Canarias pide más peso de la insularidad y atención a la pobreza en el reparto de la financiación autonómica

La Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias ha pedido al Gobierno de España que en el reparto de los fondos para atender los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad y servicios sociales) tenga un mayor peso la insularidad y la necesidad de atender la pobreza.

Este lunes, la Consejería ha remitido al Ministerio de Hacienda y Función Pública un documento técnico con las alegaciones y propuestas presentadas a su informe del pasado 3 de diciembre sobre el cálculo de población ajustada, es decir, el parámetro utilizado para medir las necesidades de gasto de las comunidades autónomas, uno de los elementos del sistema de financiación pendiente de reforma. Además, el Ejecutivo recuerda al Gobierno central que los recursos tributarios del REF no forman parte de ese sistema.

El documento remitido por el Gobierno de Canarias complementa algunas de las consideraciones ya remitidas con anterioridad al propio Ministerio, el 21 de mayo y el 22 de septiembre de 2021. Y se ha elaborado en virtud de un convenio de colaboración entre la Consejería y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la participación, por parte de Hacienda, de Lucrecia Apolinario Hidalgo y María Teresa Gil Doreste, y del centro académico superior, de Arturo Melián González.

La propuesta canaria argumenta que la pobreza se traduce en una mayor necesidad de gasto, en relación con los servicios públicos fundamentales. Por ello, el Gobierno regional considera que se debe trasladar correctamente esta circunstancia a la fórmula de población ajustada porque las comunidades autónomas con menor nivel de renta tienen una mayor presión en los servicios públicos.

En el caso de la sanidad, el Gobierno de Canarias señala que “existen evidencias claras del impacto negativo que tiene una mayor pobreza en el estado de la salud de la población, y, por lo tanto, en unas mayores necesidades de gasto en materia de servicios sanitarios, hecho que es preciso que se considere para contar con una fórmula de medición de necesidades de gasto justa y equilibrada que permita que las CCAA afectadas por este hecho puedan ofrecer unos servicios a su población en igualdad de condiciones”.

Esta necesidad de precisión es más importante aún ante un escenario en el que se plantea incrementar la ponderación del gasto sanitario en la fórmula de la población ajustada, según refleja el documento. Sobre este mismo bloque competencial, Canarias también echa en falta un análisis del impacto del turismo en los costes sanitarios, a pesar de haberlo solicitado en julio.

La Consejería se pronuncia en similares términos en relación con el gasto educativo, si bien en este caso también reprocha al Gobierno central que no haya considerado aquí que los peores niveles de renta conllevan unas necesidades de gasto mayores y que los territorios con menos renta son los que tienen peores resultados académicos y más necesidades de programas especiales de apoyo.

En el caso de los servicios sociales, Canarias considera fundamental añadir un indicador destinado a medir la pobreza y que sirva para calcular las necesidades de gasto relacionadas con la exclusión y la vulnerabilidad.

El documento rechaza la propuesta del Ministerio de realizar los cálculos sobre el número de parados sin prestación por desempleo, al considerar que la casuística de la exclusión es más diversa y propone el uso de la tasa AROPE, “un indicador multidimensional más aceptado, que permite su cuantificación sin dejar de lado la componente del desempleo”, aunque considerando también la privación material severa y el riesgo de pobreza.

“Esta tasa, al proceder de fuentes oficiales (Eurostat e INE), tiene garantizada su continuidad, periodicidad anual, y su perfeccionamiento, a la vez que permite la homogeneidad y la comparabilidad entre comunidades autónomas y países de la UE”, señala.

El informe del Gobierno de Canarias se detiene también en el análisis de las variables geográficas y demográficas propuestas por el Ministerio y comparte el criterio de la estrecha relación entre las variables despoblación, superficie y dispersión y, en particular, dice que la despoblación debe ser abordada por instrumentos de desarrollo regional, no con la financiación autonómica.

Precisamente por ello, los expertos canarios no entienden que se le otorgue a la despoblación peso específico en la propuesta enviada desde Madrid porque no supone mayores gastos en servicios. En este sentido, no encuentran ninguna justificación para añadir una variable distinta a la de “superficie”, dado que este indicador ya mide la densidad de población, y dispersión.

Insularidad

En relación con la insularidad, se hace constar que ni su ponderación ni la porción que corresponde a Canarias pueden sufrir una disminución con la reforma, dado que está claramente “infrarrepresentada” en el documento remitido desde el Gobierno central. De ahí que se reclame que la participación de Canarias en la población ajustada a través de la insularidad se incremente, dado que la contribución de esta variable es significativamente inferior a los costes de los servicios públicos prestados por la Comunidad Autónoma.

La insularidad, se subraya en el informe remitido al Ministerio, es el único instrumento para considerar la lejanía de 1.300 kilómetros respecto a la Península y la doble insularidad que padecen las islas no capitalinas. A esto se añaden dificultades como el relieve, la orografía y la superficie reducida. “La evidencia de las dificultades que suponen estas desventajas ha llevado a que Canarias sea considerada en el Tratado de Funcionamiento de la UE como región ultraperiférica (RUP), con una aplicación especial del derecho comunitario”, a la vez que acentúa el factor de su insularidad.

En este apartado, el documento critica que el Ministerio haya mencionado explícitamente aspectos relativos a la financiación de Canarias al hablar de insularidad, cuando no se menciona a ninguna otra comunidad autónoma en todo el informe -centrado exclusivamente en la población ajustada- y recuerda que la integración de los recursos del REF no tiene nada que ver con la importancia relativa que deba otorgarse a la insularidad en la población ajustada, sino que se justifican por las especiales y graves dificultades de carácter estructural, asociadas a la condición de RUP. 

El Ejecutivo canario recuerda al Ministerio que el artículo 166.3 del Estatuto de Autonomía señala que “los recursos del Régimen Económico y Fiscal son adicionales a los contemplados en la política y normativa vigente en cada momento para la financiación de la Comunidad Autónoma de Canarias y de sus Entidades Locales”. Además, el REF tiene como finalidad promover el desarrollo económico y social de Canarias, “objetivo cuya vigencia continúa presente”, conforme al artículo 1 de la Ley 19/1994, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y a la exposición de motivos de al Ley 20/1991 de modificación de los aspectos fiscales.