El Gobierno canario dice que ya no hay tiempo para tramitar una nueva Ley de Accesibilidad

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda, Cristina Valido, dio este jueves por hecho que no habrá una nueva ley de accesibilidad y supresión de barreras físicas y de comunicación en esta legislatura por falta de tiempo, pero se comprometió a dejar un borrador lo más avanzado posible para que este asunto sea abordado con premura en la próxima legislatura.

La vigente ley de accesibilidad es de 1995 y el Consejo para la promoción de la accesibilidad y la supresión de barreras, en el que participa la consejería, las corporaciones insulares y locales, asociaciones, colegios profesionales y agentes sociales, planteó la necesidad de hacer un nuevo texto, no reformar el actual.

La consejera, que compareció en comisión parlamentaria, indicó que en mayo pasado se facilitó al Consejo un primer borrador que servirá como documento de partida para la nueva ley, que será evaluado por los integrantes de este órgano, que se vuelve a reunir en noviembre.

En discusión está el plazo que se va a dar a administraciones y sector privado para cumplir los requisitos de accesibilidad que se fijen en la ley, así como la cuantía de las sanciones, que deben ser importantes para que todo el mundo se ocupe, y que esas multas reviertan en la financiación para la aplicación de la normativa.

La financiación de las medidas de accesibilidad es uno de los grandes problemas, según pusieron de manifiesto los representantes de los grupos políticos, algunos de los cuales destacaron que la ley vigente es incumplida por las propias administraciones por falta de fondos.

“El compromiso con el Consejo es dejar el trabajo lo más hecho posible y ellos se encargarán de que ese trabajo continúe; son conscientes de que no vamos a aprobar una nueva ley esta legislatura, pero han decidido empezar a trabajar en ello para tenerlo avanzado y resuelto en la próxima”, dijo Valido.

La diputada del PSOE Teresa Cruz coincidió en que la ley vigente está desactualizada, pero demandó que al menos debería ser cumplida, y por tanto es más prioritario dotarla de una financiación más generosa y de una mayor vigilancia en su aplicación.

“Lo que necesitan las personas es que las administraciones se tomen en serio la accesibilidad, porque 23 años después no tenemos desarrollada la ley vigente”, denunció la representante del PSOE, quien recordó que no existe un plan regional de accesibilidad.

Según Guadalupe González Taño, de CC, el problema de fondo es “la falta de conciencia” en las administraciones públicas y organismos privados: “hace falta dinero, pero lo primero que hace falta es un plan”, dijo.

La diputada del PP Josefa Luzardo, del PP, reconoció que no solo el Gobierno de Canarias, sino también el Parlamento, que es la institución que legisla, han sido incapaces de sacar adelante una nueva ley, así que confió en que al menos se deje un texto hecho para la próxima legislatura.

Francisco Déniz, de Podemos, reclamó a la consejera que incorpore fondos para el cumplimiento de la ley vigente, aunque sea pertinente modificarla, así como resolver las carencias de accesibilidad que hay en centros de salud y otras instalaciones públicas.

Melodie Mendoza, de ASG, recordó que el principal problema es que las administraciones locales no tienen capacidad financiera para hacer frente la adaptación de la normativa y necesitan el apoyo del Gobierno de Canarias.