El Ayuntamiento de Santa Brígida, sin explicaciones por lo sucedido con el centro comercial
Más de medio año después de paralizarse las obras del denominado Proyecto de Parque Urbano Jardín Botánico -una de las partes del polémico centro comercial de la Villa de Santa Brígida cuyas obras también fueron detenidas- el Ayuntamiento satauteño sigue sin incoar el expediente que la ley ordena para estos casos, al menos según el parecer de Carmelo Ramírez Vega, la persona que denunció que las obras habían arrancado sin que ni siquiera existiera un proyecto.
Ramírez argumenta que se ha producido una “infracción urbanística” al haberse producido un movimiento de tierras, por parte de la UTE Santa Brígida, junto al colegio Juan del Río de Ayala sin que el Pleno de la Corporación local aprobara y autorizara el proyecto de la obra, así como que tampoco se presentó solicitud de licencia municipal para llevar a cabo los trabajos.
Además, Ramírez Vega recuerda, en su primer escrito presentado a este respecto, que esta infracción urbanística es citada en un informe de octubre de 2006 por el propio arquitecto municipal José María Lupiola, por lo que el denunciante solicita que se abra un expediente según lo estipulado en el artículo 177.2 del Decreto Legislativo 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y que dice: “La apreciación de la presunta comisión de una infracción a este texto refundido dará lugar siempre a la incoación, instrucción y resolución del correspondiente procedimiento sancionador, sean o no legalizables las obras, actos, actividades o usos objetos de éste”.
Igualmente apunta que la edificación realizada por la UTE Santa Brígida “presuntamente se ha construido fuera de alineación, produciendo un desplazamiento con el eje de la calle Blas Marrero”, y cita de forma literal un acuerdo del Ayuntamiento de Santa Brígida de 7 de junio de 2003 por el que se autorizan las obras pero quedando el acuerdo condicionado, entre otros requisitos, “al pago de los tributos (?)”, circunstancia ésta que se convirtió luego en condonación y que terminó en los tribunales de justicia y que parece incumplir dicha resolución, que también recogía un plazo de ejecución máximo de 20 meses, establecido en noviembre de 2002 dentro del contrato de adjudicación.
A día de hoy asegura Ramírez Vega que no ha recibido respuesta a ninguna de sus solicitudes, únicamente una desestimatoria “al no acreditar la condición legal de interesado legítimo directo”, según documento firmado por la secretaria municipal Katiuska Hernández Alemán. Esa negativa atendía a la petición de Ramírez Vega de conocer las declaraciones anuales de bienes y actividades de las legislaturas (o de la finalización de mandatos) 1999-2003 y 2003-2007 de distintos concejales de los grupos de gobierno municipales.
