CC defiende que cada PGO regule sus edificios fuera de ordenación
El portavoz de del grupo parlamentario de Coalición Canaria (CC), José Miguel Barragán, indicó que la modificación del Ley del Territorio que actualmente se está estudiando en el Parlamento para dar solución a los problemas que ha generado la situación de viviendas en situación de fuera de ordenación en los núcleos urbanos solo busca “encontrar una herramienta para que cada plan general vea cómo se puede abordar este problema de la mejor manera posible. Cada plan general es distinto, cada planeamiento tiene una realidad diferente en cuanto al suelo urbanizado y las alturas que se pueden permitir en cada caso. Lo que se busca es que los redactores de los planeamientos cuenten con una herramienta adaptable que pueda ayudarle a resolver ese problema si existe”.
Por ello, Barragán descarta que la modificación fije una obligación de aplicarla en todos los municipios canarios y de hecho considera que en principio serán los cascos urbanos de Santa Cruz, La Laguna, Telde o Las Palmas de Gran Canaria los que se verán favorecidos por esta modificación legislativa del artículo 34 de la Ley del Territorio.
Aunque en principio parece que los puntos de vista de Coalición y de la Plataforma en contra del Plan General de Ordenación (PGO) de Santa Cruz son coincidentes en cuanto que se puede proceder a resolver la situación de estas edificaciones dentro de los mismos planeamientos, sin embargo, Barragán indica que para el colectivo vecinal, “nuestra postura no les ayuda, mientras que nosotros, lógicamente pensamos lo contrario. Hay que matizar además que no estamos hablando de aquellos edificios que están fuera de ordenación por situaciones como que se sitúen en enclaves por donde en el futuro va a pasar una calle, por ejemplo. Ahí lo único que podemos hacer es indemnizar al propietario y darle otra vivienda en otra zona”.
En la última reunión celebrada de la Ponencia, pese a que el diputado del Centro Canario Nacionalista (CCN), Ignacio González, apuntó que los trabajos ya se podían dar por concluidos y se felicitó por el resultado de la modificación de la ley, en realidad se produjo un cruce de votaciones de los distintos partidos que defendieron sus enmiendas de contenido contrapuesto. Además, se registró la ausencia del portavoz socialista, Manuel Fajardo, quien no parece estar de acuerdo con las intenciones de CC de cambiar el texto legal. De hecho, va a ser necesario realizar al menos otra reunión más para poder aclarar qué enmiendas fueron aprobadas y cuáles no ante el resultado dispar que se produjo a lo largo del encuentro. “Nuestra idea es que ahora la modificación pase a comisión y luego siga su trámite en el pleno”, dice Barragán.
Un problema añadido es que a medio plazo va a tener que llevarse a cabo otro cambio en la Ley del Territorio y por ello se ha estudiado la posibilidad de que ambos se ejecuten a la vez. Pero en principio el grupo parlamentario nacionalista se muestra favorable a hacerlo por separado ya que el cambio para regular la figura de las viviendas fuera de ordenación se considera “ya ultimado prácticamente”.
Por su parte, Felipe Campos, portavoz de la Plataforma contra el PGO de Santa Cruz de Tenerife, cree que en realidad la modificación se encuentra atascada por las discrepancias entre los partidos del pacto CC-PSOE sobre esta cuestión. “Realmente, pese a lo que nos intentan vender no hay un acuerdo con CC sobre este asunto”. Incluso apunta que al no haberse producido una votación sobre la ponencia la tramitación se encontraría en la actualidad en vía muerta.
El también abogado explica que aunque las mociones son “más o menos dañinas, dependiendo del partido que las promueve, lo cierto es que todas parten de la falsa premisa de solventar el fuera de ordenación a través de la eliminación de las limitaciones que establece el artículo 34 de la Ley de Ordenación del Territorio, cuando todo el mundo sabe que estamos ante un problema que se puede arreglar dentro del PGO de la ciudad”.
En el actual texto se indica que en una hectárea no se puede construir más de 12.000 metros cuadrados de uso residencial o turístico ni existir una población que supere los 400 habitantes. Si se traspasan estos límites entonces las viviendas quedarían en situación de fuera de ordenación.
El Consejo Consultivo de Canarias en su momento dio un sonoro varapalo a la propuesta defendida por González, al considerar que adolece de diversas inconcreciones que podrían incidir en el “marco de seguridad y certeza jurídica”. Por ello, este organismo apunta que la flexibilización por la que apuesta el parlamentario, “puede comprometer los pilares sobre los que descansa la estructura del ordenamiento urbanístico”. Es más, el Consejo no comprende el uso de término de edificaciones “disconformes pero no incompatibles” con los planes generales y al respecto se pregunta con ironía: “¿En qué consiste esa disconformidad compatible? De entrada, parece que la disconformidad será siempre incompatible y que la compatibilidad presupone la conformidad. En una materia como ésta donde se operan importantes limitaciones de la propiedad privada, convendría disminuir al máximo la incertidumbre jurídica”, concluyó el Consejo.
