Canarias pide al TSJC que aclare su fallo sobre el concurso eólico de 2007
El Gobierno canario ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias que aclare una cuestión de la sentencia por la cual ha anulado la resolución de 2007 por la que se adjudicaron los nuevos parques eólicos de las islas, ha dicho este viernes la consejera Francisca Luengo.
En comparecencia parlamentaria, la consejera de Empleo, Industria y Comercio, Francisca Luengo, explicó que se ha pedido al tribunal que explique hasta qué punto debe retrotraerse el expediente y si debe evaluar a quienes recurrieron en Lanzarote o en todas las islas, e insistió en que el concurso eólico no está paralizado.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias da seguridad jurídica, afirmó la consejera, quien recordó que lo anulado es la resolución, porque los proyectos se valoraron con unos criterios erróneos que derivaron en resultados contrarios a la convocatoria.
La diputada del grupo Popular Águeda Montelongo preguntó a la consejera si el Gobierno canario acatará la sentencia o si presentará un recurso ante el Tribunal Supremo, y la instó a que se cumpla, a la vez que criticó el dinero que se gastará en indemnizaciones.
La consejera replicó que las indemnizaciones serán de menor cuantía que las del concurso “del PP” de 2004 y 2005, pues señaló que en el caso del concurso de 2007 hay mucha expectativa de gasto, pero no inversión realizada.
Francisca Luengo insistió en que el Gobierno de Canarias solo pondera el interés general, que pasa, agregó por apostar por las energías renovables, y en cuanto a si se recurre ante el Tribunal Supremo comentó que la decisión dependerá del informe de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma.
La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias se basa en un informe pericial técnico y se ha pedido una aclaración, dijo la consejera.
El diputado del grupo Mixto Fabián Martín, del PIL, pidió que se reflexione acerca de si la sentencia lleva a modificar los planteamientos y consideró que el informe en el que se basa puede ser cuestionable.
La consejera reiteró que el Gobierno regional no se precipitará para tomar una decisión acerca de si recurre la sentencia, que estudiará con “objetividad”.
