El abogado del 'caso Edén' denunciará a Soria por calumnias ante la Fiscalía
Felipe Campos, abogado de la acusación particular en el denominado caso Edén, que investiga presuntos delitos de corrupción en el municipio tinerfeño de Arona, tiene decidido denunciar al vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria (PP) ante la Fiscalía por un presunto delito de calumnias, al calificar el presidente del PP canario de “ilegales” las escuchas telefónicas en las que el presidente del Gobierno regional, Paulino Rivero, le pide al alcalde de Arona que interceda a favor de una sobrina suya en unas oposiciones a la Policía Local.
“Es indignante, gravísimo e intolerable que José Manuel Soria se atreva a decir que se han efectuado grabaciones ilegales en la investigación que se le lleva a cabo en Arona”, aseguró Felipe Campos la tarde de este lunes a CANARIAS AHORA. Para Campos, el vicepresidente del Gobierno de Canarias puede haber cometido un delito de calumnias, al imputar a la Guardia Civil, que investiga el caso de presunta corrupción en la corporación presidida por González Reverón (CC), un delito que conlleva penas de hasta cuatro años de cárcel.
El abogado de la acusación particular en el caso del municipio de Arona recuerda que de la investigación y sus consecuentes pinchazos teléfonicos han salido, por el momento, imputados hasta 30 personas, “y todas esas escuchas se realizaron de manera legal”.
En declaraciones recogidas también por eldigitaldecanarias.com, Felipe Campos aseguró que Soria “no tiene vergüenza al calificar de privado el intento de un presidente regional de enchufar a su sobrina aprovechando su cargo público”.
Campos fue más allá e insistió al digital citado en que “no sólo no es privada [la conversación], sino que tiene trascendencia pública y, por tanto, es de interés público”. Sí matizo, no obstante, que “es posible que la grabación no sea constitutiva de delito”, lo que no es obstáculo para que se reconozca que “se ha pillado al presidente de Canarias en un claro abuso de su cargo”.
También aprovechó Campos para quitarse la toga de abogado y hablar como ciudadano. “Es degradante que se pueda llegar a justificar una actitud como ésta”, a lo que añadió el letrado que “con ésto sólo se consigue una quiebra absoluta de la confianza por parte de la ciudadanía”.
La polémica también se instaló la semana pasada en la sede conservadora de la calle Castillo capitalina. La presidenta del PP en Tenerife, Cristina Tavío, aseguró que había “tenido sensaciones” de que su teléfono pudo haber estado intervenido antes de las elecciones de 2007.
Para Campos, las palabras de Tavío “son criticables porque no se puede hablar de sensaciones para imputar un posible delito”. El letrado, asimismo, requirió a la máxima responsable popular en la Isla que “si tiene indicios de grabaciones ilegales, que acuda a la Fiscalía a denunciarlo”.
