Toxo ve “necesario” el gesto de apoyo

CÁDIZ, 14 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, considera que el gesto celebrado el martes en defensa del magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón era “necesario” y cuestionó el motivo por el que alguien pueda “tener miedo de que un país se reconozca a sí mismo en el pasado”.

En rueda de prensa, Toxo dijo “no compartir en absoluto” las manifestaciones realizadas por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que calificó el acto de “disparate” y de “atentado contra la democracia”. No obstante, declinó “entrar en una polémica” con el PP por ello.

Según dijo, el acto celebrado ayer en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid “no era tanto de apoyo y adhesión al juez Garzón, que también”, sino a lo que significa la actividad que estaba desarrollando y por el hecho de que organizaciones que en otro país, como Alemania, estarían “ilegalizadas”, puedan “terminar llevando al banquillo a la única persona que, abiertamente, desde el ámbito de la judicatura, se ha atrevido a intentar enjuiciar los actos de la dictadura”, que el dirigente sindical calificó de “genocidio planificado”.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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A su juicio, es “paradójico” que el primer juicio que pueda producirse en España por estos hechos sea precisamente contra la persona que “ha pretendido ponerlos a la luz”, dijo en alusión al juez Garzón.

Toxo apuntó que “no se trata de revisar el pasado en absoluto, sino fundamentalmente de rendir tributo y reparar el daño causado a las personas y a las familias de las personas que sufrieron las consecuencias de aquella situación” y concluyó cuestionando “por qué alguien puede tener miedo de que un país se reconozca a sí mismo en el pasado”.

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