El Canódromo no trota, sino galopa
La situación derivada de la actuación que permitió el acuerdo plenario de 2003 en el que se aprobó el Plan Especial del Canódromo va camino de convertirse en una pesadilla para Las Palmas de Gran Canaria y, también, para el Partido Popular. Esta semana ha dejado su paso sereno, el caso del Canódromo, para comenzar a galopar en busca de responsables.
Después de que CANARIAS AHORA publicara esta semana una resolución, emitida por Ordenación Territorial, que obvió, en favor de la tranquilidad del PP municipal, la ex portavoz del PP en el Parlamento de Canarias, María Australia Navarro, se ha sabido que tal resolución obra en manos de la Fiscalía por su posible implicación en una trama para sacar adelante el Plan Especial del Canódromo aún contraviniendo e ignorando las resoluciones de Medio Ambiente y Política Territorial. Navarro, a pesar de aceptar en primera instancia, no pudo hacer declaraciones este viernes a este medio, dado el impedimento que puso el partido en el que milita de que así lo hiciera.
La resolución de Ordenación Territorial, que se ha situado en el centro de la polémica, estaba dirigida expresamente a la Viceconsejería de Administración Pública, que cuelga de Presidencia y Justicia. María Australia Navarro, que fuera portavoz del PP en esta misma legislatura, era la consejera de la mencionada cartera y responsable máxima de que ese informe quedara en un cajón y ni siquiera hubiera otra resolución contradictoria. Por ser Parlamentaria, si el juez la implicara, el caso sería elevado al TSJC, dada su condición de aforada.
La viceconsejera de Administración Pública era entonces Francisca Sarmiento. Los dirigentes del Partido Popular consultados por CANARIA AHORA no tapan que Sarmiento era una persona de confianza de María Australia Navarro. “Llegó a la viceconsejería de su mano, la controlaba”. Apuntan también a una relación de asesoramiento previo al acceso de Navarro a la Consejería de Presidecia y Justicia. Sarmiento ha trabajado para el PP, pero también para el PSOE, en Telde, como directora de Urbanismo.
“Que lleguen hasta el final”
El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está actuando con cautela. “Con la cabeza y no con el corazón”, como decía esta misma semana Sebastián Franquis, portavoz de la institución. Aseguran en el Consistorio que esperan el informe jurídico encargado. Este documento será el que marque la línea de acción.
El PSC regional se muestra firme y pide al Ayuntamiento de la capital de Gran Canaria que “llegue hasta el final”. Así dijo Sandra Rodríguez, responsable de Justicia y Seguridad del PSC, porque existe la posibilidad de que se deriven consecuencias penales.
Además de la presunta omisión de la Consejería de Presidencia y Justicia, Rodríguez aseguró que “vender por debajo del precio real, tal y como se hizo, puede tener consecuencias, aunque eso es el juez quien lo debe dictaminar”. Además, si hubiese lucro por parte de algunos de los que sellaron el convenio “sería cohecho”.
Juan Fernando López Aguilar, Secretario General del PSC, alertó por su parte, “de otra obligación que le ha caído al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por la anulación de una licencia otorgada cuando gobernaba con mayoría absoluta el PP”. Pidió, eso sí, al alcalde de la ciudad, Jerónimo Saavedra, que se centre “en los ciudadanos”, en referencia a la entrevista que concedió el pasado viernes a la Televisión Canaria en la que “no habló de paro, sino del PSC y de sus intereses”.
