“En el Gobierno de Canarias entendemos que la Agenda 2030 ahora tiene más sentido que nunca”

David Padrón, director general de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible en el Gobierno de Canarias, es el economista que al frente de ese departamento autonómico, dentro de la estructura orgánica de Presidencia del Gobierno, hoy se encarga de canalizar y gestionar, de forma transversal, todo el trabajo relacionado con la creación primero y la implantación después de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible (ACDS): la Agenda 2030 de Naciones Unidas adaptada la realidad del Archipiélago.

En esta entrevista, Padrón analiza las consecuencias que ha tenido la pandemia de la COVID-19 en la programación inicial del trabajo de confección de esa hoja de ruta hacia una mayor sostenibilidad y explica cuál es hoy la situación y por qué ahora, en esta coyuntura de crisis sanitaria, económica y social, la apuesta del Gobierno autonómico (que se apoya en un pacto de progreso) por la Agenda 2030 es aún más necesaria; está mucho más justificada si cabe.

¿Hasta qué punto cree usted que ha cambiado o debe modificar la pandemia de la COVID-19 la Agenda 2030 de la ONU (vigente desde enero de 2016) y lo ya planificado y presupuestado en Canarias en pro de su desarrollo regional? ¿Considera que la nueva situación socioeconómica y sanitaria implicará cambios en los contenidos de los actuales 17 objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y en sus 169 metas globales?

Tal y como ha señalado recientemente el secretario general de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, la pandemia de la COVID-19 debe servir para extraer enseñanzas, lecciones que nos permitan reorientar nuestras decisiones y acciones para hacer las cosas mejor, con el acento puesto en tratar de resolver los grandes retos y problemas globales.

En esa línea, me atrevo a afirmar que la Agenda 2030 es más actual ahora, tras la crisis sanitaria, que antes. Además, debemos celebrar que dispongamos de ese inventario de objetivos y metas globales porque constituye una brújula adecuada a la hora de diseñar e implantar las medidas de los planes de reactivación de los distintos gobiernos nacionales, regionales y locales.

La Agenda 2030 fue aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, y entró en vigor el 1 de enero de 2016. Detrás quedaron más de dos años de trabajos y análisis, y un proceso participativo a escala mundial sin precedentes. La Agenda 2030 lo único que hace es establecer los objetivos (ODS) y las metas que debemos procurar atender a escala global si queremos ser efectivos en la corrección de algunos de los retos ambientales, sociales y económicos más acuciantes en el mundo.

Si algo nos ha venido a recordar la pandemia de la COVID-19 es que hace tiempo nos desenvolvemos en una sindemia global, y que afrontarla demanda, tal y como propone Naciones Unidas a través de su Agenda 2030, apostar por los principios de la sostenibilidad y la resiliencia. Se trata, por lo tanto, de una agenda que marca algunas de las prioridades que deben interiorizar las hojas de ruta a medio y largo plazo de países y regiones, de sus gobiernos y, en general, de sus agentes y de la ciudadanía. Su vocación no es la actuación coyuntural o de corto plazo; es estructural, aspirando a cambiar los parámetros estructurales de nuestros sistemas, de tal forma que seamos capaces de lograr un desarrollo equilibrado en lo ambiental, lo social y lo económico. Ese equilibrio es lo que se entiende por desarrollo sostenible.

Con la nueva situación planetaria, de España y de Canarias, ¿cuándo se prevé que esté cerrado y presentado el borrador de la ACDS?

Como usted sabe, el proceso de elaboración de la futura ACDS lo iniciamos en el mes de septiembre del año pasado. Desde entonces, hemos estado trabajando, primero, en la alineación de la agenda política para la décima legislatura con los ODS y las metas globales de Naciones Unidos, y segundo, en la localización o aterrizaje de la Agenda 2030 en la realidad concreta de nuestra región.

En febrero de 2020, dispusimos de un primer documento que sintetizaba el trabajo realizado por los distintos departamentos desde septiembre de 2019. Ese documento pensábamos discutirlo en la primera sesión de trabajo del Comité de Coordinación Horizontal (CCH), que es el responsable del diseño de la ACDS y en el que se encuentran representados todos los departamentos y organismos autónomos del Gobierno regional. La fecha prevista para ese primer encuentro era el 9 de marzo, pero nunca llegó a realizarse debido a la situación sanitaria del momento [el primer estado de alarma se decretó el 14 de marzo].

