Las discrepancias con el Estado bloquean las leyes de transporte
El consejero de Obras Públicas y Transporte del Gobierno de Canarias, Juan Ramón Hernández, afirmó este martes que el desarrollo reglamentario de las leyes de Ordenación del Transporte por Carretera y Marítimo de Canarias no se abordará hasta que se diriman las discrepancias surgidas con el Estado ante la posible inconstitucionalidad de algunos artículos.
Juan Ramón Hernández destacó los avances logrados en la comisión bilateral Canarias-Estado creada al efecto para resolver las discrepancias sobre ambas leyes y confió en poder presentar el desarrollo reglamentario de ambas normas en un breve periodo de tiempo.
Respecto a la Ley de Ordenación del Transporte por Carretera, Juan Ramón Hernández afirmó que el principal escollo que pervive entre los Gobiernos estatal y canario se refiere a la regulación del tacógrafo, mientras que respecto a la norma del transporte marítimo la discrepancia se centra en las infracciones graves que se incluyen en su articulado.
Hernández indicó que su departamento tiene previsto elaborar un reglamento para el taxi y otro para el resto del transporte por carretera, que afectará al transporte público y privado de mercancías y pasajeros y al arrendamiento con y sin conductor.
Para ello, recalcó, ya se han mantenido reuniones con representantes del sector y de las distintas administraciones y se prevé crear comisiones de trabajo con personas de los distintos subsectores empresariales y sindicales y miembros de las administraciones estatal, regional e insular para que el proyecto de reglamento pueda ser tramitado en el primer semestre de 2008.
El diputado socialista Julio Cruz consideró que la ley de transporte por carretera necesita mucho reglamento, especializado y concreto a las distintas modalidades de transporte y aseguró que si la norma no se desarrolla pronto la aplicación de la ley será “muy difícil”.
Respecto a la ley de transporte marítimo, aseguró que salvo lo relacionado con las infracciones, la norma es “plenamente constitucional” y consideró esencial que se establezcan las obligaciones de servicio público, “no sólo desde el punto de vista de contratación sino para establecer mínimos de comunicación entre distintas islas”.
Recordó que la ley permitirá a la Administración garantizar unos transportes adecuados y dar garantías a los usuarios, e instó a Hernández al desarrollo reglamentario de las obligaciones de servicio público y de los derechos y deberes de los usuarios.
Tanto Manuel Hernández, del Partido Popular (PP), como Lidia Ester Padilla, de Coalición Canaria (CC), instaron al consejero a seguir por la senda del entendimiento con el estado para evitar los recursos de inconstitucionalidad que retrasarían el desarrollo de las leyes porque de lo contrario, apuntó Padilla, “las consecuencias las pagan los ciudadanos”.
