Corrales exige que el PGO se adapte a la legalidad
El portavoz de XTF-Por Tenerife (Izquierda Unida- Los Verdes- Socialistas x Tenerife) en el Ayuntamiento de Santa Cruz, José Manuel Corrales exige que tras la interposición de la querella de la Fiscalía por el contenido del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz el gobierno municipal de CC-PSOE “debe reformular el planeamiento para adecuarlo a la legalidad, y restablecer todas las garantías legales en el documento”. El concejal de XTF considera “muy preocupante” los presuntos 11 casos de trato de favor que contiene el PGO de Zerolo, tal y como se plasman en la denuncia realizada por el Ministerio Fiscal, “y resultaría temerario seguir adelante ante esta situación”.
Corrales ha preguntado al gobierno municipal qué sabe de esta causa penal que se tramita ya en el Juzgado de Instrucción número 3 contra el Plan General de Ordenación y que bajo su punto de vista “anularía cualquier posibilidad de sacarlo adelante, si no se quiere profundizar aún más en las irregularidades detectadas”. Según diferentes informaciones periodísticas, confirmadas por fuentes de la Fiscalía y del Ayuntamiento de Santa Cruz se han detectado hasta 11 supuestas ilegalidades y tratos de favor en el planeamiento de Santa Cruz de Tenerife. Según estas informaciones la denuncia apunta a la posible comisión de los supuestos delitos de falsificación de documento público, contra la ordenación del territorio, prevaricación y tráfico de influencias.
En el relato de la denuncia aparecen involucrados de una forma u otra la ex concejal de Urbanismo, Luz Reverón (imputada también en el caso Mamotreto), el gerente de Urbanismo, Eduardo Risueño y el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo Víctor Reyes (también imputado en el caso de Las Teresitas) y otros funcionarios y técnicos de la Comisión del Territorio y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac), entre otros. Fuentes de la Fiscalía apuntan que aún no existe una lista de imputados ya que la investigación no ha concluido y se está a la espera de realizar determinadas diligencias y se ha requerido al Ayuntamiento una serie de documentos que aún no le ha sido facilitada. Será al final de estos trámites cuando comenzará la ronda de declaraciones en calidad de imputados o testigos.
Corrales señala que el gobierno municipal debe facilitar y no obstaculizar el trabajo de investigación judicial, ya que se presupone un entramado extremadamente complejo. Un dato que ha sorprendido del contenido de la denuncia es la contundencia de las conclusiones a las que llega la fiscal y que se concretan por ahora en hasta once casos de supuestas ilegalidades y tratos de favor. También es muy llamativo la posible vinculación de técnicos de la Cotmac aunque aún no ha trascendido en qué grado y hasta qué punto. En este caso estarían relacionados con el supuesto delito de prevaricación al haber sido conscientes de las ilegalidades del documento pero sin embargo haber intentado sacarlo adelante.
Según esas informaciones periodísticas el grueso de los hechos se remontan a finales del año 2009 y principios de 2010 cuando el Ayuntamiento pretendió aprobar por segunda vez de forma definitiva el PGO y para ello celebró dos sesiones plenarias cuando más arreciaban las protestas en la calle ante la aparición de miles de viviendas situación de fuera de ordenación. Tras el envío de la documentación a la Cotmac la policía judicial por orden de la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente se personó en la sede de la Consejería de Política Territorial en el edificio Usos Múltiples I en varias ocasiones para requerir determinada documentación.
