Ángel Víctor Torres niega la rama canaria del caso Koldo: “Pagamos a 2,5 euros la mascarilla cuando otros la pagaban a 6”

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, el socialista Ángel Víctor Torres, ha negado este lunes en el Congreso la existencia de una rama canaria del caso Koldo. “Jamás ordené que se contratara a una empresa y jamás se me requirió para que ordenara la contratación de ninguna empresa por parte de una persona ligada al Ministerio de Transportes”, ha defendido el expresidente del Gobierno de Canarias durante su comparecencia en la comisión que investiga la adquisición de material sanitario durante la pandemia de Covid. 

El Ejecutivo presidido por Torres adjudicó cuatro contratos de emergencia por un importe superior a los 12 millones de euros a Soluciones de Gestión SL, la empresa vinculada con Koldo García, quien fuera asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes. El expresidente canario ha señalado que el material contratado llegó a los hospitales de las Islas y se pagó “más barato” que en otras regiones. “Pagamos cada mascarilla a 2,5 euros frente a otras comunidades que pagaron 6 u 8”, dijo en referencia a Madrid y Extremadura, aunque sin nombrarlas. 

Tal y como explicó unas horas antes en esa misma comisión Antonio Olivera, actual jefe de gabinete de Torres y director del Servicio Canario de Salud (SCS) durante los primeros meses de la pandemia, el primer contrato con Soluciones de Gestión se suscribió en abril de 2020 para la adquisición de 2,75 millones de mascarillas FFP2 por un importe de 6,87 millones. Sin embargo, el servicio de prevención del Hospital Universitario de Canarias (HUC) detectó que se habían entregado 837.300 mascarillas de inferior calidad a la contratada. Para corroborarlo, se enviaron muestras al Centro Nacional de Medios de Protección, que confirmó que se trataban de FFP1 y no FFP2 y que, por lo tanto, la capacidad de filtrado de aire era inferior. 

Torres ha explicado que, después de comprobar este extremo, el Gobierno de Canarias pagó a la empresa ligada al caso Koldo “un 66% menos” por mascarilla. De los 2,5 a los 0,89 euros. “Si hay una trama, no haces eso”, ha señalado el expresidente canario, que considera que este expediente demuestra que “los procedimientos de control” funcionaban. “Se terminaron entregando 5,3 millones de mascarillas y las que eran FFP1 se pagaron como FFP1. Fueron claves para los hospitales y la sociedad civil” en los momentos más duros de la pandemia, dijo. 

“Mi encomienda fue preservar vidas y salvarlas”, aseveró el ministro, que defendió en su exposición inicial que Canarias fue la comunidad que tuvo “la mejor gestión” de la pandemia pese a las vicisitudes que atravesó el Archipiélago, como la detección del primer caso (en La Gomera), el primer confinamiento colectivo (en un hotel del sur de Tenerife) o la paralización de la actividad turística y su grave repercusión en la economía de las Islas, al suponer un 40% de su Producto Interior Bruto. 

Torres ha defendido que su principal prioridad fue la “población vulnerable” y recordó que se cribó en dos ocasiones todas las residencias de Canarias, además de inspeccionarse periódicamente por la Policía Autonómica. El dirigente socialista apuntó que en las Islas la tasa de mortalidad fue de 107 personas por cada 100.000 habitantes, mientras que la media estatal fue de 256 y la de Madrid, de 316. 

La relación con Koldo García

A preguntas de Elías Bendodo (PP), Torres dijo conocer a Koldo García por su condición de asesor de José Luis Ábalos y que el vínculo era estrictamente institucional. “Era asesor del Ministerio de Transportes. Ahora hay alcaldes del PP que llaman a mi asesor. ¿Dónde está la anomalía?”, preguntó el expresidente canario ante la insistencia del diputado popular, que no se dio por satisfecho cuando Torres le explicó que el contacto con el Gobierno regional lo entabló un representante de Soluciones de Gestión, Iñigo Rotaeche, a través de una llamada a Antonio Olivera. 

Durante la sesión de este lunes, Bendodo llegó incluso a pedir a Torres que enseñara al presidente de la comisión su teléfono móvil para ver si tenía el contacto o se había mensajeado con uno de los miembros de la trama. “Esto no es un ejercicio circense”, le respondió el presidente Alejandro Soler (PSOE). “No tengo conocimiento de quién es esa persona ni de haber tenido una reunión con ella. No encontrará en mi teléfono que yo haya ordenado contratar a una empresa”, sostuvo Torres.   

El expresidente canario insistió durante su comparecencia que todo lo vinculado con la contratación de empresas estaba en manos de los servicios técnicos y que su preocupación era garantizar que hubiera material de protección para la población en un momento de desabastecimiento. “Se tiró de todas las empresas” que pudieran ofrecer esas mascarillas sin importar que no tuvieran experiencia en el sector sanitario, explicó Torres. “El material era insuficiente. Los proveedores habituales o tenían dificultades de stock o de trasladarlo de China a Canarias”. 

