Caritas en Canarias rechaza la ''antisocial'' medida de Sanidad sobre los inmigrantes
Las dos organizaciones provinciales de Cáritas en Canarias han mostrado su rechazo a las medidas sanitarias del Gobierno central sobre la no atención sanitaria a los inmigrantes, calificándolas de “antisocial y excluyente”.
Cáritas ha mostrado su rechazo “más enérgico” a la medida y ha exigido al Ejecutivo de Mariano Rajoy que recapacite al respecto. Asimismo, la organización ha pedido al Gobierno de Canarias que “no ponga en marcha una normativa que dejará sin cobertura a cientos de personas que ya padecen una situación de exclusión social”, según informó Cáritas en un comunicado.
Además, tanto Cáritas de la provincia de Las Palmas (Cáritas Canarias) como de Santa Cruz de Tenerife (Cáritas Tenerife), han mostrado su disposición de las autoridades competentes en materia sanitaria a fin de buscar soluciones integradoras y no excluyentes.
También las organizaciones han recordado que la Constitución española hace alusión al derecho a la salud en los artículos 15 y 43, recogiendo el primero de ellos que todas las personas “tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”.
En cuanto al articulo 43, recuerdan, hace mención al reconocimiento del derecho a la protección de la salud, así como que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios, o el fomento de la educación sanitaria, la educación física y el deporte a través de las administraciones públicas, entre otros.
Por ello, Cáritas considera que, “en ningún caso, es aceptable convertir el derecho a la salud en una contraprestación dineraria”, independientemente de las condiciones económicas, sociales, culturales o religiosas de cada persona.
Asimismo, apuntan a que limitar el derecho a la atención sanitaria a los casos de extrema urgencia para las personas que no pueden cotizar por estar en condiciones de exclusión, “es una forma de tortura de pena y de trato inhumano y degradante, en contra de lo que establece el artículo 15 de la Constitución, ya que se condena al dolor físico y psíquico a personas que padecen un trastorno de la salud que ya de por sí les causa alguna forma de sufrimiento”.
Para Caritas el Estado “no sólo pretende hacer dejación de sus funciones al no reconocer el derecho a la protección de la salud, recogido en el artículo 45, sino que además hace caso omiso a su obligación de adoptar medidas preventivas”, al entender que limita el acceso de las personas “más desfavorecidas a los casos más extremos”, lo que provoca que cientos de enfermedades “no sean tratadas hasta que se considere que su gravedad es tal que exija un tratamiento de urgencia, en donde siquiera se puede asegurar la mejora de la persona enferma”.
Otra de las cuestiones criticadas por Cáritas es que se esté “haciendo responsable del gasto sanitario a las personas en condiciones de exclusión, ya que está demostrado que las grandes partidas presupuestarias no van destinadas” a las personas en situación de exclusión ni en políticas que ayuden a estas personas a salir de ella y reinsertarse en la sociedad.
Finalmente, considera “bochornoso” que en las condiciones económicas actuales el Gobierno central y el de las comunidades autónomas que las apliquen, “pongan en práctica una medida encaminada a provocar el colapso de las urgencias de los hospitales y que, en contra de cualquier política sanitaria razonable, apuesta por provocar la gravedad” de las enfermedades antes que la prevención y la solución.
“Esta situación, además, hará incurrir en más gasto sanitario, lo contrario de lo que supuestamente pretende la medida, al ser el tratamiento de urgencia más caro que el tratamiento preventivo”, concluye.
