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Un constructor 'coló' a una empleada suya en Gerencia de Urbanismo

La fiscal Anticorrupción de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife María Farnés Martínez investiga por qué una persona contratada directamente por un constructor, el empresario individual Juan Antonio Lerena Sánchez, lleva por lo menos desde 2003 prestando sus servicios laborales en las dependencias municipales de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, y si esa situación ha favorecido al constructor.

Según la denuncia presentada a la Fiscalía, a la que ha tenido acceso CANARIAS AHORA, esta trabajadora tiene un puesto de trabajo como auxiliar administrativa en el Negociado de Espacios Naturales y Litoral del Servicio de Control y Gestión Ambiental, y entre sus funciones destaca la de ser persona de contacto “para determinadas contrataciones administrativas que tramita el mismo servicio, teniendo, además, acceso directo y previo a la publicación de todos los trámites para la licitación y adjudicación de los contratos administrativos que celebran el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y el organismo autónomo”.

La investigación de la Fiscalía, según fuentes jurídicas, se centra en la relación que pudiera haber entre esta trabajadora, que no es personal laboral ni tiene una plaza ganada en oposición, y los contratos otorgados al constructor.

Los últimos que firmó la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife con Lerena Sánchez tienen fecha del 14 de septiembre de 2009, y lo fueron por un valor total de 220.160 euros, (IGIC incluido), para la mejora de caminos vecinales en Afur y el Frontón, y para trabajos de conservación, reparación de paramentos y pavimentos, y otras obras de mejora en el Parque Rural de Anaga.

Esas dos contrataciones, aunque se adjudicaron mediante procedimiento abierto, contaron con el respaldo del Servicio de Control y Gestión Medioambiental, en concreto, del Negociado de Protección de Espacios Naturales y Litoral. La empresa de Juan Antonio Lerena Sánchez se dedica a “otras actividades de la construcción especializada”.

Con correo electrónico, material de oficina y teléfono directo

A pesar de que durante siete años nadie ha formulado una protesta formal por la presencia ininterrumpida de una trabajadora “por cuenta ajena” asignada en la Gerencia de Urbanismo, la situación estalló a finales del pasado año, cuando una funcionaria, esta sí con plaza, presentó un escrito ante el sindicato SEPCA, por haber sido insultada por la “intrusa”.

La Junta de Personal del Ayuntamiento abordó el 4 de noviembre de 2009 la “irregularidad en cuanto a personal que habitualmente utiliza un puesto de trabajo en la segunda planta del edificio de la Gerencia de Urbanismo, sin tener vínculo alguno (ni laboral ni estatutario) con esta Administración”.

En la denuncia presentada ante la Fiscalía se especifica que empleada de Lerena tiene en la Gerencia de Urbanismo, al menos desde 2003, “un puesto de trabajo con mesa y material de oficina, ordenador, teléfono, número de teléfono directo incluido en el listín telefónico informático editado por la Gerencia, acceso a las aplicaciones informáticas de la Gerencia, correo corporativo, etc, teniendo acceso a cualquier medio material que se encuentre a disposición de cualquier funcionario o personal laboral adscrito a esa Gerencia”.

Cesión ilegal y otras irregularidades

Álvaro Felipe Hernández, secretario del SEPCA, afirmó en el escrito que elevó a la Junta del Personal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que se trataba de un problema, “tal vez consentido e ignorado por estar Administración”, pero que “provoca una disfunción”, que afecta sobre todo al personal que ha ganado su plaza mediante oposición.

El sindicalista definió la situación, aparte de “kafkiana”, como una cesión ilegal de trabajadores y pidió que se solicitase al Servicio de Recursos Humanos la apertura de un expediente informativo para identificar “a las autoridades o funcionarios que han consentido” la presencia de la “trabajadora por cuenta ajena” durante tantos años.

También pidió que la Dirección General de Protección de Datos informe de quién autorizó el acceso a las aplicaciones informáticas corporativas y si “en la actividad que realiza irregularmente”, la empleada de Lerena “actúa a las órdenes directas de algún funcionario o autoridad, y si en su virtud, ha podido tener acceso a expedientes de pliego de condiciones en los que haya licitado la empresa que le paga su sueldo”.

La Junta de Gobierno aprobó estos puntos por unanimidad, así como investigar si la trabajadora tiene lazos de parentesco con algún funcionario o autoridad de la Gerencia de Urbanismo, ya que durante años la “trabajadora por cuenta ajena” ha hecho funciones de secretaria de Pedro Álvarez, jefe de Negociado de Espacios Naturales y del Litoral de Santa Cruz de Tenerife.

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