La irrupción de la pandemia y la posterior crisis social y económica nos ha obligado a concentrar los esfuerzos y las energías de los cargos públicos y del personal funcionarial del Gobierno de Canarias, primero, en las actuaciones de choque para atender las urgencias del nuevo escenario tras la COVID-19, y luego, en el diseño del Plan para la Reactivación Social y Económica, que contempla no sólo actuaciones en lo que resta del año, sino además las que debemos implantar en los próximos ejercicios. Este último paquete de medidas debe estar alineado con la Agenda 2030, con la ACDS.

Dada la situación epidemiológica en la que nos desenvolvemos, que sigue aconsejando no reunir simultáneamente a todos los miembros del CCH (más de 60 personas), durante los meses de junio y julio optamos por mantener un total de 16 sesiones de trabajo con las distintas consejerías y centros directivos del Gobierno regional para terminar de perfilar un primer documento, muy preliminar, con el objeto de poder entregarlo a la ciudadanía y abrir el proceso participativo. 

Así, hacia finales del mes de septiembre esperamos cerrar el proceso participativo para la elaboración de la ACDS. Posteriormente, trasladaremos esas aportaciones al CCH y a todos los centros directivos del Gobierno, para que las estudien e incorporen a la ACDS. Si no tenemos más sobresaltos, esperamos tener diseñada y aprobada la ACDS 2020-2023 antes de que finalice este 2020.

¿Se ha modificado algo la guía en la que se trabajaba para las administraciones isleñas? ¿Queda mucho hasta completarse la Red Canaria de Desarrollo Sostenible?

Un elemento central en el proceso de elaboración de la ACDS es la participación. A este proceso están invitados, a través de la Fecai y la Fecam, los cabildos y ayuntamientos. Aún tenemos pendiente una sesión de trabajo, previa a la celebración de los foros, en la que el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Olivera, y yo explicaremos de primera mano y de forma pormenorizada los pasos que hemos dado, y la hoja de ruta con las acciones que aún restan hasta llegar a la conclusión de este proceso. Será entonces cuando emplazaremos a trabajar de forma conjunta a los tres niveles de la Administración pública en el proceso de elaboración de una guía práctica para el diseño e implantación de la Agenda 2030 a escalas insular y municipal. La idea es generar un espacio de colaboración en el que compartir experiencias; que el Gobierno regional y aquellos ayuntamientos y cabildos que ya han emprendido el proceso de localizar la Agenda 2030 en sus respectivas realidades compartamos con los demás el conocimiento adquirido… Así elaboremos un documento de síntesis que facilite a los demás transitar ese camino.

En cuanto a la Red Canaria para el Desarrollo Sostenible, aspira a convertirse en el lugar de encuentro de todas las partes interesadas o grupos de interés. Desde el pasado mes de junio, hemos iniciado las tareas necesarias para identificar a las partes interesadas clave (aquellas que participarán en el proceso en representación propia y de la ciudadanía, colectivo, organización o institución a la que pertenecen) y lo que hemos dado en llamar agentes locales del cambio (los cuales, con independencia de que participen en el proceso, se encuentran actualmente trabajando en proyectos y/o actuaciones que contribuyen de manera significativa al logro de los ODS en Canarias). Esos agentes serán los que integren la futura Red Canaria para el Desarrollo Sostenible, que aspiramos a que se convierta en un elemento clave de dinamización, seguimiento y evaluación de la ACDS.

Desde su llegada al Gobierno autonómico, y más allá de la Estrategia Canaria aprobada a finales de la legislatura anterior por el Parlamento, que no por el Gobierno previo, el Ejecutivo progresista de las Islas ha definido el desarrollo sostenible y esa Agenda 2030 canaria como una de sus prioridades: ¿se ha debilitado algo esta apuesta por la nueva coyuntura o, al contrario, tiene más sentido que nunca y ha de acelerarse al máximo?

Tal y como señalé antes, son muchos los que entienden que la Agenda 2030, sus 17 ODS y sus 169 metas, tienen hoy más sentido que nunca. En el Gobierno regional compartimos esta visión. Este planteamiento, por lo demás, es compartido por otros agentes, como lo atestigua el hecho de que la elaboración de la ACDS haya sido incluida en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias [y en el desarrollo de sus medidas de actuación: el Plan consiguiente], firmado el pasado 30 de mayo, como una de las prioridades estratégicas que debemos atender.

