El Cabildo de Gran Canaria construirá 300 viviendas de protección oficial para alquiler en el barrio de La Feria

El Consorcio de Viviendas de Gran Canaria ha autorizado un gasto plurianual de 46,7 millones de euros para construir 300 viviendas de protección oficial en régimen de alquiler en el barrio de La Feria, en la capital de la isla.

Las viviendas estarán disponibles en régimen de alquiler, con un precio que oscilará entre unos 300 y 400 euros mensuales, según ha informado la corporación insular.

La obra se llevará a cabo en una parcela adyacente al recinto de la Feria del Atlántico, Infecar, cercana al Parque Juan Pablo II, entre los barrios de El Atlántico y Siete Palmas.

Se trata de una parcela de unos 8.000 metros cuadrados de superficie que posibilita la construcción de 300 viviendas, de las que aproximadamente un 10% serán viviendas colaborativas para personas que quieran vivir en comunidad, aportando soluciones a la coyuntura actual, tanto a nivel social como de salud, económico y ambiental, asegura el Cabildo.

Esta decisión ha sido tomada en la sesión constitutiva del Consejo de Dirección del Consorcio de Viviendas de Gran Canaria y para el desarrollo de este proyecto, este organismo ha solicitado el asesoramiento de instituciones públicas y privadas y ha promovido un proceso de participación ciudadana en la zona.

Además, organizará un concurso de proyectos de arquitectura, con el apoyo del Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria, “para estudiar la mejor y más eficaz manera de desarrollar el conjunto de viviendas”, subraya el consejero.

Las obras tienen el objetivo de “ampliar el parque de viviendas insular, ayudando a regular el mercado y atender a la alta demanda de viviendas que existe en Gran Canaria”, señala el vicepresidente del Cabildo y responsable del área, Augusto Hidalgo (PSOE).

De escuela unitarias a viviendas de tránsito

Por otra parte, también se ha dado la aprobación inicial de las modificaciones de crédito de 300.000 euros a ocho proyectos del Consorcio de Viviendas en colaboración con cinco ayuntamientos consorciados que contaban con disponibilidad de los inmuebles de antiguas escuelas unitarias, que suelen ser edificios de dos plantas donde la planta baja se dedicaba al aulario y en la planta alta se encontraba la vivienda del maestro, hoy día en desuso. La idea es convertirlas en viviendas de tránsito capaces de solventar emergencias habitacionales que puedan darse entre la población de los municipios.