CC y PP se oponen a la fiscalización de la Ley de Dependencia
Los partidos del Pacto que sustentan al Gobierno de Canarias rechazaron este martes en el Parlamento autonómico que la Audiencia de Cuentas auditase la aplicación de la Ley de Dependencia en las Islas. Con los 22 votos a favor del PSC y los 26 en contra de CC y PP, la solicitud de los socialistas para que el organismo autonómico que debe fiscalizar a las administraciones realizase un informe sobre la aplicación de esta norma quedó rechazada al argumentar que ya el Tribunal de Cuentas va a realizar una auditoría en toda España.
Fue la diputada socialista Francisca Luengo quien defendió esta solicitud de fiscalización de la gestión económico-financiera y de aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia en Canarias, durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009.
Luengo aseguró que “se conoce cuál es la aportación del Gobierno de España a través de los PGE, pero se desconoce cuál es la aportación del de Canarias y si realmente hay cofinanciación”. Aunque los socialistas criticaron la aplicación que se realiza en las Islas, la diputada planteó que “lo mejor es que lo determine la Audiencia de Cuentas”.
La portavoz de los socialistas aseguró que, “debido a la mala gestión del Gobierno de Canarias, en 2007 no fue asistido un dependiente”. Además, entre 2007 y 2008, “1.500 personas han fallecido esperando a que se le resolviera su solicitud de ayuda a la dependencia”.
En la actualidad, según la diputada, hay “20.000 dependientes que están valorados, pero no atendidos”. “Eso es estar en el limbo de la dependencia, el Gobierno les deja aparcados”, criticó.
Enmienda
Los populares y los nacionalistas plantearon una enmienda a través de la cual, la Audiencia de Cuentas debía coordinarse con el Tribunal de Cuentas que ha anunciado que realizará un informe sobre la Ley de Dependencia en toda España. No obstante, el portavoz de CC, José Miguel Barragán, reconoció que “no se ha anunciado cuál será la metodología de la auditoría, aunque si es como la que se hizo de Universidades, se auditará el papel del Estado y de las 17 autonomías”.
José Miguel Barragán explicó también que la Ley de Dependencia prevé que el pago de una prestación se produzca con carácter excepcional. Además, detalló que de las 27.000 solicitudes recibidas han motivado por ahora 21.000 dictámenes, de los que 17.000 han sido resueltos favorablemente con derecho a prestación.
Por su parte, el diputado del PP Carlos Esther explicó que “el Estado da 31 millones de euros para la dependencia y el Gobierno de Canarias pone 132 millones de euros, el 80%”. Esther citó que es el artículo 29.1 de la ley del Tribunal de Cuentas la que impide las duplicidades en los informes, al igual que el artículo 7 de la ley de la Audiencia de Cuentas.
Sin embargo, estos artículos hablarían, según Luengo, de la coordinación, no de la que uno esté por encima de otros. La diputada del PSC criticó que un partido nacionalista como CC prefiera que sea un organismo del Estado el que prevalezca sobre uno autonómico.
