El Ayuntamiento suspende la licencia de obra de las Torres del Canódromo
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria anunció este martes la suspensión de la licencia de la obra de las dos Torres del Canódromo, concedida en el 2006, y la posterior prórroga, de noviembre de 2008, a raíz del auto judicial del 3 de julio que ordenaba la paralización cautelar de los trabajos tras la denuncia de los vecinos “por no haber cumplido con el objetivo de información pública obligatoria”.
Así lo informó este martes el alcalde en funciones y concejal de Ordenación Territorial, Néstor Hernández, en una rueda de prensa en la que también ha recordado que esta licencia se otorgó por “cabezonería” del partido gobernante de entonces, el PP, y “a pesar de que todos los grupos políticos de la oposición estaban en contra”.
“No quisieron escucharnos y ahora nos toca enfrentarnos a un 'sinvivir' de sentencias urbanísticas pendientes de pago”, señaló Hernández. Asimismo, Hernández informó de que “todas las partes implicadas están siendo hoy informadas, incluida la inmobiliaria Realia”, a la que le fue concedida la prórroga de la licencia de construcción.
De este modo, el concejal confirmó que pese a que el Ayuntamiento presentó este lunes un recurso de apelación, “se tendrá que acatar la suspensión de la licencia”, pues éste no afecta a la obligatoriedad del auto. En esta línea, el edil manifestó que “ahora lo importante es que el Tribunal Superior resuelva ya en un sentido u otro el problema del Canódromo”.
El Ayuntamiento capitalino comunicó este mismo martes a las partes interesadas la suspensión de la licencia urbanística y de la prórroga de ésta para la edificación de dos torres de viviendas en la parcela del Canódromo. Esta decisión cumple el auto judicial de fecha 3 de julio. Asimismo, los Servicios Jurídicos municipales han recurrido en apelación el auto en previsión de que se puedan derivar responsabilidades patrimoniales.
El informe jurídico de la institución local certifica la “oportunidad y la obligación legal” de acatar el auto del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 4 de la capital grancanaria y el recurso en apelación del mismo. “Deseamos que el Tribunal Supremo resuelva ya en un sentido u otro. El Partido Socialista y Compromiso nos opusimos a la concesión de esta licencia y ahora nos ha tocado administrar los efectos de las decisiones de otros”, reiteró el edil.
El concejal aprovechó para resaltar que se trata “de un asunto sensible” que afectará a los intereses vecinales, quienes han encabezado las denuncias por “la escasez de transparencia” en la tramitación de la licencia y señaló que las partes interesadas podrían también recurrir el auto, al igual que ya ha realizado el Consistorio.
Ante la cuestión planteada al concejal de si la inmobiliaria Realia interpondría un demanda a la administración, Hernández reconoció que prevé reclamaciones por parte de la misma.
De este modo, afirmó que por “mucha óptica positiva que se le quiera dar, en un contexto de crisis económica, si la sentencia del tribunal falla a una de las líneas donde el Ayuntamiento tuviera que pagar responsabilidad patrimonial o cualquiera de las salidas posibles, significará una situación muy compleja para esta casa y, consecuentemente, para todos los ciudadanos”.
Multa de 400 euros
Por otro lado, Hernández declaró que hace menos de un mes le llegó una notificación a un funcionario del Área de Ordenación Territorial del Ayuntamiento en la que se le comunicaba que si no ejecutaba el pago correspondiente a una sentencia de urbanismo en un plazo de 15 días, se le impondría una multa de 400 euros cada quince días. El edil no concretó a qué sentencia de urbanismo hacía referencia.
Así, insistió en el “tremendo error” del PP al aprobar la licencia de la construcción de dos torres “de 14 plantas, 120 viviendas, 165 plazas de aparcamiento y 101 trasteros” en el Canódromo, así como acusó a los ediles populares de “irresponsabilidad” y “mala gestión”.