La Agenda 2030 debe servirnos para guiar las medidas del correspondiente Plan para la Reactivación; la ACDS debe servir para que la reactivación sea reorientadora. Entendemos que la Agenda 2030 sigue siendo una hoja de ruta válida para la era posCOVID, y su concreción en clave regional, la ACDS, debe ser nuestra brújula en los próximos años.

El nuevo Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), cuyo convenio Canarias-Estado se firmó este agosto con 42 millones de euros para 2020, prevé cinco millones para un proyecto extraordinario de transición ecológica junto a los cabildos. Es una iniciativa para contratar a parados en actividades integradas en las economías verde y circular. ¿Es uno de los caminos?

A pesar de que el proceso de la ACDS aún no se ha cerrado, éste constituye un buen ejemplo de cómo su espíritu ya empieza a calar en la agenda de la acción política, de cómo las medidas del Plan para la Reactivación por la crisis de la COVID-19 pueden y deben conciliarse con los valores de la sostenibilidad y la resiliencia que pretende impulsar la futura ACDS.

El Plan Extraordinario de Empleo de Transición Ecológica es un ejemplo concreto de acción alineada con la aspiración de establecer un nuevo marco estratégico en los proyectos generadores de empleo en el ámbito de la energía y el clima, de las energías renovables, de nuevos modelos medioambientales. También es el deseo de implantar medidas en el ámbito de la sostenibilidad ambiental que tengan al mismo tiempo un impacto económico y social. En este caso, a través de la contratación de personas. Creo que constituye, además, un buen ejemplo de una forma de propiciar la diversificación del tejido productivo. Pero, más allá de las acciones concretas, lo verdaderamente importante es tener bien armada una estrategia, y cerrar cuanto antes la ACDS y su correspondiente plan de acción.

El Plan para la Reactivación Social y Económica de Canarias por las consecuencias del coronavirus también incluye un punto expreso de impulso a la ACDS. ¿No existen muchos planes o acciones por separado o todas serán actuaciones híbridas, compartidas y coordinadas dentro del propio Gobierno y con otras administraciones y entes privados? ¿Deben estar todas en un único plan o será inevitable que haya solapamientos?

Desde el inicio de esta legislatura, la Dirección General de Investigación y Coordinación de Desarrollo Sostenible, en colaboración con los restantes departamentos del Gobierno de Canarias, ha estado trabajando en el correcto alineamiento entre los compromisos adquiridos en el Pacto de Gobierno y la ACDS. Ahora, tras la crisis de la COVID-19 y la firma del Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias, entra en escena un nuevo documento que estará igualmente alineado con los anteriores. 

Más aún, hemos de recordar que el llamado Pacto de Progreso ya establecía que la Agenda 2030 se constituiría como el eje vertebrador de toda la acción de gobierno durante la décima legislatura. De igual forma, el Pacto para la Reactivación establece como una de sus prioridades estratégicas la localización de la Agenda 2030 en la realidad concreta de nuestro archipiélago, y dado el carácter transversal de la Agenda de Naciones Unidas (también en su versión canaria), esto nos obliga a velar por que los principios de la sostenibilidad y la resiliencia permeen el resto de prioridades, de medidas y acciones del mencionado Pacto y su desarrollo como Plan.

Sin duda, la tarea no es sencilla, y sin duda aparecerán numerosas contradicciones o conflictos que tendremos que gestionar. Pero el compromiso con el impulso del desarrollo sostenible sigue estando vivo, y el Plan para la Reactivación debe atestiguarlo.

¿No teme que muchos sectores sociales, los más afectados por la pandemia en lo económico, se alejen ahora del desarrollo sostenible por vincularlo a un freno al crecimiento? ¿Hay que hacer aún mucho esfuerzo didáctico para diferenciar entre crecimiento y desarrollo? ¿Se seguirá hablando solo de PIB per cápita sin perspectiva ecológica mundial o regional, sin atender a la distribución sostenible de la riqueza, la igualdad de oportunidades y la justicia social?

