La congelación salarial de 2012 no veta sumar trienios

Efe

La decisión del Gobierno central de congelar los salarios a todos los empleados públicos durante 2012 no debió impedir que aquellos que cumplieron ese año un nuevo trienio vieran elevado su salario en la cuantía correspondiente a su mayor antigüedad en el puesto de trabajo. El Juzgado de lo Social número 1 de Gáldar (Gran Canaria) defiende este criterio al estimar la demanda de conflicto colectivo presentada por el comité de empresa del Ayuntamiento de esa localidad, cuyo Consistorio se negó a pagar a sus empleados públicos nuevos trienios alegando le estaba prohibido por el Gobierno.

El Ayuntamiento de Gáldar, gobernado por Nueva Canarias y PSOE, basaba sus argumentos en el Real Decreto Ley de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera aprobado por el Gobierno central el 30 de diciembre de 2011, que disponía la congelación de salarios de todos los empleados del sector público. Ese decreto decía textualmente que, “en el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal, como a la antigüedad de los mismos”. Y precisaba, además, que tampoco podía experimentar ningún incremento “la masa salarial”.

El equipo de gobierno de Gáldar entendió que la literalidad de esa norma le prohibía pagar más a ninguno de sus empleados, incluso si ese salario adicional provenía de haber cumplido otro trienio a lo largo del ejercicio afectado por la congelación de sueldos. El Juzgado le replica que esa interpretación no es correcta y que lo que congela el decreto en el caso de la antigüedad es la cuantía que se paga por antigüedad, que no podía subir, pero no la posibilidad de que el empleado sume otro trienio, si le corresponde.

Recurso pendiente de depósito o aval bancario

El Ayuntamiento de Gáldar aún puede recurrir ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero, para hacerlo, deberá depositar en el Juzgado “el importe íntegro” que ha de pagar como consecuencia de este fallo o aportar un aval bancario por la misma cantidad, precisa la sentencia.

UGT, que preside el comité de empresa del Ayuntamiento de Gáldar, lamenta en un comunicado que el alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa (NC), y su equipo de gobierno “obliguen” a los sindicatos a “acudir constantemente a los tribunales de Justicia para reclamar hasta el más mínimo derecho”, con una actitud que, a su juicio, “denota un flagrante deprecio por la ley”.

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