Berriel asegura que la Ley de Medidas Urgentes ayudará a ayuntamientos y cabildos
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, aseguró este miércoles que cabildos y ayuntamientos están “encantados y desesperadamente esperanzados ante la Ley de Medidas Urgentes” que, según indicó, “ayudará a solventar los problemas derivados de la legislación anterior”.
Ante las críticas del portavoz del grupo Socialista, Santiago Pérez, quien acusó al Gobierno de hacer caso omiso a las denuncias de los cabildos sobre esta normativa, Berriel aseguró que se habían tenido en cuenta la opinión de las instituciones insulares con las que se habían mantenido numerosas reuniones durante el desarrollo de este proyecto.
Santiago Pérez denunció la incapacidad del Gobierno para gestionar y ordenar el territorio y los recursos naturales del Archipiélago y lo acusó de impedir que el grupo Socialista pudiera presentar enmiendas ante este proyecto de ley y de realizar modificaciones en el mismo “en el último minuto y en base a objetivos no lícitos”.
En respuesta a estas acusaciones, Domingo Berriel expresó que el Gobierno ha intentando “mediante aplazamientos sucesivos que el grupo Socialista aportara algo a esta ley”.
“No somos rehenes de nada, somos muy conscientes del proyecto remitido y de las modificaciones realizadas para mejorar la ley”, expresó el consejero.
Asimismo, el diputado socialista Julio Cruz acusó al consejero de obviar las alegaciones presentadas por los cabildos y ayuntamientos de El Hierro, La Gomera y La Palma ante las medidas de ordenación territorial de la actividad turística en estas islas prevista en la ley de medidas urgentes y de modificar la ley en estos aspectos para evitar “decisiones y trámites judiciales y justificar actuaciones en parajes protegidos de las islas”.
Ante estas críticas Berriel manifestó que el Ejecutivo autónomo no asumió las alegaciones de estos cabildos debido a que esta norma no incide en el marco de su régimen específico aunque recalcó que no tuvo nada que oponer a las peticiones de las corporaciones insulares en el trámite de aprobación de este texto legal, ya que refuerzan el régimen jurídico específico de las islas y no desvirtúan el objeto de la ley.