La coyuntura que enfrentamos actualmente puede ser interpretada por algunas personas como poco favorable a la introducción de cambios, incluidos aquellos orientados al fomento de la sostenibilidad. Que eso “no toca ahora”. Como me trasladaba un conocido a través de las redes sociales tras la declaración del estado de alarma: “Ya retomaremos eso de la sostenibilidad y los ODS cuando pase todo esto”.

A mi entender, ese tipo de manifestaciones denotan cuando menos dos inconsistencias. La primera, que las políticas de corto plazo, también las medidas incluidas en planes de choque y de reactivación, pueden y deben alinearse con las políticas de medio y largo plazo, con la estrategia de futuro de la organización que debe implementarlas. La segunda, que la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible no es un paquete de actuaciones diferentes de las del resto de la agenda política. La Agenda 2030 debe ser vista como la guía que oriente el diseño de la acción de gobierno; debe ser transversal a toda la acción de gobierno.

Tras decenios de adoración al PIB y su ritmo de avance, hemos asumido que todas las medidas de política económica deben ir encaminadas a aumentar su valor, y no lo cuestionamos, tampoco cuando estalla una crisis sanitaria. Lo que ahora se está subrayando es, precisamente, las evidentes limitaciones del PIB como indicador del nivel de bienestar de una sociedad, de su nivel de desarrollo. Lo que ahora se propone es que las actuaciones de política pública vayan encaminadas a garantizar simultáneamente la prosperidad material, el bienestar y la equidad sociales, y también la sostenibilidad ambiental. La función objetivo se amplía, incluyendo ahora más objetivos, y todos igual de importantes, irrenunciables.

Igual que hay negacionistas de la COVID-19, aunque sean muy minoritarios, ¿cree que habrá ahora más personas que nieguen el cambio climático por ese apremio económico o tenderán a ser cada vez más residuales?

Sin ninguna duda. Y por eso las políticas de sensibilización, formación y capacitación son fundamentales. De igual forma, las políticas de transición justa que minimicen los inevitables costes del cambio y aceleren la materialización de los igualmente indiscutibles beneficios, también económicos.

Negacionistas de las desigualdades sociales, de su naturaleza, dimensión y alcance han existido y seguirán existiendo; negacionistas de la emergencia ambiental, y no sólo climática, siguen manifestándose y sentando cátedra; negacionistas de la COVID-19 se manifiestan en las calles y se jactan de ello en los medios de comunicación, redes sociales incluidas. Incluso aún hoy hay negacionistas de la redondez del planeta Tierra (realmente tiene forma de esferoide oblato).

Aunque me cuesta un gran esfuerzo entender cómo es posible que aún hoy haya personas que defiendan esas posturas convencidas de su verosimilitud, después de haber leído el libro Sapiens. De animales a dioses, del historiador israelí Yuval Noah Harari, y en concreto su arriesgada teoría con la que interpreta que la revolución agrícola ha sido “el mayor fraude de la historia”, no puedo más que valorar lo que difunden los medios de comunicación como evidencia a favor de la hipótesis de Harari. 

Con todo, y sin pretender abarcar todas las posibilidades, estoy convencido de que una proporción nada despreciable de quienes se posicionan en esos postulados contrarios a la evidencia empírica no lo hacen por desconocimiento, sino por interés. Como apuntó en una ocasión el escritor estadounidense Upton Sinclair, resulta tremendamente complicado que un hombre entienda algo cuando su sueldo depende de que no lo entienda. Estos colectivos además tienen una gran capacidad para construir relatos alternativos y atractivos con los que confundir a la opinión pública y generar desconcierto. 

En unos cinco años, ¿en qué puesto ha de estar Canarias en desarrollo sostenible respecto al resto de las comunidades españolas, teniendo en cuenta que las Islas se hallan entre las tres peores (junto a Murcia y Andalucía)? ¿Y en 10 años, en ese 2030 de referencia?

Considerando los indicadores disponibles, Canarias figura entre las economías con peores estándares en materia de sostenibilidad ambiental, social y económica. La aspiración detrás de la hoja de ruta de este Gobierno para la décima legislatura es iniciar una nueva senda que nos lleve, de aquí a 2030, a un escenario mucho mejor, compatible con los principios de la sostenibilidad (en su triple dimensión) y la resiliencia. 

