A examen el crecimiento costero posterior a 1988
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente (Magrama) estudiará los crecimientos posteriores a 1988 de los núcleos urbanos del litoral que se puedan salvar conforme a la nueva Ley de Costas, según ha manifestado este martes el portavoz de Medio Ambiente del PP en el Senado, Vicente Aparici. La reforma de la Ley de 1988 permite conservar aquellos núcleos costeros construidos antes de su aprobación si cumplen determinadas condiciones, pero no se pronuncia sobre si su desarrollo posterior, hasta 2013, puede o no beneficiarse de esa misma excepción.
Vicente Aparici y la senadora del PP por Gran Canaria Josefa Luzardo han defendido, en una rueda de prensa, la nueva Ley de Costas y han calificado el recurso de inconstitucionalidad anunciado ayer por Canarias y otras cuatro comunidades de “político y partidista”. Aparici ha indicado que el recurso anunciado no beneficia a los ciudadanos, al tiempo que ha recordado que la nueva ley, que reforma la anterior de 1988, ha tenido un amplio periodo de debate en el que han podido participar los distintos grupos políticos.
Luzardo ha indicado que en ese debate participó también CC, que presentó 19 enmiendas que estuvo a punto de pactar con el senador por El Hierro Narvay Quintero. Para Luzardo, el recurso responde a una “nueva pataleta de CC”, que quiere imitar a Andalucía y Cataluña -otras de las comunidades dispuestas a recurrir la ley-, para “tapar” su “mala gestión” y conseguir competencias en materia de costas que corresponden al Estado.
Aparici ha defendido además las nuevas competencias que esta ley confiere al Estado para evitar construcciones como la del hotel Algarrobico en una playa de Almería, porque permitirá a las delegaciones del Gobierno paralizar edificaciones similares hasta que se pronuncien los órganos judiciales correspondientes.
Doce excepciones
Luzardo además ha indicado, ante el rechazo que ha suscitado el hecho de que ningún núcleo urbano del litoral canario esté incluido en las doce excepciones que recoge la ley y que permitirán su legalización, que CC tampoco propuso incluir áreas urbanas del litoral canario.
La senadora canaria y Aparici han explicado que esas doce excepciones que se han considerado en todo el territorio español responden a zonas del litoral que estaban bastante pobladas y que reunían una serie de condicionantes. Así mismo, han subrayado la importancia de la enmienda que se aprobó para poder resolver el problema de los núcleos urbanos que se han asentado en el litoral antes de 1988 y asegurar su permanencia, lo que beneficiará a las personas que residen en áreas de las costas canarias, siempre y cuando no estén sujetas a sentencias que ordenen su demolición, como es el caso de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), ha recordado Luzardo.
Los alcaldes de los municipios con núcleos costeros anteriores a 1988 tendrán que pedir en el plazo de tres meses los informes correspondientes al Ministerio para consolidar estas zonas, siempre que cuenten con agua, alumbrado, alcantarillado y estén asfaltadas, Estos informes serán analizados por el Ministerio y lo construido con posterioridad a 1988 dentro de esos núcleos urbanos que se puede consolidar se estudiará de manera pormenorizada, ha aclarado Aparici.
El senador del PP ha insistido en defender la nueva ley por ser más proteccionista con el medio ambiente, proteger los derechos de antiguos propietarios de viviendas y otros bienes, y por conferir seguridad jurídica a las actividades económicas sostenibles, de manera que permitirá la generación de empleo.
