Esa auditoría que no vimos (ni sabemos si existe)

En política, como en la vida, hay respuestas que suenan a evasiva antes incluso de terminar de pronunciarse. Y eso fue exactamente lo que ocurrió cuando, en plena Comisión de Transición Ecológica de 19 de junio de 2025, el consejero de la materia anunció que la auditoría prometida sobre el sistema eléctrico canario ya se había hecho… por los propios funcionarios de su departamento.

¿Perdón?

La afirmación cayó como una gota tibia en un océano de dudas. Porque si realmente se hizo, ¿dónde está? ¿Qué metodología se empleó? ¿Qué sistemas se auditaron? ¿Qué conclusiones se extrajeron? Nada se explicó. Nada se entregó. Nada se mostró. Solo se nos pidió que creyéramos en su existencia como quien cree en un acto de fe. Y en materia energética, la fe sirve de poco.

Podemos admitir que hay muchos funcionarios públicos en Canarias preparados y comprometidos. Lo sabemos. Pero de ahí a pensar que pueden acometer una auditoría técnica y exhaustiva sobre todo un sistema eléctrico insular, va un trecho largo. Cualquiera que haya trabajado mínimamente en este campo sabe que los sistemas de generación, transporte y distribución tienen complejidades propias y, sobre todo, que no basta con haber estado cerca para saber evaluarlos.

De hecho, seamos honestos: los propios técnicos de las empresas del sector tienen áreas muy delimitadas de competencia. Un ingeniero que lleva diez años operando líneas de alta tensión no se pondrá a evaluar una turbina de gas, ni al revés. La especialización es absoluta. Así que pretender que un reducido grupo de funcionarios, ajenos al sistema, pueda realizar esa auditoría de forma rigurosa, es como decir que un buen médico de familia puede sustituir al equipo completo de un quirófano cardiológico.

Y aquí entra una cuestión aún más incómoda: ¿cómo va a auditar la administración… a la administración? Porque uno de los objetivos esenciales de cualquier auditoría seria debería ser también evaluar el papel de las propias instituciones públicas, su capacidad de supervisión, los controles que han fallado, las alertas que no se atendieron o los procedimientos que no se aplicaron. Eso solo se puede hacer desde fuera, y con plena autonomía.

En el caso de La Palma, donde los “ceros energéticos” se han convertido casi en parte del calendario, lo mínimo que merece la ciudadanía es un diagnóstico claro, serio y completo. Porque hablar de auditoría y no acompañarla de pruebas, de datos o de documentos verificables, no es hacer política: es jugar con las palabras para ganar tiempo.

Quizá alguien crea que basta con mencionar la palabra “auditoría” para dar por cumplido el expediente. Pero no. Si no se publica el método, si no se hacen públicas las conclusiones, si no se sabe siquiera qué se ha mirado y qué se ha dejado de mirar, entonces no hablamos de una auditoría. Hablamos, con suerte, de una inspección técnica. Y con menos suerte, de una excusa.

El sistema eléctrico canario no necesita más ruido, necesita certezas. Y para eso hace falta coraje institucional, voluntad de rendir cuentas y una auditoría de verdad. Una que venga firmada por profesionales independientes, que se publique sin filtros, y que diga con claridad qué funciona, qué no y por qué.

Los ciudadanos lo merecen. Y la democracia también.