Alberto Rodríguez (Podemos) mantiene su escaño en el Congreso de los Diputados

La Mesa del Congreso ha considerado adecuado el informe de los letrados que mantiene que el diputado de Unidas Podemos por Santa Cruz de Tenerife Alberto Rodríguez debe mantener su acta y su escaño tras haber abonado la multa de 540 euros que le impuso el Tribunal Supremo por un delito de atentado a un agente de la autoridad y que era conmutable por una pena de cárcel. En la reunión de este martes, la Mesa ha apoyado por mayoría este informe jurídico que ha sido rechazado por el PP y Vox, por lo que ambos partidos han decidido remitir sendos escritos a la Junta Electoral Central (JEC) para que se pronuncie en contra.

El informe de los letrados argumenta que una pena privativa de libertad sí hubiera sido “determinante de la causa de inelegibilidad”, pero al haber optado por una pena sustituta “no cabe derivar consecuencia extra penal alguna que afecte a la condición de diputado”. Según los letrados del Congreso, la condición de diputado de Rodríguez no queda afectada porque no concurre “ni la causa de incompatibilidad sobrevenida contemplada en el apartado 2 en relación con el apartado 4 del artículo 6 de la Loreg”, ni los artículos del Reglamento del Congreso -21 y 22- que explican cuando un diputado pierde su condición.

PP y Vox, en contra

Tanto el PP como Cs y Vox han urgido a la JEC que emita un informe diferente al de la Mesa y reconsidere la retirada del acta al diputado Alberto Rodríguez. En este sentido, Vox ha remitido un escrito a la JEC para que declare la concurrencia de causa de inelegibilidad sobrevenida a Alberto Rodríguez y acuerde dejar sin efecto su credencial.

El portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha confiado en que la JEC “llame la atención” a la consideración de la Mesa y ha señalado que el informe de los letrados “carece de fundamento”, al tiempo que ha avisado de que su formación va “a pelear” para que se le quite el acta al diputado de Unidas Podemos. Bal ha dicho que pedirán a la Fiscalía que abra un incidente de ejecución para que la sala segunda del Tribunal Supremo se pronuncie sobre si está bien o mal ejecutada esta parte de la condena por parte de los órganos que tienen obligación de llevarla a efecto (el Congreso y la JEC). “El Congreso no es el refugio de políticos condenados”, ha afirmado tras urgir al PSOE a no apoyar a su socio de coalición en el Gobierno.

Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, Héctor Gómez, ha incidido en que el grupo parlamentario “está y va a estar en el respeto a lo que digan los letrados de la Cámara”, según el criterio jurídico, “como no puede ser de otra manera bajo el más absoluto respeto a la legalidad”.

Entre tanto, el portavoz del PP en el Senado, Javier Maroto, ve “incomprensible” que alguien que ha cometido un “delito grave” no quede inhabilitado “como el resto de los políticos cuando comete un delito grave” y ha reprochado la “velocidad de crucero” con la que Podemos ha cambiado a su juicio de criterio para ahora “agarrarse al sillón”.

El informe de los letrados, señala que las conclusiones que se exponen se hacen sin perjuicio de que las mismas puedan verse afectadas por eventuales pronunciamientos posteriores del Tribunal Supremo o de la Junta Electoral Central.

Otros portavoces parlamentarios se han alegrado abiertamente de que el informe de los letrados permita a Alberto Rodríguez mantener su acta de diputado y desde su propia formación, la diputada Aina Vidal ha incidido en que están “muy contentos” y lucharán “para que no se quede ninguna duda de su inocencia”.

Gabriel Rufián (ERC) ha dado “todo su apoyo” a Rodríguez y ha recordado que el “a por ellos” que se decía contra los independentistas catalanes hace cuatro años, “era un a por todos”, mientras que la portavoz de JxCat, Miriam Nogueras, ha afirmado que “ojalá siempre se defiendan los derechos de todos los diputados”. En el mismo sentido se ha pronunciado Ferrán Bel (PDeCat) que ha recordado que “en menos de 24 horas” el exdiputado de su partido Francesc Homs, condenado a un año y un mes de inhabilitación por desobediencia grave al Constitucional en la consulta del 9N de 2014, fue expulsado del Congreso “sin plantearse ningún informe alternativo”.

También el líder de Compromis, Joan Baldoví, ha dicho que se alegraba “muchísimo” y ha incidido en que “habrá que ver” si algunos aspectos de la ley mordaza hace que “estos procesos de palabra contra palabra” permitan que pueda juzgarse a una persona por algo que no se produjo“.

Inés Sabanés, de Más País, también ha valorado el informe jurídico del Congreso porque “se respetan sus derechos como diputado” y ha señalado que su formación no va a consentir que el derecho de manifestación “esté condicionado por la ley mordaza”.

Rodríguez ha abonado ya la multa de 540 euros que le impuso el Tribunal Supremo tras ser condenado por dar una patada a un policía nacional durante una protesta en 2014 en La Laguna (Tenerife), una multa que sustituye una condena de 45 días de prisión. Sobre el diputado de Podemos ha recaído además una pena accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la pena, de 45 días.