Aznar, Ayuso y Almeida: la maquinaria de poder proisraelí en Madrid

José María Aznar no vive como un expresidente retirado. Desde la presidencia de FAES, que dirige desde 2004, ha levantado una red de influencia que trasciende la política española y que se extiende a círculos empresariales, mediáticos y de think tanks internacionales. Aunque el Partido Popular cortó la financiación a FAES en 2016, su huella ideológica sigue marcando el rumbo del partido: un atlantismo firme, hostilidad sistemática hacia los movimientos sociales y ecologistas y una defensa incondicional de Israel como pieza clave de Occidente. En Madrid, Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida se han convertido en los encargados de aplicar esa agenda con lealtad absoluta, transformando la ciudad en un nodo estratégico de esa red transnacional.

Para Aznar, el apoyo a Israel no es solo un principio político, sino un eje de poder y una fuente de influencia internacional. Su actividad en FAES, en la Friends of Israel Initiative y sus vínculos con corporaciones como News Corp —controlada por Rupert Murdoch, figura central en el ecosistema mediático proisraelí—, Barrick Gold o el bufete DLA Piper, demuestra cómo la defensa del régimen israelí se combina con la construcción de redes de poder y oportunidades económicas. En 2025, durante la inauguración del nuevo campus de FAES, afirmó que la derrota de Israel equivaldría a la derrota de Occidente. Esa declaración, más allá de la retórica, encierra una estrategia clara: legitimar un Estado cuyas políticas han sido calificadas por organismos internacionales como apartheid y colonialismo de asentamiento, prácticas prohibidas por el derecho internacional. Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo documentaron en 2021 y 2022, y la Comisión de Investigación de la ONU sobre los Territorios Palestinos ha sido aún más explícita: Israel mantiene un sistema de apartheid y ciertas políticas contra los palestinos podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

En Madrid, la materialización de esta agenda es tangible. El ejemplo más evidente es la cesión del edificio de Castelló 21, patrimonio histórico de Metro de Madrid y obra del arquitecto Antonio Palacios, a la Fundación Hispanojudía. El acuerdo contempla treinta años de cesión a un canon de 60.000 euros mensuales, lo que suma 19,4 millones de euros en total. En un distrito como Salamanca, con precios inmobiliarios extremadamente altos y un mercado prime consolidado, inmuebles similares, especialmente destinados a uso residencial de lujo, podrían alcanzar valores muy superiores tras transformación o arriendo comercial. Un ejemplo ilustrativo es el proyecto “Torre Castelló” (María de Molina 50), adquirido por Grupo Lar y BlackRock por 204,7 millones de euros, con una proyección de reconversión de aproximadamente 400 millones de euros, generando viviendas de entre 2,5 y 3 millones de euros cada una (eleconomista.es). Esta referencia contextualiza la magnitud del valor inmobiliario de la zona y permite dimensionar la diferencia entre precio de mercado y canon fijado para Castelló 21.

Isabel Díaz Ayuso obtiene beneficio directo de esta apertura de puertas porque su rol en aprobar políticamente estos acuerdos refuerza su imagen de líder eficaz y de gestora de Madrid como ciudad de proyección internacional, lo que le añade visibilidad mediática, respaldo interno en el PP y legitimidad frente a inversores y actores financieros interesados en operar en la capital. José Luis Martínez-Almeida, por su parte, se beneficia institucionalmente al facilitar permisos, licencias y gestiones administrativas que aseguran que las operaciones se concreten sin obstáculos. Esto le permite presentarse como un alcalde capaz de atraer inversión, modernizar la ciudad y cooperar con capitales globales, reforzando su perfil político a nivel local y nacional.

No se trata de un episodio aislado. En 2020, se intentó ceder el espacio de La Ingobernable a otra entidad afín, aunque la operación fracasó por protestas vecinales e irregularidades administrativas. El patrón se repite: el patrimonio público se convierte en un instrumento al servicio de intereses privados, disfrazado de proyectos culturales y presentado como beneficio para la ciudadanía.

Aznar sigue siendo el arquitecto central de este engranaje. Su red de cuadros políticos, formados en FAES o en su etapa en La Moncloa, mantiene influencia en espacios clave de la política madrileña. Entre ellos, Rafael Bardají, exasesor de Defensa y enlace con la alt-right estadounidense de Steve Bannon. Este ecosistema ultraconservador, supremacista y fervorosamente proisraelí encuentra eco en la derecha madrileña, que adopta sus postulados sin cuestionamientos. Además, Aznar abre a Ayuso y Almeida puertas muy concretas: su participación en think tanks estadounidenses como el Atlantic Council, su presencia en universidades de prestigio como Georgetown, su acceso a redes mediáticas globales y su asesoramiento en empresas internacionales, todo ello proporciona proyección internacional, visibilidad mediática y legitimidad política, reforzando su posición dentro y fuera de España.

El alcance de esta estrategia no es neutral. En enero de 2024, el Tribunal Internacional de Justicia admitió como jurídicamente plausible la denuncia de Sudáfrica contra Israel por genocidio. Los bombardeos masivos sobre civiles en Gaza, la destrucción de hospitales e infraestructuras, el bloqueo de agua, alimentos y medicinas, y el desplazamiento forzado de población han sido documentados por organismos internacionales como indicios racionales de genocidio. En este contexto, que Madrid se convierta en plataforma política y financiera de apoyo a Israel no es solo simbólico: es la constatación de cómo determinadas instituciones locales se integran en un entramado que refuerza y legitima a un Estado sometido a investigación internacional por crímenes de la máxima gravedad.

Los beneficios de esta alianza son evidentes para quienes la sostienen. Aznar refuerza su influencia global y mantiene abiertos canales de negocio y de relaciones estratégicas. Ayuso amplifica su legitimidad interna en el PP y proyecta su imagen de liderazgo eficaz en foros internacionales. Almeida se consolida como alcalde gestor que atrae inversión y proyectos urbanos de alto valor económico. Los lobbies proisraelíes consolidan en Madrid un socio político y financiero de primer orden. Mientras tanto, lo que se pierde es lo común: patrimonio público, autonomía política y credibilidad democrática.

Madrid deja de ser solo un tablero local. Se convierte en pieza clave de un ajedrez global en el que poder, dinero y lealtades proisraelíes se entrecruzan. Si la ciudadanía no lo cuestiona, seguirá pagando el precio: vaciamiento de lo público, subordinación de las instituciones y erosión de la democracia a favor de intereses privados y transnacionales.