Asamblea por Tenerife protesta ante el Ayuntamiento de Santa Cruz
El colectivo Asamblea por Tenerife se reunirá el 16 de diciembre para convocar movilizaciones en contra de la corrupción urbanística, y exigió una investigación “independiente, rigurosa y sin cortapisas” que permita depurar responsabilidades tras el auto del juez Baltasar Garzón.
Así lo manifestó este sábado José Pérez, representante de este colectivo, que convocó un acto público con motivo del Día internacional contra la corrupción, para lo que se desplegó una pancarta ante la sede del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife en la que expresaba el rechazo a la corrupción urbanística.
Además la Coordinadora de Pueblos y Barrios, integrada en el citado colectivo, reclamó de nuevo la dimisión del alcalde de Santa Cruz, Miguel Zerolo, y la destitución del presidente de la Autoridad Portuaria de dicha provincia, Luis Suárez Trenor, pues considera “grave” que sigan ocupando sus cargos mientras hay una investigación judicial en marcha.
Al respecto José Pérez dijo a los periodistas que “no es positivo ni bueno” que Zerolo y Suárez Trenor sigan desempeñando sus responsabilidades porque, en su opinión, pueden interferir en la investigación y además deberán facilitar a la justicia los datos o expedientes que se soliciten, y colaborar con los órganos judiciales “no es compatible” si continúan en sus respectivas instituciones.
José Pérez opinó también que hay “sospechas” sobre la tramitación del proyecto de puerto en Granadilla de Abona por parte de la misma Autoridad Portuaria a la que se han detectado indicios de cohecho en la adjudicación de un puerto deportivo en San Andrés, por lo que apuntó que sería necesario investigar este asunto.
El representante del colectivo vecinal criticó además “la ceremonia de la confusión” que en su opinión se ha creado al intentar “manipular” la información judicial para “intentar negar” que los dos dirigentes citados de Coalición Canaria (CC) “han sido imputados judicialmente”.
Por ello sostuvo también que es “peligrosísimo” que se estén imputando a la justicia “conductas delictivas”, y opinó que CC debería “tener cuidado si sigue en esa línea”, porque está atribuyendo a la administración judicial un presunto “delito de prevaricación”.
Exigió además que haya “transparencia” en las cuentas de todos los partidos políticos y en particular, de CC, pues apuntó que si hubiera ilegalidades en este ámbito se podrían cuestionar los resultados electorales.