En estos momentos, estamos cerrando el estudio de diagnóstico en materia de ODS a escala regional, y esperamos tener concluido el cuadro de indicadores para el seguimiento de los compromisos adquiridos en la futura ACDS, para poder evaluar el grado de contribución de nuestra región al cumplimiento de los objetivos marcados por Naciones Unidas en su Agenda 2030.

La aspiración no creo que deba ser tanto pasar del puesto decimoquinto por autonomías al quinto, sino establecer objetivos claros, realistas y exigentes en materia de desarrollo sostenible, y también arbitrar una agenda de acción política adaptada a la realidad de Canarias que nos permita darle cumplimiento. Creo que esta es la mejor fórmula para contribuir al bienestar de nuestra sociedad y al logro de los objetivos globales de Naciones Unidas. El resultado natural de este proceso debería ser que la brecha que nos separa de otras regiones que hoy lo están haciendo mejor que nosotros se estreche. Pero ese será un resultado inevitable de haber hecho bien las cosas.

Esta apuesta de Canarias por la sostenibilidad integral también debe convertirse en un atractivo turístico. ¿Es así? Por lo tanto, ¿los efectos del coronavirus además deben verse como una oportunidad en busca de ese turismo sostenible, y no tanto el de masas?

Indiscutiblemente. La apuesta por la sostenibilidad también es una buena noticia para el sector turístico y la mejora de sus estándares competitivos a medio y largo plazo. Pero también me atrevo a afirmar que Canarias fracasará estrepitosamente en su intento por avanzar hacia un modelo sostenible ambiental, social y económicamente si no cuenta con el liderazgo, empuje y compromiso decidido del sector que aglutina los mayores porcentajes de producción y empleo, tanto directa como indirectamente.

La pandemia de la COVID-19 no nos trajo esta enseñanza. Ya veníamos observando desde hace años movimientos en las placas tectónicas del sector a escala mundial que dejaban entrever que se estaban produciendo cambios en las ponderaciones de los parámetros clave del éxito competitivo, otorgando una mayor relevancia a aquellos más próximos a la sostenibilidad. La COVID-19 la entiendo como un catalizador de esos cambios; creo que lo que hará será acelerarlos. Canarias no debe resistirse y, en su lugar, debe liderar esa transición. De lo contrario, a futuro lo pagaremos, también en un sentido estrictamente económico.

La COVID-19 también nos trajo un tsunami de webinars. Deseo destacar uno organizado por la Fundación Fyde-CajaCanarias y la Cátedra de Turismo CajaCanarias-Ashotel-ULL, celebrado en el mes de abril pasado y titulado Reflexiones y perspectivas del turismo en Canarias para la salida de la crisis de la COVID-19. De las numerosas reflexiones de gran valor que se aportaron en esa sesión, deseo compartir, por su oportunidad, una lanzada por el profesor Carlos Fernández: “Canarias, para ser saludable turísticamente, no puede ser sólo turismo”. En esa misma sesión, el profesor Fernández nos invita a releer “todo lo que tenemos sobre turismo masivo en Canarias”.

Una vez aprobada la Agenda 2030 canaria, ¿cuál debe ser la fiscalización de las acciones y quién debe ejercerla: la sociedad civil en su conjunto, agentes concretos, los gobiernos para poder sancionar…? ¿Habrá medición de los objetivos cumplidos y asesoramiento continuo en las iniciativas a seguir? ¿Y el papel de la formación y la educación de base?

La participación ciudadana es un elemento clave en el proceso de elaboración de la ACDS, fase en la que nos encontramos actualmente. Pero también lo será en el proceso de dinamización de la Agenda, que deberá ser sometida a una revisión continua. Se trata, en definitiva, de un documento vivo que debe aceptar la inclusión de aportaciones nuevas. Para ello, resulta igualmente fundamental arbitrar adecuados mecanismos y protocolos de revisión, así como disponer de un cuadro solvente de indicadores para poder evaluar el grado de consecución de los objetivos marcados. Desde la Dirección General de Investigación y Coordinación del Desarrollo Sostenible estamos trabajando también en esos aspectos, que formarán parte del plan de acción de la futura ACDS. 

