Detrás de la emergencia habitacional en La Palma, dos organismos públicos imperfectos y una relación tensa

En La Palma continúan esperando. Más de 400 familias permanecen pendientes día y noche de una llamada de teléfono que lo cambie todo y les abra la puerta de una nueva casa. Al fin y al cabo, les corresponde. Hace unos meses perdieron su hogar por un volcán imbatible y aún no han sido realojados. Algunos siguen viviendo en hoteles. Otros, hacinados en pisos para tres personas donde ahora conviven ocho.

El Gobierno de Canarias ha comprado poco más de cien viviendas, pero espera que a mediados de abril no quede ninguna familia sin su domicilio de realojo provisional. Ha habido dificultades por el camino. En La Palma apenas hay oferta y el decreto ley de recalificación de suelo que se anunció al principio de la erupción volcánica se aprobó hace unas semanas. En principio, esto debería acelerar los procedimientos, sobre todo para la instalación de las casas modulares.

Sin embargo, mientras la espera se prolonga, ya han saltado las primeras chispas entre los dos organismos encargados de la respuesta a la emergencia habitacional en la isla, Viviendas Sociales de Canarias (Visocan), gestionado por la Agrupación Socialista Gomera (ASG), y el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi), por el PSOE.

Hace unas semanas, el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, nombrado por ASG, señaló directamente a la Consejería de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (de la que depende, en manos del PSOE) por la lentitud en la adjudicación de las casas. “No es de recibo que no las tengamos ocupadas (…) Están vacías. Para mí es muy frustrante”, dijo en Onda Cero. “No entiendo cuál es el problema, la verdad. Ellos [el Icavi] nos dicen que están trabajando, pero nosotros no participamos en la entrega”, agrega Víctor González, gerente de Visocan.

Para entender la imagen completa: el trabajo en La Palma en materia de vivienda se ha dividido en dos organismos. Visocan ha sido el instrumento encargado de la compra y acondicionamiento de alojamientos provisionales gracias al dinero que ha llegado del Estado. El Ejecutivo autonómico ha adquirido alrededor de 100 pisos en cuestión de unos meses porque ya contaba con un trabajo de campo previo en la localización de domicilios disponibles que se iban a destinar al Plan de Vivienda del Archipiélago 2020-2025.

Y el ICAVI se ha encargado del diagnóstico social de las familias afectadas. Ha elaborado un baremo para determinar cuáles son las más vulnerables y cuáles deberían ser realojadas en primer lugar. Pero ha habido dificultades. Algunos damnificados no quieren perder el arraigo de su municipio y marcharse a la otra punta de la isla, Fuencaliente. También hay reticencias para vivir en Tazacorte. Los dos municipios que más sufrieron la devastación de la crisis volcánica fueron El Paso y Los Llanos de Aridane, donde ha sido más complicado encontrar suelo y residencias.

Es por ello que a muchos sorprendió las declaraciones de Fernández, tanto a gente dentro de Visocan como del ICAVI. Aunque también es cierto que no pilló a todo el mundo a contrapié. Algunos recuerdan la “tensión interna” que ha existido entre ambos organismos desde el comienzo de esta legislatura al ser gestionados por partidos diferentes. Incluso la oposición lo ha mencionado recientemente. Manuel Domínguez, nuevo presidente del PP en Canarias, considera un error que en el Ejecutivo existan bicefalias en una misma consejería y cree que ambos organismos están “muy enfrentados” porque estamos ante “dos partidos distintos que gobiernan una misma área”.

Además, el consejero delegado de Visocan, Agustín Fernández, es el yerno del líder de ASG, Casimiro Curbelo. Fuentes consultadas dentro del gobierno canario han recordado la “relación tirante” entre el gomero y Sebastián Franquis, consejero de Obras Públicas. Ambos llevan décadas vinculadas a la política local y han sido figuras importantes dentro de sus respectivos partidos. También cuando Curbelo era la cabeza visible del PSOE en La Gomera.

Las réplicas entre el ICAVI y Visocan, por su parte, han continuado. Fernández afirmó que Obras Públicas le había parado los pies para no seguir comprando viviendas en La Palma. Ellos consideran que “hay que buscar más”, pero que “la opinión de la consejería es que paremos”. El ICAVI ha respondido: “No es correcto que se haya ordenado la paralización de la compra de viviendas. Franquis propuso que no se comprase ninguna casa fuera de los municipios directamente afectados. (…) Esta propuesta fue respaldada por unanimidad por todos los miembros del consejo sin que se hiciera constar ninguna discrepancia”.

