Condenada a las costas la concejala que no pudo hablar en un pleno
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Las Palmas de Gran Canaria ha desestimado una nueva denuncia de Ciuca contra el desarrollo de los debates en el pleno del Ayuntamiento de Mogán. La denuncia había sido presentada por la concejala Grimanesa Pérez por el procedimiento especial de protección de derechos fundamentales.
La Justicia no sólo no le da la razón sino que además condena expresamente en costas a la denunciante, de conformidad con el artículo 139 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, que establece la imposición de las costas a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones si la sentencia no presentara dudas de hecho o de derecho.
La denuncia de la concejala hacía referencia a que en los plenos ordinarios de octubre y diciembre de 2012 y febrero y marzo de 2013 se le denegó la palabra para formular ruegos y preguntas, tras haber consumido su grupo político el número de iniciativas establecidas para cada sesión.
La resolución judicial, fechada el pasado jueves 8 de agosto, señala que no hay vulneración de derecho alguno, pues el alcalde se limitó a aplicar el Reglamento Orgánico Municipal que regula el funcionamiento de los debates plenarios, un documento similar al que ya existe en otros ayuntamientos que entró en vigor en Mogán en diciembre de 2012, con el objetivo de garantizar el desarrollo cívico y ordenado de los plenos.
El fallo afirma que ni siquiera antes de la aprobación del reglamento municipal podía entenderse que la decisión del alcalde vulneraba el derecho fundamental invocado por la concejala de Ciuca, tal y como también recoge una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias dada a conocer hace dos semanas y que volvía a dar la razón al alcalde de Mogán.
Esta nueva sentencia supone el séptimo procedimiento judicial que pierden Ciuca y Nueva Canarias en Mogán. La novedad en esta ocasión está en la expresa condena a Ciuca en costas, lo que por parte del grupo de gobierno municipal es interpretado como un serio varapalo para esa formación política y una advertencia de la Justicia, en el sentido de que no pueden seguir formulando denuncias gratuitas.
Así, el grupo de gobierno considera que las resoluciones judiciales están dejando en evidencia las denuncias sin fundamento de estos dos grupos políticos de la oposición, obsesionados con dañar la imagen del Ayuntamiento y del alcalde para intentar sacar provecho político.
En su opinión, Ciuca y Nueva Canarias buscan enfangar la convivencia y la vida política en el municipio, en la creencia de que “a río revuelto ganancia de pescadores”.
