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El marido de la diputada González Taño (CC) amenazó con quitarle la plaza a una familia sin recursos por negarse a pagar una cuota irregular

la escuela infantil San Miguel Arcángel en la isla de La Palma.

Patricio García Ducha, marido de la diputada autonómica y secretaria de Organización de Coalición Canaria, Guadalupe González Taño, dirige con total impunidad la escuela infantil San Miguel Arcángel, ubicada en Santa Cruz de La Palma y dependiente de la Consejería de Políticas Sociales. A las irregularidades vinculadas con el cobro indebido de cuotas y el uso de recibos sin validez para recaudar dinero en efectivo a usuarios del centro, perdonadas por el Gobierno regional tras una investigación previa que culminó sin que se adoptaran medidas disciplinarias, se une el trato humillante que reciben de forma habitual las madres que se atreven a cuestionar sus métodos. Algunas de ellas, que han querido compartir sus experiencias personales, narran situaciones que evidencian prácticas por parte del máximo responsable de la instalación educativa que exceden de sus competencias.

El Gobierno canario perdona al marido de la secretaria de Organización de CC el cobro indebido de cuotas en una escuela infantil

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Es el caso de una usuaria del centro que ha tenido que soportar las amenazas de García Ducha por negarse a pagar una cuota que no le correspondía, según adelantó mirametv.com. El máximo responsable del San Miguel Arcángel, incluso por escrito, llegó a advertirle de que, aunque estaba exenta del pago por su situación económica, perdería la plaza de su hija si no abonaba un total de 90 euros, a pesar de que un director de una escuela infantil pública no tiene capacidad ejecutiva para resolver expedientes relacionados con la baja de alumnos.

Los problemas para esta familia, con la madre en situación de desempleo y el padre con un trabajo precario, comenzaron a comienzos del curso 2017/2018 cuando, como el resto de usuarios, se vieron obligados a tener que pagar en efectivo algo más de 10 euros por la primera cuota del curso y otros 10 euros por una agenda escolar que también les vendió el director de la escuela infantil. Como les resultaba extraño que tuvieran que abonar la mensualidad impuesta por García Ducha, dada su situación económica, decidieron negarse a hacer frente al resto de pagos, lo que provocó que comenzaran las presiones por parte del principal responsable del centro.

Para contrastar cuál era la realidad de su situación, la madre afectada decidió ponerse en contacto mediante correo electrónico con la Dirección General de Protección a la Infancia del Gobierno de Canarias, donde una técnico le confirmó lo que ya suponía: su hija estaba exenta de pago por los escasos ingresos económicos de su familia. No tardó mucho en recibir la respuesta pues el trámite de comprobación, al que también tienen acceso los directores de las escuelas infantiles, se lleva a cabo mediante un programa informático que permite conocer la cuota de cada usuario en cuestión de minutos.

A sabiendas de que estaba exenta, la madre presionada por Patricio García Ducha decidió mantener el pulso y continuó sin pagar la cuota que le exigía el máximo responsable del centro, tal y como le habían recomendado desde la Dirección General de Protección a la Infancia de Canarias. La cuerda se terminó de romper el 26 de junio de 2018, fecha en la que recibió un escrito redactado por el director de la escuela infantil en el que se le comunicaba que "en caso de no abonar en el plazo estipulado [10 días] las cuotas atrasadas, se procederá a dar de baja" a su hija "para el presente curso 2017-2018, quedando además excluida de la renovación de plazas para el próximo curso 2018-2019".

El escrito tiene la apariencia de un documento oficial de la Dirección General de Protección a la Infancia (con el logotipo del Gobierno de Canarias incluido), pero en su margen superior izquierdo se utiliza un código interno sin validez como supuesto número de referencia. El documento está firmado por el propio García Ducha, que se atribuye una competencia que no tiene, la de quitarle una plaza a una alumna, para exigir el pago de unas cuotas indebidas a una usuaria exenta.

La orden que regula la concesión de plazas en las escuelas infantiles, de 20 de septiembre de 1994, deja claro que la persona competente para dictar la resolución definitiva de baja de un menor por impagos es la directora general de Protección a la Infancia, nunca el responsable del centro, y siempre después de la apertura de un expediente en el que se dé audiencia a la parte afectada.

A pesar de ser consciente de que su amenaza tenía escaso recorrido legal, García Ducha empezó a “llamar sin parar” a la madre, a quien gritó "delante de otros padres", según su testimonio, para que firmase el papel y se comprometiese a pagar una cuantía que no le correspondía. Ante la constante presión del director de la escuela infantil, y al sentirse "aterrada" por la situación, terminó por firmar el documento, aunque antes se cuidó de mandar una copia a la Consejería de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias, donde le contestaron que ya habían hablado con el director y que estaba "todo arreglado".

