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Opinión - Junts, el bolsillo y la patria. Por Neus Tomàs

El PSC critica la continua ''agresión'' del Parlamento a Henríquez

El grupo Socialista en el Parlamento canario afirmó este viernes que enviará a los tribunales su voto particular sobre el caso eólico y afirmó que la decisión de la Mesa de enviar a la Fiscalía las declaraciones de José Francisco Henríquez supone continuar con “la agresión” a la que se está sometiendo a ese empresario.

Tanto el vicepresidente segundo de la Cámara, José Alcaraz , como el diputado del grupo Socialista Santiago Pérez consideraron lamentable la decisión adoptada este viernes por la Mesa de enviar a la Fiscalía las declaraciones de Henríquez en las afirmaba que se querellaría contra los que aprobasen el dictamen del caso eólico en el que se le relaciona con un presunto tráfico de influencias.

José Alcaraz consideró que la decisión de la Mesa no tiene precedentes en el Parlamento y dijo que se trata de una maniobra para presionar a algún medio de comunicación y algunas personas.

Santiago Pérez consideró que el PP ha logrado arrastrar a CC a la estrategia “totalitaria y antidemocrática” de agredir a los medios de comunicación que no controla, y en concreto se refirió a este periódico digital que ha mantenido una actitud discrepante en la isla de Gran Canaria.

Pérez señaló que la “agresión del PP” ha utilizado en esta ocasión al Parlamento de Canarias que ha aprobado unas conclusiones sobre el concurso eólico que tratan de convertir responsable de una trama de tráfico de influencia a una persona que no ostentaba cargo público.

Recordó que José Francisco Henríquez ha sido considerado por los tribunales como una persona ajena al caso eólico, y en cambio es criminalizada por el Parlamento de Canarias.

Santiago Pérez indicó que lo que ha hecho Henríquez es anunciar que si se atenta contra sus derechos fundamentales ejercerá las acciones ante los tribunales de Justicia.

Afirmó que un delito de coacciones se produce cuando se pretende impedir a alguien que ejerza sus derechos o cumpla sus deberes, pero aclaró que cuando un ciudadano lo que pretende es defender sus derechos fundamentales ese ánimo delictivo está excluido.

“Lo que están haciendo con Henríquez es continuar con la agresión que empezó aprobando las conclusiones del caso eólico”, aseveró Pérez, quién consideró que el PP y Coalición Canaria se amparan en el fuero parlamentario para hacer una “agresión ilegal e ilegítima contra los derechos de los ciudadanos”.

El parlamentario indicó que en la votación del caso eólico se produjo una situación “grotesca” con la presencia del diputado y alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, quién, recordó, está imputado en el caso de Las Teresitas, y que acudió ste viernes a la Cámara “a criminalizar a un ciudadano que no ostenta cargo público y que ha sido apartado de la investigación judicial”.

Indicó que enviarán a los tribunales la relación de hechos que aparece en su voto particular y en los que a su juicio, hay dos temas importantes que pueden tener relevancia penal.

Dijo que el primero de ellos se refiere a la estrategia diseñada por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Manuel Soria, y otras instituciones “ligadas al PP” sobre cómo se iba distribuir el suelo público con potencial eólico.

Además, ha quedado claro que todas las operaciones que llevó a cabo el entonces presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, José Manuel Arnáiz , el presidente del Cabildo, el consejo de Administración de Megaturbinas para apartar a esta sociedad pública del concurso para que el suelo que dejaba libre se pudiera instalar el proyecto patrocinado por los empresarios Esquivel y por la Sociedad Promotora de Recursos Eólicos.

Para Párez, estos dos hechos pueden tener relevancia para la investigación judicial ya que, en su opinión, son el complemento lógico “de las andanzas” del ex director general de Industria Celso Perdomo.

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