franquistas pero sí deroga todo el aparato jurídico de la dictadura y declara “ilegítimos” estos procesos, lo que abre la puerta a una revisión individual de estas sentencias.
En los mismos términos se pronunció sobre este aspecto López Garrido, quien aclaró que la futura ley no anulará las sentencias pero sí hablará de lo sucedido hace 60 años en España y lo considerará “injusto” e “ilegítimo”.
En cuanto al calendario para la aprobación de la Ley, el portavoz socialista indicó que, si hay consenso en la ponencia, después se reunirá la Comisión Constitucional del Congreso, que emitirá un dictamen que debe recibir el visto bueno en el pleno de la Cámara Baja, previsiblemente en la última sesión plenaria de octubre.
En este proyecto de ley de memoria histórica, que también apoya Coalición Canaria, se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura.
