Una cantera extrae el doble de áridos autorizado
El Gobierno canario rechaza indemnizar con 2,2 millones de euros a una de las seis empresas que desde hace años ha venido explotando la cantera de áridos de Güímar cuya superficie total abarca cuatro millones de metros cuadrados, pese a que en su momento concedió una autorización a través del silencio administrativo.
Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) en 2009 ya determinó que esta compañía no contaba con una licencia válida y ahora la Dirección General de Industria, basándose en este fallo judicial, ha rechazado la petición de indemnización solicitada, que ascendía a 1,5 millones por el daño emergente y casi 700.000 por lucro cesante.
El Ejecutivo se niega a compensar a esta promotora porque, aunque si bien es cierto que en su momento se concedió una autorización, luego el Servicio de Minas comprobó que el volumen de explotación de la empresa “fue ostensiblemente superior al total del permitido para todo el tiempo”. En cuanto al lucro cesante, tanto el Gobierno canario como el informe solicitado por éste al Consejo Consultivo determinan que “no aparece suficientemente probado” al igual que ocurre con el daño emergente.
Por el contrario en vez de haber dejado de percibir dinero, lo cierto es que esta compañía explotó los recursos, extrayendo cerca del doble de la cantidad de áridos permitidos en la autorización durante el período en el que se le permitió realizar estas tareas. “Hubo explotación en demasía, lo que compensaría con creces cualquier reclamación de lucro cesante”, considera el Ejecutivo. Esta sobreexplotación “acreditada” indica que la empresa no solo no sufrió perjuicio económico alguno de la suspensión de la autorización sino que incluso durante su vigencia llegó a obtener beneficios económicos superiores a los que le correspondían. No obstante, el propio Gobierno admite que efectivamente los gastos derivados de la liquidación de los trabajadores dieron lugar a que esta sobreexplotación quedara compensada.
Nada más iniciar esta empresa los trabajos en 2001 en la cantera se presentaron varios recursos por parte de colectivos vecinales de Güímar y de particulares que les dieron la razón tanto a su paso por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) como por el Supremo. A la vez se apuntó que la aprobación inicial del Plan Especial de Ordenación de los Barrancos ya implicaba desde un principio la suspensión automática del otorgamiento de licencias en los ámbitos en los que el planeamiento introdujera modificación en el régimen urbanístico vigente. Lo cierto es que último documento tampoco salió muy bien parado a su paso por el Supremo, que hace cerca de dos años decidió anularlo en algunas de sus determinaciones, como era la intención del Ayuntamiento de cobrar una tasa a las empresas. Por orden municipal, esta cantera fue cerrada en el año 2004 pese a que la autorización se extinguía un lustro más tarde.
Lo cierto es que todo lo relacionado con las canteras de Güímar se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones públicas y existe toda un buen número de sentencias que son muchas veces contradictorias y dan la razón o bien a los empresarios o bien a las instituciones.
Destrozo
El destrozo medioambiental ha llegado a ser de tal calibre que según un informe pericial solicitado por la Fiscalía de Medio Ambiente sería necesario invertir alrededor de 201.567.122 euros para restaurar esta zona en la que las empresas dejaron de trabajar el 8 de abril de 2008, cuando el Ayuntamiento procedió al cierre y precinto de la última de las instalaciones. Los efectos de esta actividad durante cuatro décadas ha dejado cráteres de hasta noventa metros de profundidad y el objetivo ahora es conseguir que en una prevista modificación del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) este suelo pase a tener la calificación de agrícola. En total en este enclave llegaron a existir hasta cinco empresas dedicadas a este negocio pese a que las denuncias de los colectivos ciudadanos y ecologistas por su actividad han sido constantes.
