La consejera de Empleo de Canarias (PP), favorable a la reducción de la jornada laboral, pero con matices

La consejera de Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha dicho este martes ser partidaria de reducir la jornada laboral a 37,5 horas, algo que cree fundamental para la conciliación con la vida familiar, pero discrepa de cómo ha procedido el Ministerio de Trabajo, que, además, ha “mantenido al margen” del debate a las comunidades autónomas.

En declaraciones a los periodistas recogidas por EFE, la consejera ha rechazado la medida pero por no haber sido consensuada por sindicatos y patronal en el ámbito de la negociación colectiva, y no incluir compensaciones para las islas.

“El Ministerio de Trabajo no ha hecho ni una consulta a las comunidades autónomas”, ha lamentado De León, quien ha destacado que en el caso de Canarias, al contar con un tejido productivo en el que el 86 % de las empresas son pymes, la reducción de la jornada requiere de medidas compensatorias que no se han previsto.

La consejera ha insistido en que la reducción de la jornada laboral debe ser consensuada entre los sindicatos y la patronal e incluir compensaciones a las pymes canarias y ha reprochado también al Gobierno el papel que ha desempeñado por entender que no le corresponde.

Por su parte, el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha manifestado que “es una estocada de muerte” para muchas microempresas y para muchos autónomos.

“No podrán adaptarse al incremento de los costes que supone la reducción de jornada laboral”, ha asegurado el vicepresidente, para quien este tipo de medidas “lineales e iguales” para todas las empresas “son peligrosas, y más aún cuando se hacen sin consenso y sin acuerdo”.

Claves de la reforma laboral

El Consejo de Ministros ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Trabajo y Economía Social el Anteproyecto de Ley para la reducción de la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo y la garantía del registro de jornada y el derecho a la desconexión.

La norma inicia, de esta manera, su tramitación parlamentaria para que la jornada máxima legal sea de 37,5 horas semanales en cómputo anual tras más de cuatro décadas de vigencia de la establecida actualmente, de 40 horas semanales. Esta reducción permitirá que espacios ahora de trabajo reviertan en la vida tras una indudable evolución tecnológica y económica en nuestro país.

El Gobierno señala que la medida también es fundamental en términos de seguridad y salud en el trabajo, ya que contribuirá a reducir la carga física y mental que, a su vez, redunda en una disminución del estrés laboral y la fatiga, aumentar la productividad y reducir el riesgo de sufrir accidentes de trabajo. Las jornadas laborales prolongadas provocaron, en el mundo, 745.000 defunciones por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica en el año 2016, una cifra un 29% superior a la del año 2000.