Pese a que nunca llegó a abonar los 90 euros, su plaza fue renovada y durante el presente curso su hija continúa como usuaria del centro San Miguel Arcángel. Sin embargo, la historia se repite y García Ducha ha vuelto a reclamarle una cuota de 10 euros a pesar de que su situación económica no ha cambiado y sigue exenta del pago.

No fue el único caso de aumentos de cuotas injustificadas por parte del director del San Miguel Arcángel durante el curso 2017/2018. Preguntada por estos hechos, la directora general reconoció que se habían detectado lo que denominó como "errores de cálculo" e insistió en que "fueron subsanados en todos los casos". No hay que olvidar que Carmen Morales también hizo hincapié en que García Ducha actuó siempre "movido por su afán de ayudar a las familias".

Tratos vejatorios

Otras madres también han tenido enfrentamientos con el máximo responsable de la única escuela infantil gestionada por el Gobierno de Canarias en La Palma. Algunos testimonios relatan las situaciones, en su opinión vejatorias, que han sufrido cuando se han atrevido a cuestionar las formas del director del centro. Las usuarias siguen sin obtener respuestas sobre qué ha pasado con el dinero que dieron al director en mano y, sobre todo, aún no cuentan con el justificante de que las cuotas que abonaron en efectivo hayan sido ingresadas en la Agencia Tributaria, a pesar de que es un documento necesario para desgravar el pago.

Tras ser investigado por la Dirección General de Protección a la Infancia, Patricio García Ducha no ha vuelto a cobrar en efectivo las mensualidades a los usuarios del centro, pero continúa con sus prácticas autoritarias. Durante el presente curso 2018/2019, el director de la escuela infantil ocultó a los padres las cuantías de las cuotas que les correspondían hasta finales de octubre, a pesar de que lo habitual es que a principios de julio, como fecha tope, la Consejería de Políticas Sociales ya cuente con todos los expedientes de las instalaciones educativas que gestiona y las madres de los alumnos con plaza conozcan las cantidades que deben de abonar por el servicio.

Una de las usuarias, cansada de preguntar a García Ducha por su cuota sin obtener contestación, decidió llamar directamente a la Dirección General de Protección a la Infancia, donde le comunicaron la cuantía sobre la marcha y le recomendaron que la pagara (ya se le habían acumulado dos meses). Tras realizar el abono mediante el modelo 800, acudió al centro para entregarle el justificante al director. Allí recibió una respuesta airada del máximo responsable de la escuela infantil, que le cuestionó que hubiera actuado por su cuenta, en lo que considera "una falta de respeto" por los gritos que le profirió delante de otras personas, su hijo incluido.

Ante esta situación, la afectada, mediante varios correos electrónicos en los que pedía que se adoptaran medidas disciplinarias, decidió poner los hechos en conocimiento de la directora general de Protección a la Infancia y de la consejera de Políticas Sociales, Cristina Valido. Solo recibió una llamada de respuesta donde Carmen Morales le aseguró que no volvería a suceder, pero esta madre no se queda conforme porque "otros años también ha habido quejas de padres por el trato que les ha dado este señor y nunca se ha hecho nada; no quiero que esto quede así". En su testimonio insiste en que "parece que no hay nadie que supervise su trabajo", en referencia a García Ducha, y recuerda que en una ocasión le manifestó que en esa escuela infantil "las cosas se hacen como él diga".

Tuvo que ser la propia Dirección General de Protección a la Infancia la que obligara a Ducha, tras las quejas de los usuarios, a comunicar las cuotas a los padres, algo que no ocurrió hasta finales de octubre, lo que provocó que a las familias beneficiarias del recurso educativo se les acumularan hasta tres mensualidades.

Testimonios como estos, unidos a los de otras madres que relatan la impunidad con la que se maneja García Ducha como director del San Miguel Arcángel, ponen de manifiesto la actitud autoritaria con la que el actual director del centro gestiona un recurso social y educativo tan sensible. "Es su finca particular y nadie lo va a mover de ahí porque su mujer es quien es", explican algunas fuentes relacionadas con la escuela infantil. De momento, los grupos parlamentarios del PSOE, el PP y Podemos han solicitado la comparecencia en la Cámara autonómica de la consejera de Políticas Sociales de Canarias, Cristina Valido, para que dé explicaciones sobre las irregularidades detectadas y la negativa del Gobierno regional a adoptar medidas disciplinarias al respecto.

En un escrito elevado a la Dirección General de Protección a la Infancia el pasado mes de noviembre, un grupo de padres y madres realizaron una batería de preguntas a Carmen Morales sobre cuestiones vinculadas con el centro y, en concreto, respecto a "qué se ha resuelto sobre la investigación referente a los pagos en efectivo" que se llevaron a cabo. Al igual que le ha pasado a CC OO, que también comunicó en junio a la consejera la existencia de irregularidades y pidió que los hechos fueran puestos en conocimiento de la Fiscalía, todavía no han recibido respuesta.

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Publicado el
20 de diciembre de 2018 - 17:35 h

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