El Gobierno canario destina 19,6 millones a los cabildos para contratar a casi 3.000 desempleados en 2009

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 (EUROPA PRESS)

El Servicio Canario de Empleo (SCE) concedió a los cabildos insulares 19,6 millones de euros para contratar a cerca de 3.000 personas desempleadas en 2009 para realizar obras y servicios de interés social y general.

Estas subvenciones, enmarcadas en el Plan Canarias Emplea, se distribuyeron en diferentes convocatorias y entre las que destacó la dirigida a personas desempleadas procedentes del sector de la construcción, el Plan de Medidas Urgentes Anticrisis para el Mantenimiento y Fomento del Empleo, así como la destinada a personas con discapacidad, inmigrantes y en exclusión social o riesgo de padecerla.

De esta forma, según informó el Gobierno canario en nota de prensa, el SCE ha querido “facilitar”, a través de este tipo de ayudas, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo, la contratación de colectivos desempleados con “especiales dificultades” para su inserción laboral e impulsar la actividad en los sectores del ámbito local en los que se detectan nuevas necesidades.

Por ello, este tipo de obras y servicios a desarrollar en los diferentes proyectos están orientados a los nuevos yacimientos de empleo, tales como el de los servicios personalizados de carácter cotidiano, los servicios de utilidad colectiva, de ocio, cultura y turismo, de promoción del medio ambiente o de recuperación del patrimonio histórico, entre otros.

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23 años de cárcel

En Canarias Ahora podemos atestiguar que el Lawfare existe. Lo vivimos de cerca entre 2015 y 2022 cuando informamos con todo detalle de cómo el exministro José Manuel Soria (PP) y el exjuez Salvador Alba conspiraron para acabar con la carrera política y profesional de la magistrada Victoria Rosell (Podemos). Y lo volvemos a vivir ahora con el intento de Alba de vengarse en la persona del director de nuestro periódico, Carlos Sosa, tras haber sido descubierto, juzgado y condenado a los tres delitos más graves que puede cometer un juez (cohecho, prevaricación y falsedad en documento judicial) a seis años y medio de prisión y 18 de inhabilitación.

Con la ayuda de una jueza de Madrid que ha desoído incluso al Ministerio Fiscal, Alba ha conseguido que Carlos Sosa se siente en el banquillo para responder a una petición de 23 años de prisión y a una indemnización de 422.500 euros simplemente por haber informado con todo rigor de sus delitos y de sus trapisondas para eludir la acción de la justicia.

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A modo de ejemplo, han contado con las ayudas del SCE proyectos como el de mejora y mantenimiento de miradores en Tenerife, fomento del empleo y desarrollo local en Gran Canaria, redes para la solidaridad en Lanzarote, programas deportivos en Fuerteventura, mejora de las infraestructuras agroturísticas en La Palma o de reforestación en El Hierro.

Las ayudas del SCE a los cabildos dan cumplimiento a varios de los acuerdos recogidos en el Pacto Social por la Economía y el Empleo, tales como la adopción de una estrategia de colaboración o de “trabajo en forma de red” desde la perspectiva de la relación entre el empleo y el territorio, así como la atención preferente a los colectivos con “mayores dificultades” para obtener un puesto de trabajo.

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