El alcalde de El Rosario declara ante el juez por el 'caso Varadero'
La Fiscalía de la Provincia de Santa Cruz de Tenerife no estuvo presente este jueves en la declaración del alcalde de El Rosario, Macario Benítez, en el juzgado de instrucción número 3 de Santa Cruz de Tenerife en calidad de imputado por presunto delito de prevaricación y tráfico de influencias por la tramitación en 2002 y aprobación en 2004 del Plan Parcial de El Varadero, en una parcela protegida por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT).
Benítez es el primero de los integrantes del anterior grupo de gobierno en el Consistorio (PSC) que han sido citados a declarar por el juez instructor del caso, Juan Carlos González Ramos, en una investigación iniciada tras admitirse a trámite la querella interpuesta por Iniciativa por El Rosario-Verdes (IR-Verdes) a raíz de la denuncia formulada por la Fiscalía de la Audiencia Provincial.
Sin embargo, y pese a que el auto del juez sobre la admisión de la querella recoge que se pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal el “correspondiente parte de incoación ?de las diligencias previas-” y de las citaciones a declarar, la Fiscalía no ha asistido este jueves a la declaración de Benítez, según han confirmado fuentes próximas a la investigación.
Durante su comparecencia ante el juez, el alcalde se acogió al derecho a no contestar a las preguntas del abogado de IR-Verdes, que ejerce de acusación popular, y en sus respuestas ha alegado que no recuerda los principales detalles de la tramitación del expediente ?sobre el Plan Parcial de El Varadero-, precisaron las mismas fuentes.
Asimismo, indicaron que en sus respuestas Marcario Benítez reconoció que la ley de la moratoria turística ?fijada en la ley de Directrices de Ordenación del Turismo-suspendía la tramitación de planes parciales, y ha aducido que siguió los informes de la Oficina Jurídica Municipal, en los que depositó su confianza, al tiempo que indicó no le consta que hubiera informes negativos.
A su llegada al Juzgado, Macario Benítez se mostró muy “tranquilo”. “Vengo de paseo”, bromeó con los periodistas antes de su declaración, ya que se muestra convencido de que no ha habido delito por la tramitación.
El alcalde ha sido el primero de declarar ante el juez, que también ha citado para los próximos días al resto de concejales del anterior grupo de gobierno (PSC), también calidad de imputados por los mismos presuntos delitos.
Las declaraciones se retomarán previsiblemente a partir del 2 de marzo, ya que ha sido aplazada las comparecencias previstas para mañana de la primera teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Ana Lupe Mora, actualmente también consejera del PSC-PSOE en el Cabildo de Tenerife, y de la secretaria del Consistorio, Anita Alonso Martínez.
Entre el 3 y el 13 de marzo comparecerán el resto de concejales del anterior grupo de gobierno: Abel Acosta de Armas, Andrés Hernández García, Ana María Hernández García, Ana Hernández Márquez, Evelio Hernández Estévez, Eugenio Marrero Alfonso, Raquel Delgado Gorrín, Esteban Acosta Hernández, María Elba Delgado Martín, Laurentino Quintana Estebez y Juna Delgado Ramos, según recoge el auto judicial de admisión de la querella al que ha tenido acceso ACN Press.
Varios antecedentes jurídicos
El ya conocido como caso Varadero cuenta con varios antecedentes jurídicos y sucesivos avatares administrativos en el Consistorio y otras instancias como el Cabildo tinerfeño y el Gobierno canario derivados de la tramitación de un Plan Parcial para urbanizar un terreno de 200.000 metros cuadrados, declarado como protegido en el PIOT.
Sobre estos trámites existen tres sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), dos de ellas que anulan los recursos presentados en 2002 por el Ayuntamiento y el promotor contra el PIOT, que registraba el nivel de protección ambiental para esta zona.
La otra sentencia del TSJC estima el recurso presentado por IR-Verdes en 2004 y anula la aprobación por silencio administrativo positivo del Plan Parcial por parte del Consistorio. El fallo judicial remarca la protección territorial del PIOT para esta zona y la prevalencia del ordenamiento insular.
Con la investigación judicial se pretende esclarecer si podría existir delito en la resistencia mostrada a admitir y cumplir la normativa que se interponía en la tramitación del Plan parcial y que impedía la urbanización de esta parcela, cuyo valor hipotecario en 2005 ascendía a 12 millones de euros, y habría generado el triple de plusvalías una vez edificada.
Actualmente también se tramita por vía contenciosa otro recurso de IR-Verdes al Plan General de Ordenación (PGO) de El Rosario, publicado el 30 de noviembre de 2007, para que se anule definitivamente el Plan Parcial de El Varadero ?tal y como mandata la sentencia del TSJC- y que todavía figura como suspendido en el PGO.
