El Gobierno central reconoce que no puede derribar las casas de Anaga
Los asentamientos de Almáciga, Tachero y Los Roques, en la costa norte de Tenerife, se sitúan fuera del Dominio Público Marítimo-Terrestre, cuya gestión recae en la Administración General del Estado, y se encuentran en la denominada zona de servidumbre, que gestiona la Comunidad Autónoma, por lo que el Ministerio de Medio Ambiente no puede derribar dichos asentamientos ni ha cuestionado su legalidad.
Lo único que ahora está en discusión es si las viviendas se encuentran dentro de la franja de la zona de protección, “lo cual no presupone que deban ser objeto de demolición, sino que de acuerdo con la Ley de Costas pueden mantenerse de forma indefinida y ser objeto de operaciones de mantenimiento y conservación para asegurar su adecuada habitabilidad, siempre que ello no implique ni aumento de volumen ni incremento de su valor a efectos expropiatorios”, precisa el Ministerio en un comunicado.
En todo caso, la autoridad competente en la gestión de la zona de protección es la Comunidad Autónoma de Canarias y no el Ministerio de Medio Ambiente, y por ello no es posible que por parte de la Dirección General de Costas puedan incoarse expedientes sancionadores que pudieran desembocar en la demolición de viviendas en estas zonas, sino que eso es algo que, en su caso, “sólo corresponde al órgano competente de la Comunidad Autónoma de Canarias”.
Deslinde marítimo
El deslinde en la zona, aprobado en septiembre de 2006 debe reflejar la zona de servidumbre de protección, que es la adyacente al dominio público. La anchura de la zona sobre la que recae la servidumbre legal para la protección de la costa no es discrecional sino que viene determinada por la Ley de Costas en función de la clasificación que el suelo tuviera en el momento de entrada en vigor de la Ley de Costas, es decir, el 20 de julio de 1988, de acuerdo con los instrumentos urbanísticos vigentes en aquel momento.
Según los datos aportados por la autoridad urbanística, el instrumento normativo en vigor en aquel momento no clasificaba como urbanos los suelos de estos asentamientos, y por esa razón, en principio, las viviendas están afectadas por las limitaciones de la zona de protección.
Los vecinos, en legítima defensa de sus intereses, lo que pretenden es liberarse de esta servidumbre, aunque sus propiedades y viviendas no estén en cuestión, recalca el Ministerio de Medio Ambiente.
Asentamientos urbanos
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, defendió este miércoles la resolución de la Comunidad Autónoma de fijar la línea de servidumbre de los asentamientos de Almáciga, Tachero y Los Roques, en Tenerife, en 20 metros, e insistió en que dichos núcleos estaban declarados como urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas en 1988.
Domingo Berriel, que hizo así referencia al comunicado del Ministerio de Medio Ambiente hecho público en el que afirma que no derribará dichos asentamientos al estar fuera del dominio público marítimo terrestre, consideró que el Ministerio nunca ha tenido la intención de demoler las viviendas porque no existe marco legal para ello.
Pese a que el Ministerio de Medio Ambiente sostiene que el instrumento normativo en vigor, antes de la Ley de Costas, “no clasificaba” como urbanos los suelos en esos asentamientos, Berriel aseguró lo contrario. “El Gobierno de Canarias ha trasladado al Ministerio, por activa y por pasiva, que esos suelos tenían la características de urbanos antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas de 1988”, recalcó.
En declaraciones realizadas momentos antes de la toma de posesión de Miguel Ángel Pulido, como nuevo viceconsejero de Ordenación Territorial, Domingo Berriel aseveró que en el planeamiento realizado por el Gobierno de Canarias en esos espacios se establece el carácter urbano de los mismos y marca la línea de servidumbre en 20 metros.
“La Consejería ha puesto a disposición de la Dirección General de Costas toda la documentación en la que ha basado su resolución”, aseguró Berriel, quien entiende que el departamento estatal no está de acuerdo con la línea de servidumbre marcada por el Ejecutivo canario y deduce que podría acudir a la vía del contencioso administrativo para resolver la cuestión.
“Si Costas persiste en esa actitud será en exclusiva su responsabilidad”, enfatizó Berriel, que adelantó que el Gobierno de Canarias va a defender “la tesis de los vecinos, si es necesario en los tribunales, porque la resolución adoptada es acertada y ajustada a derecho”.
