Comienza, 23 años después, el juicio sobre el ‘caso del recaudador’

El ex alcalde de Telde Francisco Santiago y el resto de los imputados en el caso del Recaudador negaron este martes los hechos por los que se les acusa de prevaricación y malversación de fondos, entre otros delitos, en un juicio que comenzó tras 23 años desde la apertura de la causa.

El inicio del juicio estuvo a punto de volver a ser pospuesto, como ocurrió a mediados de septiembre, porque la acusación particular presentó nuevas pruebas que en esta ocasión no fueron admitidas por la sala.

Asimismo, la defensa consideró que se han vulnerado derechos por la dilatación del proceso ejercida por la acusación y solicitó que se declaren prescritos los delitos.

Esta petición, a juicio del letrado Eligio Hernández, está “totalmente fundada” aunque no la solicitó para su defendido (Jorge Lang-Lentón) porque después de tanto tiempo, y por una “cuestión de dignidad”, es preferible que los acusados sean declarados inocentes a que se certifique que los delitos han prescrito.

La presidenta de la sala afirmó que procedería suspender el juicio hasta valorar las cuestiones previas, pero afirmó que el deseo del tribunal es celebrar el juicio, por lo que abrió la vista y explicó que dichos pronunciamientos se emitirán junto a la sentencia final y antes de entrar en el fondo de la cuestión.

De este modo pudo dar comienzo la vista oral de una causa que se inició en 1983 cuando el entonces recaudador Prudencio Falcón denunció al alcalde, así como a diversidad de cargos públicos y funcionarios -varios de ellos fallecidos-, de cometer diversos delito.

El ex recaudador acusó a la corporación, con Santiago como máximo responsable, de interferir en su labor recaudatoria, de falsificar documentos, de ordenarle paralizar los en época electoral, y de comprar terrenos que ya eran del ayuntamiento, entre otros hechos que conforman “una madeja”, explicó.

Francisco Santiago, por su parte, manifestó antes de la vista que el ex recaudador consideró excesiva la actualización de la fianza que la corporación le puso para renovarle el contrato y que no cumplía con las condiciones de dicho acuerdo, por lo que se procedió a rescindir el vínculo con Falcón, lo que motivó que éste iniciara el procedimiento judicial.

Santiago afirma que la justicia avaló dicha rescisión y que el recaudador retuvo los valores en su poder hasta que le fueron requeridos por vía judicial, aunque entregó siete millones de pesetas menos, lo que supone una causa administrativa pendiente en el Tribunal Supremo, que debe esperar a la resolución de la querella criminal abierta.

Según el acusador, quien dijo que en estas dos décadas ha estado representado por ocho letrados, algunos fallecidos, agregó que los documentos y valores se le requirieron “por la fuerza” porque había escritos que perjudicaban al entonces alcalde.

A juicio de Eligio Hernández, también ex Fiscal General del Estado, este procedimiento “no tiene precedentes en la historia judicial”, pues el fiscal consideró que no había indicio de delitos, pero el juicio prosigue impulsado por la acusación particular.

Asimismo, criticó el escrito de la acusación por considerarlo “técnicamente inaceptable”, lo que se suma a su extensión, pues su lectura se prolongó durante más de dos horas, algo que la presidenta de la sala advirtió antes de comenzar con el cumplimiento de este procedimiento.

Tras ello, José Manuel Prado, en aquel entonces auxiliar administrativo y acusado por falsedad en documentos públicos negó los hechos y se negó a contestar las preguntas de la acusación, mientras que Ventura José Macías, también acusado de falsear documentos, negó dicho extremo y contestó a las preguntas de la acusación.

Jorge Lang-Lentón, ex secretario de la corporación, así como Mercedes Romani, ex oficial mayor y ex secretaria accidental, también negaron haber falsificado documentos, mientras José Rodas, ex depositario, negó asimismo las acusaciones y contestó a las preguntas de la acusación.

El ex alcalde, tras negar los hechos, declinó contestar las preguntas de la acusación y su testificación quedó aplazada hasta mañana a las diez de la mañana, tiempo en el que el abogado de la acusación debe entregar por escrito sus preguntas, pues quería hacerlas constar a pesar de que no iban a ser contestadas.

Según Francisco Santiago, el acusador no tiene interés en que este procedimiento concluya porque ello significará que “no podrá esperar más para liquidarle al Ayuntamiento lo que no le liquidó en aquella época”, una deuda que afirmó que asciende a siete millones de pesetas más los intereses devengados en dos décadas.