La deuda de los cabildos divide al Consejo Consultivo
La elaboración del dictamen pedido el pasado 17 de mayo por el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, al Consejo Consultivo para dilucidar si el Ejecutivo regional debe 75 millones de euros a cabildos y ayuntamientos mantiene dividido a este órgano dependiente del Parlamento regional a tan solo 24 horas de que se venza el plazo del informe, que debe estar emitido este viernes.
El dictamen sobre la vigencia de la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley de Haciendas Locales lo está llevando directamente el presidente del Consultivo, Carlos Millán, pero la reunión deliberante mantenida este miércoles se saldó sin acuerdo, puesto que el plenario no se puso de acuerdo sobre las consideraciones técnicas y jurídicas que son el foco del conflicto abierto entre el Ejecutivo y las corporaciones locales.
En concreto, el presidente Rivero quiere que el Consultivo diga si, como mantiene la Consejería de Economía y Hacienda dirigida por José Manuel Soria, dado el carácter transitorio de la polémica disposición, ésta sólo estuvo vigente en el año 2003, cuando se aprobó la Ley o si, haciendo caso a los argumentos de las corporaciones localesal no estar derogada, la citada disposición está en vigor y el Gobierno adeuda 75 millones de euro como consecuencia de la liquidación negativa de los tributos del REF del año 2009.
Pese a la división de criterios, el dictamen será emitido y, si el mismo no se adopta por unanimidad, los consejeros que no estén de acuerdo pueden realizar unos votos particulares argumentados.
Al respecto, el presidente del Cabildo tinerfeño, el nacionalista Ricardo Melchior, ha recordado que el dictamen “no es vinculante” y pese a que “confío en que el Consejo Consultivo nos de la razón a nosotros, si no llegamos a un acuerdo con el Gobierno de Canarias, iremos a los tribunales, como dice también José Miguel Pérez”, titular del Cabildo de Gran Canaria.
“Creo que al principio la Consejería de Economía y Hacienda desconocía determinadas cosas, sobre todo de cómo se llegó a ese acuerdo en el Parlamento de Canarias, y con la transcripción del debate creo que quedó claro”, ha afirmado.
Además, ha recordado que existe “el compromiso” del presidente Rivero “de revisarlo con los mejores ojos posibles” y expresó su deseo de que “antes de iniciarse el período vacacional en agosto haya una reunión que aclare la situación final”, que si es satisfactoria “lo celebraremos todos” y si es negativa “deberemos usar otra vía”.
“Lo que no tiene sentido es que estando convencidos de que nos deben de pagar ese dinero, que luego no lo hagan y lo reclamemos en los tribunales, pues entonces ya sería una especie de guerra abierta”, ha insistido.
Melchior también rechaza la posibilidad de rebajar la cifra del dinero que las corporaciones locales reclaman, debido a los necesarios ajustes que debe afrontar el Ejecutivo regional, puesto que “¿cómo vas a renunciar a algo que por ley te corresponde?”
“Es lo que nos corresponde, no nos olvidemos que para la gestión del bloque del REF en 2009 el Gobierno de Canarias cobró 39,5 millones de euros y lo podrían haber hecho con 19,5, con lo cual también nos deben 20 millones más, aunque de momento en eso no entramos”.
En cuanto a las relaciones entre el Ejecutivo y las corporaciones locales, ha reconocido que la situación de crisis impide que “el camino del diálogo sea mucho más llano y mucho más fácil”, ya que “cuando hay preocupación muy fuerte económica y financiera entre las Administraciones hay más tensiones porque los ya de por sí escasos recursos son todavía más escasos y las necesidades son mayores”.
Por ello, considera que “probablemente” la tensión pueda ir “a peor” en 2011, debido al recorte de 1.300 millones que debe afrontar el Gobierno regional para rebajar el déficit público, “si no hay más diálogo y más respeto” por parte del Ejecutivo regional.
