El Fsoc denunciará a Inmaculada Medina por prevaricación
Los delegados de personal de la empresa Gestión y Reciclajes de Canarias (GRC), concesionaria del servicio de recogida selectiva de residuos sólidos (papel, cartón y envases ligeros) de Las Palmas de Gran Canaria denunciarán por la vía penal la decisión de la Junta de Gobierno socialista de la ciudad y concretamente de la concejal de Limpieza, Parques y Jardines, Inmaculada Medina, por “retirar el servicio a esta empresa y otorgársela a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) a dedo, dejando tirados a 25 padres de familias, puesto que la nueva adjudicataria no ha querido subrogar a estos trabajadores”.
Según Mario Borges, delegado de personal de GRC, dos son los motivos por los que se ha decidido denunciar por la vía penal a la edil y al grupo de gobierno municipal, “haber dictado una resolución administrativa injusta a sabiendas sin garantizar el derecho al trabajo de estos trabajadores y conceder el servicio a una empresa, FCC, que no presta en realidad el servicio por falta de personal, habiéndolo subcontratado a Martínez Cano”.
Además, Borges señala en un comunicado que “para más inri, Martínez Cano se dedica a tirar la basura selectiva en el vertedero municipal junto con el resto de la basura orgánica e inorgánica, sin trasladarla a los puntos limpios ubicados al efecto, lo cual supone una grave irregularidad conocida por el propio grupo de gobierno socialista”.
El Frente Sindical Obrero Canario (Fsoc) explica que “el artículo 404 del vigente Código Penal establece que a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de siete a diez años.”
El Fsoc, sindicato mayoritario en el comité, concluye que “emprenderá todas las acciones judiciales pertinentes para salvaguardar el derecho al trabajo de estos 25 padres de familia”.