¿Qué debe pesar más, la concienciación y educación ecológicas o lo punitivo? El coronavirus parece demostrar que, a veces, algunos solo atienden a las multas…

Existe abundante evidencia de todo tipo sobre el papel crucial que desempeñan las instituciones en los logros de las sociedades y el comportamiento de éstas y de los individuos que las integran. Las instituciones son un elemento clave para entender los vínculos que se establecen entre los sistemas sociales y los sistemas ecológicos que aquellos utilizan. Y una de las lecciones destacadas de estos análisis es que las instituciones formales (que, por sintetizar mucho, podemos entender como leyes, reglamentaciones y reglas escritas) que no son supervisadas y/o no se vela por su cumplimiento son completamente ineficaces; no sirven para ahormar el comportamiento de la forma pretendida, fallan a la hora de modificar las conductas que afectan adversamente a los sistemas ecológicos o a las generadoras de desequilibrios sociales.

De igual forma, existe una abrumadora evidencia que apunta a que los trasplantes normativos, incluso cuando se articulan mecanismos de supervisión y sanción en caso de incumplimiento, tienden a generar rechazo y ser igualmente ineficaces si no se alienan adecuadamente con las instituciones informales: cultura, tradición, etcétera. Por este motivo, entiendo que lo de conseguir cambios permanentes y efectivos pasa necesariamente por políticas de concienciación, educación y capacitación. Sin duda, se trata de un ámbito de actuación más costoso y, sobre todo, que implica movernos en horizontes temporales más dilatados, pero, bien instrumentados, se consiguen cambios más duraderos, permanentes y eficaces, a la vez que se minimiza la necesidad de desarrollar enrevesados sistemas de normas y complejos y costosos mecanismos de supervisión y control.

¿Qué nos reprocharán los canarios de 2050 a los de 2020 si no hacemos desde ya las cosas de otra manera en atención a la sostenibilidad?

Sinceramente, no lo sé. Pero sí sé lo que yo he reprochado en el pasado y seguiré reprochando en el futuro: despreciar la abundante evidencia científica que apunta sin ambages a los numerosos retos sociales y ambientales que viene enfrentando el conjunto de la humanidad y, en particular, nuestra sociedad; que aquellas personas con la suficiente capacidad intelectual para entender la gravedad del momento actual se pongan de perfil e incluso ayuden a la construcción de relatos (ficticios) que edulcoren la realidad; que aquellas personas con capacidad política y de influencia para propiciar cambios sociales en la dirección que demanda el contexto actual se pongan de perfil o prefieran atrincherarse en la comodidad de la defensa del statu quo y el movimiento inercial. Lo que temo es dar pie a que en el futuro puedan someterme a esos mismos reproches.

¿Teme una Canarias con velocidades diferentes en lo sostenible entre las distintas islas a partir de 2030?

Temo una Canarias con marcadas diferencias en cuanto al grado de compromiso con la sostenibilidad. Soy de los que opinan que uno de los grandes aciertos de la Agenda 2030 de Naciones Unidas es que haya planteado objetivos y metas en términos globales. En primer lugar, por una cuestión de operatividad política: hubiese sido imposible contar con el respaldo de 193 países, con niveles de desarrollo muy dispares, si se hubiesen planteado metas más concretas, que quizá se ajustasen perfectamente a determinadas sociedades pero dejarían fuera a otras muchas. Segundo, porque Naciones Unidas, al plantear los objetivos en términos globales, lo que nos indica es que todos los países y regiones, todos los agentes y organizaciones, estamos llamados a contribuir a su consecución. Y que la mejor fórmula para ello es adaptar esos objetivos y metas a nuestra realidad concreta; esto es, todos estamos llamados a localizar la Agenda 2030. 

En el caso concreto del Gobierno de Canarias, este ejercicio de localización se traducirá en la futura ACDS y su correspondiente plan de acción. Este mismo ejercicio puede y debe realizarse a escala insular (liderado por cada cabildo) y municipal (liderado por cada ayuntamiento). Por lo tanto, cada región y cada agente deben adaptar la Agenda 2030 a sus particulares circunstancias y capacidades, sus objetivos y metas. Por este motivo, no creo que debamos ver con malos ojos la existencia de distintas estrategias u hojas de ruta, de diferentes velocidades. Lo que debería inquietarnos es la ausencia de compromisos claros en la consecución de esos objetivos y metas.