Canarias ultima un decreto que permitirá a 7.400 familias adquirir su vivienda de protección oficial

La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ultima un decreto que permitirá a más de 7.400 familias de las islas adjudicatarias de una vivienda de protección oficial acceder a la propiedad de la misma, que ahora mismo es de titularidad pública.

Este decreto, explica la Consejería, afectará a todas las viviendas calificadas como de protección oficial antes de 1996.

La futura norma, que se está tramitando por el departamento dirigido por Sebastián Franquis, es “totalmente compatible” con el Proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda que se está tramitando actualmente en el Congreso y, por tanto, insiste el Gobierno canario, no impide la adquisición de las viviendas que han cumplido ya los 30 años calificadas como de protección oficial, tal y como se ha indicado desde Coalición Canaria. “Este Gobierno, tal y como se comprometió a través del Pacto por la Vivienda Digna y en el Plan de Vivienda 2020-2025, posibilitará el acceso a la propiedad de unas viviendas que se encontraban en una situación de incertidumbre, una situación que, precisamente Coalición Canaria, no fue capaz de resolver cuando tenía capacidad para hacerlo y se había comprometido a ello”, aseguró Sebastián Franquis.

La Consejería está tramitando el citado decreto, que además ya está en fase de exposición pública, y que tiene como objetivo principal posibilitar el acceso a la propiedad de las viviendas en régimen de alquiler por parte de las personas adjudicatarias de viviendas que fueron declaradas como protegidas antes del año 1996 y desmiente que el proyecto de Ley estatal vaya a imposibilitar la transmisión de este tipo de hogares a sus adjudicatarios.

Este procedimiento para la transmisión de las viviendas, que está previsto en la Ley de Vivienda de Canarias, se incluyó tanto en el Plan de Vivienda de Canarias 2020-2025 como en el Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias, por lo que es un compromiso del Gobierno de Canarias en materia de vivienda que se va a materializar en esta Legislatura.

Al procedimiento de adquisición de las viviendas sociales que se prevé en el Decreto, una vez entre en vigor, podrían acogerse 7.435 familias de toda Canarias que ya han abonado al menos la mitad del precio de la vivienda que correspondería por sus casas a través de los alquileres que han ido abonando en estos años, y que fueron calificadas como protegidas antes de 1996.