Según Torres, durante esta época fueron muchos los que se ofrecieron “para ayudar”. “No se podía contratar de manera ordinaria. Si se hubiera hecho así, muchas personas se hubieran quedado por el camino”, ha afirmado Torres. 

“El contacto me llegó a mí”

En la sesión de este lunes también ha comparecido Antonio Olivera, que en la actualidad es jefe de gabinete del ministro Torres y que durante los primeros meses de la pandemia ocupó de manera interina la dirección del Servicio Canario de Salud (SCS). “El contacto me llegó a mí”, admitió en relación con el primer contrato suscrito por la administración autonómica con Soluciones de Gestión SL.

Olivera explicó que el 21 de abril recibió una llamada de Iñigo Rotaeche, representante de esta mercantil. En esta conversación, el empresario le informó de que iba a suministrar mascarillas a Puertos del Estado, en concreto al Puerto de La Luz y de Las Palmas, y de que tenía capacidad para surtir también al SCS. El entonces alto cargo del Gobierno canario, según ha relatado ante el Congreso, le pidió que especificara la propuesta económica y las características del material sanitario en un correo electrónico que después remitió a la Dirección General de Recursos Económicos del organismo autónomo. 

“El precio era muy razonable y la capacidad de entrega casi inmediata. Era inmejorable, un sueño”, ha defendido Olivera, que ha precisado que el contrato se firmó el 22 de abril y el material llegó los días 23, 25 y 28 de ese mes. Días después, el 4 de mayo, se hizo un segundo pedido. “No se adelantó ningún euro”, ha insistido Olivera a lo largo de su declaración. 

“De los 5,3 millones de mascarillas que (Soluciones de Gestión) entregó, 4,4 eran FFP2. Y 837.300 eran FFP1 que se pagaron a su precio, a 0,89 euros”, ha señalado Olivera, que también ha remarcado que se fue pagando a la proveedora a medida que se iba certificando la calidad del material y que este modo de pago provocó incluso el enfado de la empresa, que lo llegó a expresarlo en una carta enviada a la administración autonómica el 23 de julio de 2020. 

Olivera ha calificado el expediente de contratación con Soluciones de Gestión de “ejemplar” . “Es impecable y prueba de ello es que se llegó a certificar con fondos europeos”, ha aseverado el exdirector del SCS, quien a lo largo de su exposición ha abundado en la importancia de recordar el contexto en el que se produjeron los hechos que se están investigando, con una alta demanda de material sanitario y escasa oferta, con un proveedor único (China) y una fuerte pugna internacional. 

Frente a las acusaciones del diputado del PP Pedro Muñoz Abrines, Olivera ha defendido que no era necesario acreditar la solvencia técnica y profesional de las empresas en esos procedimientos de contratación de emergencia y que tampoco se requería que estuviesen vinculadas al sector sanitario. Lo que primaba era la capacidad de contacto con China, tanto para adquirir material como para transportarlo, porque el objetivo, ha insistido, era “salvar vidas”. 

El contrato con RR7 

En 2020 el SCS suscribió 1.390 contratos de emergencias por importe de 124 millones, ha precisado. Entre ellos, el firmado en mayo de 2020 con la empresa RR7 United, dedicada al sector de la importación de vehículos, para la adquisición de un millón de mascarillas FFP3 por un importe total de cuatro millones de euros (a cuatro euros la unidad). Un material que nunca llegó a los hospitales canarios. La única partida que aterrizó en las Islas, procedente de Etiopía, fue destruida en Aduanas al comprobarse que era falsa. El Gobierno de Canarias acabó resolviendo el contrato, pero no ha podido recuperar ese dinero. Estos hechos están siendo ahora investigados por la Fiscalía Europea después de que la Fiscalía Anticorrupción apreciara indicios de varios delitos en la actuación de los empresarios y de dos exaltos cargos del Gobierno de Canarias: Ana María Pérez (exdirectora de Recursos Económicos del SCS) y Conrado Domínguez (exdirector del SCS). 

Tanto Ángel Víctor Torres como Antonio Olivera han asegurado que no conocían las peculiaridades de los contratos que se suscribían y que se enteraron de la adjudicación a RR7 por la prensa. El exdirector del SCS ha defendido que, hasta la fecha, “nadie ha apreciado responsabilidad contable ni administrativa”. El problema, ha agregado, “se generó al adelantar el 100% del dinero sin haber recibido el material”, aunque se hizo porque “el único fabricante” (China) así lo pedía. 

En cualquier caso, el actual jefe de gabinete del ministro Torres ha atribuido toda la responsabilidad de ese contrato a las personas que están siendo investigadas por la Fiscalía Europea. “Si alguien se ha lucrado, que lo pague”, ha concluido Olivera, que ha dicho estar “muy orgulloso” del trabajo realizado por el Gobierno de Canarias para hacer frente a la pandemia, en especial por “haber protegido a la población más vulnerable”, en referencia a los usuarios de residencias, y haber mantenido al Archipiélago con los índices más bajos de mortalidad y morbilidad en la pandemia.