Francisco evita aclarar si firmó la adenda sabiendo que no tenía informes favorables
El ex consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias José Carlos Francisco eludió este lunes aclarar a la comisión parlamentaria que investiga el caso Tesoro si era consciente de que la adenda que firmó sobre el convenio con entidades bancarias carecía de informes favorables de la intervención general de la Comunidad Autónoma ni de la asesoría jurídica de su departamento.
En una cláusula de ese adenda se autorizaba a las entidades bancarias a contratar a terceros los servicios e informes comprometidos con la Consejería, según subrayó el diputado socialista José Alcaraz, quien precisó que esa posibilidad fue introducida después de que los servicios jurídicos hubieran informado el texto y sin que estos pudieran pronunciarse.
Alcaraz preguntó reiteradamente a Francisco si era consciente de que esa adenda carecía del informe de la Intervención General y del visto bueno de la letrada de los servicios jurídicos, ante lo que Francisco se mostró convencido de que se actuó siempre de acuerdo con la legalidad y con los informes necesarios.
José Carlos Francisco, que fue consejero entre 1995 y 1999, consideró normal que la letrada de la Consejería haya manifestado a la comisión de investigación que si le hubieran sometido a su criterio esa cláusula que permitía a los bancos contratar a terceros no la habría convalidado.
“La tendencia del funcionario ante una comisión de investigación es tratar de quitarse responsabilidades”, afirmó el ex consejero y aseguró que la asesoría jurídica “está equivocada de plano” al igual que lo está, en su opinión, la Audiencia de Cuentas en la denuncia de algunas irregularidades en el convenio.
Afirmó que el hecho de que la Audiencia de Cuentas decidiera no abrir un informe extraordinario sobre este asunto muestra que este organismo no advirtió infracción manifiesta de la legalidad ni perjuicio para el interés público en ese convenio, mediante el cual las entidades bancarias hacían contratos de patrocinio y servicios pactados con la Dirección General del Tesoro.
El ex consejero afirmó que no elude sus responsabilidades y que lo que firmó lo hizo “con todas sus consecuencias”, pero rechazó que haya “un circuito extraño” en ese convenio o que se pretendan derivar de él insinuaciones de corrupción o de dudas.
Agregó que en la práctica entre empresas y en la práctica administrativa se pagan servicios de pequeña cuantía contra la presentación de facturas, sin necesidad de que medien contratos, y acusó al diputado socialista de “ignorancia supina” por no saber eso, aunque luego, cuando fue reconvenido por la presidencia de la comisión, matizó que si ese desconocimiento no se debe a ignorancia “es aún peor”.
José Alcaraz le respondió que la subcontratación con terceros se hurtó al conocimiento de los órganos de control y consistía en una fórmula mediante la cual la Dirección General del Tesoro hacía encargos a empresas ajenas al convenio, que presentaban las facturas a la Administración y luego las pagaban los bancos.
Pero según José Carlos Francisco, lo que ocurrió fue que se alcanzó un convenio mediante el cual los bancos contrataban y financiaban actuaciones que de otra manera hubieran tenido que haber sido realizadas directamente por el Gobierno.
En respuesta al portavoz del PP, Jorge Rodríguez, el ex consejero señaló que las consideraciones que realiza la Audiencia de Cuentas sobre ese convenio “son opinables”, como que debería haberse hecho un concurso con una sola entidad.
“Eso es una opinión equivocada”, afirmó Francisco, porque trabajar con un solo banco limita las posibilidades de acceso a crédito de la Comunidad Autónoma.
También criticó que la Audiencia de Cuentas indicara que los bancos firmantes del convenio tendrían que haber pagado a la Comunidad Autónoma más por los depósitos de las retenciones de IRPF y de pagos a la Seguridad Social.
“Los bancos no tienen ninguna obligación de retribuir” esos depósitos, sostuvo el ex consejero de Economía y Hacienda.
Explicó que el convenio pretendía dar mayor transparencia y regular mejor los acuerdos con la banca, de manera que las entidades hicieran “un mayor esfuerzo” y contrataran servicios y actividades para la Consejería.
