La Eurocámara pedirá más información a España sobre “casos concretos” de expropiaciones por la Ley de Costas
BRUSELAS, 15 (EUROPA PRESS)
La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo solicitará “más información” al Gobierno español sobre la aplicación de la normativa de la Ley de Costas en España y los “casos concretos” de presuntos abusos denunciados por un gran número de ciudadanos españoles, británicos, alemanes, holandeses, franceses y austriacos ante las instituciones europeas.
Los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria “han acordado mantener la petición abierta y pedir más información sobre las peticiones concretas a la Dirección General de Costas” en una reunión celebrada este martes a puerta cerrada, han confirmado fuentes parlamentarias.
La Comisión Europea ya dejó claro el pasado 24 de mayo --la última vez que se debatieron las más de 40 quejas que afectan principalmente a Canarias, Comunidad Valenciana, Asturias, Galicia, Cataluña, País Vasco y Andalucía-- que no tiene competencias para intervenir en la normativa española, cuya aplicación e impacto sobre el derecho de propiedad ha sido denunciado por numerosos ciudadanos europeos.
Varios peticionarios denunciaron entonces que la Ley de Costas atenta contra los Derechos Humanos de los propietarios de los terrenos expropiados bajo esta ley, con lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) sí tendría competencias.
El Ejecutivo comunitario se ha comprometido mantener los contactos con las autoridades españolas, aunque advierte de que hasta la fecha “no ha encontrado este tipo de discriminación” reflejo directo de la normativa española.
Los portavoces de los grupos políticos en la Comisión de Peticiones han acordado asimismo este martes organizar un taller con expertos urbanísticos y abogados para analizar la aplicación de la normativa española en otoño y han acordado esperar a los resultados de este ejercicio para determinar si es necesario elaborar una nuevo informe de la Eurocámara.
La Eurocámara ya aprobó en 2009 un informe de la eurodiputada danesa de Los Verdes Margrete Auken en el que se pedía la congelación de los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos europeos.
