Colectivos alertan de la política urbanística del PP
Un grupo de colectivos y asociaciones de la Villa de Santa Brígida alerta de las consecuencias de la política urbanística del PP en el municipio de las Medianías de Gran Canaria, ante la acumulación de casos recientes -anulación del Plan Parcial de El Palmeral SAU-2, cuestión de la caducidad de la licencia de obra del centro comercial, entre otras- surgidos sin que el Ayuntamiento “haga otra cosa que dejar pasar el tiempo y mirar para otro lado”.
Rogelio García Marrero, en nombre de la Asociación de Empresarios y Profesionales de la Villa de Santa Brígida, Avelina Fernández Manrique de Lara, de la Asociación Sociocultural Drago de Sataute, y Eduardo Martín Almeida, en representación de la Plataforma Ciudadana El Parque que queremos, aseguran en una nota conjunta que los últimos acontecimientos judiciales en materia urbanística “evidencian que la situación es grave y preocupante”.
“Los vecinos estamos alarmados y lo que merecemos es que nos informen con veracidad y claridad de qué es lo que ocurre”, ya que sobre la situación real de la legalidad urbanística de la Villa “nos vamos enterando por los periódicos, por los blogs de particulares y sobre todo ignoramos las futuras consecuencias económicas para el Ayuntamiento”, denuncian. “Hay un montón de casos sin resolver que pueden estallar en cualquier momento”, alertan.
Un recurso ''a favor'' de FCC en el mamotreto
Sobre el centro comercial, más conocido como el mamotreto, la última novedad judicial es que un juzgado de lo contencioso ha fallado a favor de un vecino para que el Ayuntamiento responda a su solicitud de declarar la caducidad de la licencia de obra, sin que la titular del mismo se haya pronunciado expresamente sobre la caducidad, ante lo que se ha solicitado, por parte de los recurrentes, una aclaración de sentencia, y el alcalde ha anunciado, directamente, un recurso municipal a la misma, que evitaría la caducidad de la licencia de la promotora.
Para estos colectivos, el caso mamotreto supone “un calvario desde 2003, a pesar de que el alcalde prometió públicamente que en noviembre de 2011 estaría terminado y que, si no, dimitiría”. El centro comercial, recuerdan, lleva parado hace años después de que no saliera adelante un modificado del proyecto no contemplado en las Normas Subsidiarias ni en el contrato inicial, como fue que, en vez de salas de cine, se construyera un hipermercado. La caducidad que ahora se plantea en el Contencioso-Administrativo número 5 de la capital grancanaria “permitiría recuperar el espacio para el uso público sin pagar indemnizaciones”.
Las asociaciones críticas con la política urbanística y jurídica del PP califican de “sorpresa que el Ayuntamiento haya recurrido, presuntamente, la sentencia, lo que, de ser cierto, provocaría una nueva paralización durante uno o dos años más”. Incluso interpretan que “este recurso nos parece que beneficiaría a la concesionaria, la constructora FCC, y no a los vecinos del municipio de Santa Brígida. ¿Es cierto que el Alcalde ha recurrido la sentencia? Además se dice que se ha presentado contra el Ayuntamiento una reclamación patrimonial que se calcula en más de 14 millones de euros ¿Es esto verdad? ¿Por qué no se explica al pueblo qué se piensa hacer para solucionarlo?”, cuestionan a Lucas Bravo.
Sin licencias ni “para arreglar un baño”
En relación a la anulación del SAU-2 estos grupos empresariales y vecinales advierten que “todas las licencias otorgadas son nulas, y las casas ilegales: ya no podrán otorgarse más licencias, ni siquiera para arreglar un baño”. Los colectivos temen que haya demandas de Mercadona, que tenía licencia de desmonte para levantar un hipermercado en el área, y consideran “incomprensible que estén creando problemas por incumplir la Ley, pero peor todavía es que no se haga nada para solucionarlos. ¿Están esperando a que se arregle solo? ¿Cómo van a hacer para no dejar a los vecinos tirados?”, preguntan.
Las tres organizaciones firmantes aportan, además, otros dos casos urbanísticos pendientes de resolver en Santa Brígida. Uno de ellos, la urbanización Los Laureles, fue edificada con licencia otorgada por el Ayuntamiento en suelo rústico, y tras ser anulada, se quedó toda la urbanización a medio construir. “Ahora está siendo ocupada por gente que no tiene ni agua, ni luz, ni servicios sanitarios, y mucho nos tememos que ya tenemos encima un caso grave de seguridad y salubridad. Pero nadie en el Ayuntamiento hace nada, es como si eso ocurriera en Kazajistán. ¿Cómo piensan arreglarlo?”, indican.
Los temores alcanzan también a posibles indemnizaciones reclamadas por BBVA a Santa Brígida, en Los Laureles, que superarían, según sus datos, los nueve millones de euros por haber otorgado licencias en suelo rústico. “¿Cómo vamos a pagar eso?”, se cuestionan.
Además, otro contencioso ha logrado, hace un año, paralizar la orden de demolición contra el centro comercial de Los Alvarados, en El Monte Lentiscal, “decretada por la autoridad municipal. ¿En qué situación quedará ahora si se confirma la sentencia que el Ayuntamiento recurrió? ¿Habrá una reclamación patrimonial? La Urbanización El Arco, lo mismo, una buena parte de lo construido está en espacio natural y es nula ¿Cuánto costará indemnizar a los propietarios? ¿Hay alguna solución prevista?”, recalcan como cuestiones sin respuesta.
Las dos asociaciones y la plataforma ciudadana entienden que “la omisión de medidas para resolver los graves problemas urbanísticos que se han creado constituye una grave irresponsabilidad y puede significar un quebranto económico inmenso para el municipio. Como ciudadanos de Santa Brígida exigimos al Alcalde que dé explicaciones claras públicamente y se tomen medidas para encontrar soluciones urgentes. Tenemos derecho a saber qué es lo que pasa”, sentencian.
