Antonio Morales insta a la Fiscalía a actuar de oficio contra el periódico 'El Día'
Antonio Morales, alcalde de Aguimes, ha asegurado que la Fiscalía está obligada a intervenir de oficio ante los editoriales de esta semana del periódico El Día, y que también el Parlamento canario debería actuar. Entiende el político grancanario que son constitutivos de delitos graves, puesto que por un lado llama a subvertir el orden democrático y por otro justifica el alzamiento militar de 1936 y “celebra la Guerra Civil y las miles de muertes y desapariciones que se produjeron” tras la constitución del régimen franquista.
En declaraciones al programa La Trapera de Radio San Borondón, Antonio Morales señaló que la llamada al golpismo del editor del periódico tinefeño, José Rodríguez Ramírez, debe ser castigada de forma contundente y ejemplarizante porque ese tipo de manifestaciones desgraciadamente tienen caldo de cultivo en determinados sectores de la sociedad.
Al alcalde de Agüimes le parece increíble que la Fiscalía actúe de oficio de inmediato cuando se pilla a José Carlos Mauricio conduciendo sin carnet y ante unas manifestaciones lamentables como las vertidas en los editoriales de El Día permanezca “en silencio e impasible”.
Dos delitos tipificados en el Código Penal
El abogado José Manuel Rivero, integrante del colectivo Justicia y Sociedad, recordó también en los micrófonos de Radio San Borondón que instar a la insurrección de los militares contra el sistema democrático está tipificado como delito en el artículo 477 del Código Penal, que establece que “la provocación, la conspiración y la proposición para cometer rebelión serán castigadas además de con la inhabilitación prevista en los artículos anteriores con la pena de prisión”.
José Manuel Rivero considera que el periódico El Día ha hecho apología del golpismo, ya que el editor del diario está invitando expresamente a los militares a que subviertan el orden constitucional.
El abogado advierte que con estos editoriales, José Rodríguez está pidiendo a la cúpula militar que dé un golpe de Estado como el perpetrado por Franco que tire por tierra el orden democrático actual, legal y legítimamente constituido.
Insiste en que la proposición de insurrección militar es un delito perseguible de oficio y que indudablemente tendrá que ser denunciado si antes no es incoado por la Fiscalía “como es su obligación” abriendo diligencias de investigación y de denuncia para que estos hechos “no sigan quedando impunes”.
Además, el artículo 607, apartado dos, del Código Penal dice que “la difusión por cualquier medio de ideas o doctrinas que justifiquen los delitos tipificados en el artículo anterior [que hacen referencia al genocidio] o pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos se castigarán con la pena de prisión de uno a dos años”. Ahí encajarían según José Manuel Rivero las justificaciones que El Día hace de la sublevación militar de 1936, “justificando por tanto el derrocamiento del orden constitucional y que como consecuencia del mismo se produjera el genocidio por todos conocido”.