La sensación es que ambos entes “se están tirando los trastos” no tanto desde dentro de las instituciones, sino desde las cúpulas de ambos. Tampoco sentó muy bien dentro del ICAVI el artículo que se publicó en dos periódicos locales de Canarias que hablaban de Fernández como “el hombre detrás del milagro” en La Palma. Al frente de la comunicación de Visocan se encuentra Santiago Negrín, el que fuera presidente de la Radio Televisión Canaria (RTVC) cuando gobernaba Fernando Clavijo (Coalición Canaria). “[El trabajo en La Palma] es una labor conjunta de diferentes agentes dentro del gobierno, no de una sola persona”, señala una de las fuentes.

No es la primera vez que se hace público un encontronazo de este estilo. Hace año y medio, en pleno proceso de elaboración de los presupuestos autonómicos para 2021, hubo un choque en el Parlamento canario después de que Franquis detallara las cuentas de su departamento. El diputado regional de ASG, Jesús Ramos, vio insuficiente la partida destinada a Visocan y advirtió que “la implementación del plan de vivienda no se consigue solo a través del Icavi, sino que requiere de la participación de Visocan”.

El diputado de Podemos, Manuel Marrero, pidió que ambos partidos resolvieran sus “fricciones” y actuaran de forma coordinada y complementaria. La Plataforma Reivindicativa por el Derecho a una Vivienda Digna reclamó a finales de año la dimisión de Franquis por “permitir e incluso fomentar una guerra interna entre el Icavi y Visocan que no hace más que perjudicar a la ciudadanía, una guerra que se manifiesta cuando vemos la pobre respuesta a la crisis habitacional de La Palma”. En la isla, el coordinador económico de la oficina de atención a los afectados por el volcán, Miguel Ángel Pulido (Nueva Canarias), ha reconocido que se ha sentido “superado” por momentos, pero que ambas entidades están trabajando a destajo desde que comenzó la emergencia.

El Icavi, una entidad “sin control interno”; Visocan y la “inexistencia de protocolos”

Hay dos informes muy recientes que no dejan en buen lugar tanto al Icavi como a Visocan. Por un lado, la Consejería de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, en su informe general del plan anual de auditoría de 2020, concluye que la primera de estas entidades “no dispone de un sistema de control interno que asegure el adecuado y oportuno registro de la totalidad de sus operaciones”. El documento señala que, como consecuencia de ello, no se puede formar una opinión sobre las cuentas anuales auditadas. Dentro de las cifras que sí han podido estudiar, los técnicos de Hacienda han encontrado “una serie de errores y/o incongruencias materiales”.

Otro punto relevante es la inexistencia del inventario de los elementos que componen el parque público de vivienda de Canarias. El texto recuerda que al Icavi le corresponde gestionarlo, pero, según el documento, no ha sido capaz de entregarle a los auditores un archivo que contenga, de forma separada, todos los datos relativos.

También destaca la presencia de diversas cuentas bancarias cuyo valor asciende a más de 5,3 millones de euros y no se encuentran registradas en el sistema de contabilidad, “así como tampoco se han registrado los movimientos de cobros que se han producido en dichas cuentas”. El informe concluye: “Habida cuenta de la inexistencia de un control interno adecuado y la ausencia de respuesta a nuestro procedimiento (…) desconocemos si pudiera haber otras cuentas bancarias no registradas”.

Con respecto a Visocan, fue la Audiencia de Cuentas en un informe de fiscalización sobre la empresa pública durante los ejercicios 2014, 2015 y 2016 la que advirtió de que el organismo “carece de los medios que permitan avalar la integridad y eficacia de las acciones realizadas”, especialmente las que tienen que ver con el parque de domicilios de protección oficial.

“La inexistencia de protocolos que permitan un controlo sobre el estado del parque de viviendas y su mantenimiento, la práctica de una contratación donde predomina el procedimiento negociado sin publicidad y la contratación menor, así como, las pérdidas derivadas de la contratación de productos financieros y una mejorable gestión de la deuda se identifican como situaciones generadoras de ineficiencias”, continúa el texto.

La Audiencia de Cuentas recomienda, en su punto final, que se aglutine en una única entidad las funciones que desarrollan actualmente tanto Visocan como el Icavi. Esto también se ha llegado a debatir en el Parlamento autonómico, donde varios diputados han pedido una solución similar. Sin embargo, el 25 de noviembre de 2021, el Gobierno de Canaria dio un espaldarazo a Visocan al incrementar su presupuesto en 40,5 millones de euros para 2022, despejando cualquier duda de disolución.