Tres de cada cuatro ayuntamientos canarios incumplen la ley de planeamiento
El consejero de Obras Públicas, Transportes y Política Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, explicó este lunes ante el Parlamento autonómico que sólo 22 municipios de los 88 existentes en el archipiélago tienen su planeamiento adaptado a las disposiciones legales vigentes. Así, tres de cada cuatro ayuntamientos de las Islas no están cumpliendo lo dispuesto en la Ley de Directrices o en la Ley de Ordenación del Territorio.
Berriel compareció ante la Cámara a petición del diputado socialista Emilio Mayoral para explicar el proceso de adaptación a la normativa de los municipios. Entre los municipios que no están adaptados, 57 cuentan con planes adaptados a la Ley de Ordenación, no así a las Directrices. No obstante esta cifra deja que el 35 por ciento de los municipios se rigen por planeamiento anterior y no adaptado a ninguna de las leyes que regulan este aspecto.
Mayoral ya destacó en su intervención que al menos 22 ayuntamientos ya cuentan con un Plan General de Ordenación (PGO) adaptado a la legalidad. En ese sentido, el consejero explicó que otros ocho están en fase de aprobación inicial y que esperan que en los próximos meses se sumen a este grupo.
El consejero adelantó también que el Gobierno de Canarias terminará antes de final de año la redacción de los cinco PGO supletorios que está elaborando gracias a los convenios suscritos en aplicación de la Ley 6/2009, de Medidas Urgentes, mediante los cuales el Ejecutivo se hace cargo de los planes en los ayuntamientos que no puedan.
Berriel reconoce la dificultad de realizar un cálculo exacto de los plazos de tramitación de los planes, “puesto que corresponde a los ayuntamientos el impulso, promoción y definición de los mismos”. En esa línea, señaló que “es la tramitación en sede municipal donde se constatan los mayores retrasos que, en muchos casos, desvirtúan la legalidad de los mismos”.
Ante el revuelo que habían causado sus palabras en sede parlamentaria, aclaró después que no quería “que nadie saque como conclusión que son los ayuntamientos los responsables del retraso en los planes generales”. El consejero recordó que las competencias del Gobierno se circunscriben al control de la legalidad y del cumplimiento de las estrategias y programas supramunicipales y suprainsulares.
En cuanto al futuro, el consejero insistió en la necesidad de simplificar y dar seguridad jurídica, flexibilidad y eficacia a la normativa existente, para lograr que se agilicen los trámites, sobre todo en sede municipal.
Además, remarcó que se continuará con el esfuerzo realizado en la pasada legislatura para normalizar criterios y coordinar y apoyar a ayuntamientos y cabildos en la elaboración de sus planes.
Berriel recordó ante el Parlamento que se han invertido más de 30 millones de euros en la financiación del planeamiento urbanístico, el desarrollo del sistema de información territorial del planeamiento de Canarias o la mejora de la capacidad de gestión técnica y administrativa de las Oficinas Técnicas Municipales, entre otros aspectos.
